México simula estar construyendo el “segundo piso” de una transformación política y económica. Pero, cuando se revisan los números y no sólo los discursos, ese edificio es más bien una fachada sostenida por falsas promesas, no por políticas públicas reales.
El aumento del salario mínimo —la bandera social del sexenio anterior y de este— ha servido para ocultar algo más profundo: el país se aproxima a su crisis presupuestal más seria en casi dos décadas.
Sí: el salario crece por encima de la inflación. Pero un salario alto con servicios en ruinas, sin regulación laboral efectiva y sin inversión pública real es solo un espejismo. El bienestar no se sostiene con incrementos nominales, sino con un Estado capaz de financiarlo a la par.
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Y ese Estado, hoy, está quebrándose.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), México cerrará 2025 con un déficit fiscal de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto para un primer año de gobierno desde 2006. No es casualidad: cuando la política pública se convierte en plataforma electoral permanente —programas sociales sin evaluación, gasto corriente inflado, inversiones opacas—, el déficit deja de ser una herramienta anticíclica y se vuelve un problema estructural.
A este agujero se suma otro igual de grave: la deuda. El gobierno que juró no incrementarla la elevó hasta 51% del PIB, 8.3 puntos por encima del primer año de López Obrador (43.3%) y muy por arriba del 47.2% que dejó el PRI en 2016. México ya supera el promedio de lo que gestionarán el resto de economías emergentes (44.8%del PIB).
Y si continúa la llamada “austeridad” —que existe más en el discurso que en la contabilidad— la deuda podría llegar al 54% del PIB en los próximos años.
El problema de fondo es sencillo de explicar pero políticamente incómodo: México no recauda lo suficiente. No hay una reforma fiscal progresiva, no hay ampliación seria de ingresos, no hay combate frontal a los privilegios fiscales reales. Mientras tanto, seguimos anclados a una recaudación estancada en torno al 24% del PIB, prácticamente igual a la de 2017, el último año del “neoliberalismo priista”.
Es necesario que se intensifiquen los esfuerzos para que la deuda pública inicie una trayectoria descendente, el gobierno cuenta con los elementos necesarios para ello, sólo es necesario que se actúe ahora que es momento.
De lo contrario, el resultado es un país que gasta mucho en transferencias directas con fines electorales, pero recauda poco para sostener derechos. Si esta tendencia continúa, los aumentos al salario mínimo dejarán de ser símbolo de ascenso social y se convertirán en una caricatura: sueldos más altos que deben pagarse en un país con servicios precarizados, recortes silenciosos, variaciones inflacionarias y un Estado financieramente exhausto.
El “milagro salarial” no puede sobrevivir a un país que se hunde fiscalmente.
Y ese es el punto que nadie quiere decir en voz alta: la crisis presupuestal no es una posibilidad lejana, ya ha comenzado.