México ha entrado en una espiral de conflictos derivados de la disputa por los recursos públicos. La tensión institucional aumenta cada vez que se proponen y ejecutan medidas para mantener y aumentar los ingresos y la recaudación fiscal; y la presión social crece y se desborda en las manifestaciones y bloqueos, para exigir mayores apoyos económicos y la reorientación del gasto público.
La celeridad y eficacia con la que se aprobó el paquete económico, no coincide con la capacidad de la administración para armonizar la participación de los actores públicos y privados en las decisiones de ingreso-gasto, para mantener el orden y para resolver los conflictos de manera legítima y eficiente.
Ocupados en las demandas y necesidades cotidianas, gobierno y contribuyentes han postergado y rehúyen el debate sobre la necesidad de una reforma hacendaria. Es claro que los recursos son insuficientes y que hacen falta reglas claras, equitativas y transparentes para el ejercicio del gasto público; no asumir estas realidades, es dejar a la deriva a las instituciones y a los ciudadanos ante las más diversas pretensiones, legítimas o ilegítimas, de una sociedad angustiada.
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Aunque en 2024, los ingresos tributarios superaron la meta de la Ley de Ingresos de la Federación, estamos por debajo del promedio de recaudación de América Latina y lejos de los niveles de los países de la OCDE. Con cifras consolidadas, México alcanza el 17.7% con relación al PIB, cuando el promedio de la región es de 21.3% y el de los países desarrollados con ingresos medios es del 33.9%. Estas cifras comprometen nuestra capacidad para financiar servicios públicos, inversión social y el desarrollo económico.
En el frente institucional, los ministros de la SCJN, pertrechados en el interés nacional, han ejercido con mayor frecuencia la facultad discrecional de atracción sobre grandes casos y sobre asuntos menores que, habiendo sido resueltos en contra de la administración federal en tribunales de circuito, representan un mayor ingreso para la hacienda pública. Este comportamiento distorsiona y debilita el federalismo hacendario y expone al máximo tribunal a funcionar como ventanilla de recaudación.
En el frente social, los trabajadores agrícolas, enardecidos por la falta de apoyos ante la distorsión de los precios internacionales de los granos, realizaron bloqueos a las vías de comunicación. En los últimos días, múltiples demandas se han sumado a estas manifestaciones, incluyendo las de mayor seguridad para el transporte de carga. Ante esto, la Secretaría de Gobernación ha señalado injerencias indebidas de fuerzas políticas y activistas profesionales y ha endurecido la posición del gobierno contra estas manifestaciones.
Independientemente de quien tenga la razón en los litigios y manifestaciones en curso, las medidas asumidas por las autoridades y por algunos grupos radicales, evidencian el agotamiento de los mecanismos de concertación social y político.
Más allá de colores y posiciones ideológicas, más vale asumir la necesidad de un nuevo entendimiento social, económico y político.
La descalificación a priori en las controversias, la falta de diálogo, la corrupción y los intentos de imposición del orden –al que todos aspiramos– por la sola fuerza de la autoridad, debilitan a la democracia y al estado de derecho como el espacio donde la fuerza de la razón debe prevalecer sobre la razón de la fuerza.