La implementación de la reforma al Poder Judicial, ha motivado todo tipo de señalamientos y descalificaciones entre quienes la objetaron por considerar que es un atentado a la división de poderes, y quienes la alaban como la panacea para alcanzar el estado de justicia que México necesita.
Al día de hoy, más que una observación seria sobre los efectos inmediatos y las adecuaciones de lo improcedente en la aplicación de la reforma, lo que predomina son las notas de color sobre el perfil o el desempeño de los nuevos juzgadores y sus primeras actuaciones, incluidas la primeras renuncias y las aberraciones de quienes confunden las salas judiciales con sets de imagen o puestos para la venta de productos comerciales.
Consumada la reforma, su impacto se debe medir por la contribución a la recuperación del estado de derecho. Si no se acredita un avance sustantivo en la impartición de justicia, medido por la eficacia de los eslabones del sistema judicial y por la confianza de los ciudadanos, la reforma será retardataria a la principal demanda de la sociedad.
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En los últimos años, México ha venido descendiendo en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), entidad que evalúa a 140 países y que, en su última publicación, con datos al 2024, ubica a nuestro país en el lugar 113 a nivel mundial; y en el lugar 19 de 32 países en América Latina. El seguimiento a este índice será, sin duda, un indicador de referencia.
Para dimensionar el alcance de esta medición, hay que considerar los ocho factores que conforman este índice: limitación al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, respeto a los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Como se puede advertir, el desafío es enorme, por lo que la exigencia ciudadana e institucional al desempeño de los nuevos juzgadores debe ser oportuna y absoluta. Tan solo el rezago judicial federal, medido por el número de expedientes en proceso alcanza los 600 mil expedientes, de los cuales, de julio a agosto pasados, se incrementaron en más de 20 mil. A abril de este año, el total de casos sin resolver en juzgados y tribunales colegiados federales era de 1,098,943. Se estima que, de no resolver al menos 128 mil casos mensuales, aumentaría la magnitud del rezago.
Este reto cuantitativo enfrenta limitaciones internas y externas al Poder Judicial que condicionan el avance esperado. Al interior, existe desorganización y falta de claridad en la asignación de responsabilidades, así como falta de presupuesto y de capacitación a los neo jueces para acortar la curva de aprendizaje.
Al exterior, el desdibujamiento de los contrapesos al poder, los intentos de injerencia de quienes pretender cobrar apoyos políticos a los nuevos juzgadores para influir en sus decisiones, así como la corrupción imperante, denunciada en diversos procesos en curso, no solo condiciona, sino que expone el propósito de la justicia enunciado en la reforma. A menos que la intención de sus promotores sea otra.
El bien y la viabilidad del país, esperado con ansia por los justiciables y los inversionistas, exige garantizar la vigencia del estado de derecho. Conviene que sea pronto, pues no hay que olvidar que justicia retardada es justicia negada.