Pocas personas pueden dudar que México, entre las naciones del mundo, enfrenta uno de los mayores desafíos. Es considerado el tercer país más inseguro del mundo, solo antecedido por Myanmar y Siria que tienen conflictos armados, según la organización Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) los niveles de inseguridad y violencia que se viven cotidianamente se deben a una suerte de “guerra civil entre cárteles”. En torno a esta lucha encarnizada por el control de territorios y actividades lucrativas que libran las organizaciones criminales, hay cifras de muertes, desapariciones, extorsión, despojo, control de territorios y una necropolítica que impone su ley de violencia y crueldad sobre poblaciones en regiones enteras. El gobierno de la presidenta Sheinbaum subraya que han caído 37% los homicidios dolosos en los primeros 13 meses de su administración, al pasar de un promedio de 86.9 diarios en septiembre de 2024, a 54.5 en octubre de 2025 y se han detenido a casi 35 mil criminales. Esto ciertamente indica que hay un cambio de estrategia, respecto a los “abrazos en lugar de balazos” de la administración anterior, pero esto todavía resulta insuficiente ante el desafío que implica la presencia del crimen organizado en cuando menos tres tercios del territorio nacional, con un control considerable de cuando menos un tercio de este territorio (Índice de Paz, 2022).
Las operaciones e infiltración del crimen organizado en el territorio nacional son diversas según regiones. Su historia comienza en las primeras décadas del siglo XX (años 30s) aunque la hemos visto transformarse, extender y diversificar sus actividades en los últimos cuarenta años. Sobre todo, del año 2000 en adelante en que ha pasado del cultivo y tráfico de estupefacientes a casi veinte actividades lucrativas criminales.
Así, de una presencia histórica, acotada al cultivo y tráfico de estupefacientes, muy normalizada por la población y con bajos niveles de violencia en Sinaloa, Guerrero y Michoacán, Jalisco entre 1940 a los años ochenta, pasamos en 2006 -con el inicio de la guerra contra el narco declarada por Calderón en diciembre de 2006, aunque en realidad era la guerra a favor de un cártel contra los otros, según sabemos hoy- a una disputa por el control territorial que ha incluido el apoderamiento de vastas actividades económicas, infiltración de cuerpos policiales, gobiernos municipales, complicidades políticas, etc. sin descontar una significativa violencia simbólica que ha sembrado terror en poblaciones y entidades que históricamente habían vivido lejos de este flagelo.
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La presencia intimidante de las organizaciones criminales ha emergido de manera imparable en los últimos veinte años en entidades como Veracruz, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Sonora, Nuevo León, Chiapas, Tabasco. En cada una de estas entidades con una historia y modo particular, aunque con condiciones o factores de emergencia compartidos. Entre estos factores se pueden identificar: 1) la debilidad de las instituciones locales, por la percepción generalizada de colusión o incapacidad de las autoridades estatales y municipales para controlar las operaciones y proveer seguridad a la ciudadanía, generando un vacío de poder y autoridad aprovechado por las organizaciones criminales para imponer su ley y controlar el territorio. Un rasgo que comparten en diverso grado las entidades donde el crimen organizado tiene presencia o dominio, es la infiltración de autoridades y gobiernos, en niveles que van de parcial a profundo. 2) Aprovechamiento de vulnerabilidades: la presencia del crimen organizado se ha beneficiado de la pobreza, el hambre o la migración de las entidades que han afectado a las comunidades locales desde la década de 1990, pero también ha echado mano del ardid, presentándose ante la población como alternativa económica de empleo y mejoramiento local, o como protectores frente a otros grupos (como Los Zetas, el CJNG)), como lo hicieron en Michoacán, en Guerrero y en Chiapas, ganando cierto grado de tolerancia o apoyo forzado de algunas comunidades, lo que les ha permitido enraizarse antes de que sus verdaderas intenciones de control total, extorsión, reclutamiento etc. se hicieran evidentes. 3) Para algunos segmentos del empresariado o algunos productores, el crimen organizado ofrece una oportunidad rápida de enriquecimiento, pero los costos globales sobre la economía y la distorsión de los mercados, termina por arruinar las oportunidades económicas, además de establecer una gubernamentalidad necrófica que destruye todo el orden social. 4) Ventajas geográficas y logísticas: cercanía de puertos, costas, fronteras, control de rutas de tráfico, ventajas, disputas territoriales. 5) Violencia simbólica, terror y miedo. El uso de la violencia extrema y pública es una herramienta clave para someter a la población y a las autoridades locales.
De todos los factores señalados el más estratégico es la infiltración de las autoridades y gobiernos debido a la colusión o complicidad de estas con las organizaciones criminales. Merced a esto, el crimen organizado socava las instituciones, extiende la corrupción y desafía el monopolio legítimo de la fuerza del Estado, provocando la erosión del Estado de Derecho y la gobernanza legítima, imponiendo la gobernanza criminal y control social por parte de estas organizaciones.
La actividad criminal distorsiona los patrones económicos, desincentiva la inversión legítima (local y extranjera), aumenta los costos de transacción para las empresas legales y debilita la gobernanza y el estado de derecho. Esto genera un entorno donde las empresas más pequeñas y vulnerables sufren, mientras que el capital ilícito, a menudo protegido por la corrupción y la violencia, gana terreno. Al apoderarse de territorios, los grupos criminales imponen sus propias "normas" y "leyes", actuando como un Estado paralelo. Esto puede incluir la imposición de toques de queda, la resolución de disputas locales e incluso el suministro de ciertos "servicios sociales" básicos (a menudo mediante "altruismo dirigido" para ganar legitimidad social) ante la ausencia del Estado, lo que les otorga control social y reduce la resistencia local.
En resumen, la inserción territorial del crimen organizado es un modelo de economía política que busca la acumulación de capital y poder mediante la coerción, la explotación de la informalidad y la infiltración del Estado. El desafío que tiene nuestro país para recobrar la seguridad y la soberanía del Estado no es solo una tarea del gobierno federal y la presidenta Sheinbaum. No solo es problema de Morena. Es problema de todas las fuerzas políticas, porque todas están infiltradas y tienen complicidades; es también un problema de las organizaciones empresariales que deben informar y prevenir a sus asociados de los riesgos que corren sus empresas. Expulsar del tejido social a las organizaciones criminales requiere sumarnos todos a favor de un México incluyente, seguro, libre y democrático. No puede haber aquí ganancia de pescadores.