Este año ha sido particularmente intenso para la protección y asistencia consular de los mexicanos en Estados Unidos. El aumento de las detenciones migratorias ha demandado un esfuerzo mayor por parte de abogados, organizaciones y consulados.
En adición a los temas propiamente migratorios derivados de los arrestos, hemos visto operativos o “redadas” en espacios públicos y privados que han desencadenado confrontaciones entre agentes migratorios, detenidos, testigos y activistas. Estos incidentes a veces tienen una intensidad comparable a otros en donde agentes de policía acaban siendo llevados a juicio.
Pero entonces, si vemos policías en proceso penal o civil por sus aparentes abusos de poder ¿por qué no hemos visto juicios similares contra los agentes de ICE que han, incluso, agraviado a ciudadanos estadounidenses? La respuesta corta es: por la falta de una ley que los haga responsables.
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Una de las fuentes del derecho estadounidense es la ley, pero las Cortes tienen mucha capacidad para interpretar, restringir o extender sus alcances.
En el tema de la protección de los derechos civiles, la normatividad federal estadounidense (42 U.S. Code § 1983) establece que todo individuo puede demandar a funcionarios que hayan violado sus derechos constitucionales actuando bajo la autoridad otorgada por leyes estatales. Pero, la autoridad migratoria (y otras como el FBI, DEA, etc) no actúa bajo el mandato de las leyes estatales, sino de las federales. Enorme diferencia.
En 1961 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en el caso Monroe vs. Pape, confirmó que unos policías de Chicago podían ser llevados a juicio por abuso de autoridad a título personal. Sin embargo, dos años más tarde, en el caso Wheeldin vs. Wheeler, la Suprema Corte decidió que ese mismo criterio no aplicaba para agentes federales porque no había un ordenamiento legal que expresamente lo permitiera, precisamente aquello de que la ley solamente permite demandar por este tipo de abusos a autoridades estatales.
No obstante, en 1971 se dio un caso que parecía cambiarlo todo: Bivens vs. Six Unknown Named Agents. El demandante, Webster Bivens, exigió compensación por parte de seis agentes (cuyos nombres incluso ignoraba inicialmente) quienes sin una orden judicial o justificación legal alguna, habían entrado a su casa, revisado todo y a él lo habían detenido. La Corte Suprema dijo que, aunque no había una ley expresa para ello, si una agente federal violentaba los derechos civiles de una persona, tendría que enfrentar consecuencias por sus actos, incluyendo la reparación del daño causado.
Sin embargo, casos posteriores fueron limitando ese criterio judicial hasta reducirlo a una mínima expresión Entonces, al no haber una ley que permita estas demandas, las opciones restantes son muy limitadas, pasan por filtros administrativos, plazos reducidos y otros obstáculos.
En el expediente judicial Ziglar vs. Abbasi, los quejosos eran un grupo de extranjeros que presumiblemente habían sido detenidos y luego sujetos a abusos de autoridad a raíz de su identidad racial, origen nacional y creencias religiosas, todo esto, en el contexto de las investigaciones sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La Corte determinó que este caso ya era muy diferente al de Webster Bivens, por lo que no se podía extender tanto un criterio judicial que no tenía sustento en una ley. Además, la Corte consideró que en este incidente entraban ya elementos de política exterior y seguridad nacional, mismos que no eran competencia del poder judicial sino del ejecutivo, y fijaron un criterio reducido para poder demandar a agentes federales por sus actos.
De la misma manera fue abordado el caso Hernandez vs. Mesa, tristemente recordado por muchos en la SRE. En 2010, Sergio Adrián Hernández Güereca, mexicano de 15 años, fue muerto a balazos por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El agente estaba del lado estadounidense y el menor se encontraba del lado mexicano. Nunca cruzó. A pesar de ello, la Corte determinó nuevamente que el antecedente del caso Bivens ya no aplicaba a éste, y otra vez, que el incidente involucraba elementos de política exterior y seguridad nacional que le correspondían al Poder Ejecutivo, y no al Judicial, por lo que determinó la improcedencia de la demanda contra ese agente de migración.
Luego vimos en 2022 el caso Egbert vs. Boule. En esta historia, Robert Boule, ciudadano estadounidense, demandó por abuso de autoridad a un agente de la Patrulla Fronteriza que entró a su hotel en la frontera con Canadá para investigar a un huésped, pero, arrojando a Boule al suelo y cometiendo otros agravios posteriores. La Corte confirmó su criterio de que el antecedente de Bivens ya no aplica, que hay temas de seguridad nacional involucrados, y que le corresponde al Congreso y no al poder Judicial la creación de normatividad que permita sancionar civilmente a los agentes federales por sus actos.
Algunos de los antecedentes mencionados (hay muchos más) tienen semejanza con los incidentes que vemos actualmente involucrando agentes de ICE en Los Ángeles, Chicago y otros lugares. No es coincidencia que escuchemos a funcionarios del gobierno federal estadounidense invocando temas de seguridad nacional como contexto de los operativos migratorios. No es solamente un mensaje político sino una base legal para la protección de sus agentes.
A veces en los Consulados no queda de otra sino explicar, con el apoyo de los expertos legales, por qué a veces un abuso de autoridad se puede llevar a juicio y por qué a veces no. La tarea no es sencilla, ni en lo técnico ni en lo humano. No queda de otra más que estar siempre pendiente de los casos, de las leyes y las cortes.