En un artículo anterior, comentaba las dificultades legales existentes en Estados Unidos para que una persona pueda demandar civilmente a agentes federales (ICE, FBI, DEA, etc.) por violaciones a sus derechos humanos. En el presente texto, pretendo abordar lo que pareciera ser el otro lado de la moneda: la novedosa dificultad del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) para procesar penalmente a ciertas personas quienes habrían cometido algún delito en contra de funcionarios del gobierno.
Esto ha estado ocurriendo principalmente en Washington, DC, sede del gobierno federal, en medio de una controversia social y política por la decisión del presidente Trump de canalizar fuerzas federales a la ciudad para combatir la inseguridad.
Derivado de este despliegue, hubo un aumento significativo en los arrestos y casos presentados ante las cortes locales. Washington es una ciudad con autonomía suficiente para que sus residentes elijan al alcalde, pero dependen del gobierno federal para temas legislativos y judiciales. Es por ello que la Fiscalía Federal, perteneciente al DoJ, es la parte acusadora en la mayoría de estos casos.
Te podría interesar
En Washington, y en todo el país, cuando un fiscal federal quiere enjuiciar a una persona por un delito grave (felonías), por mandato constitucional debe primero exponer el caso ante un Gran Jurado. Este Jurado es un grupo de ciudadanos convocados a reunirse periódicamente a escuchar las razones del fiscal para querer enjuiciar a alguien y emitir la autorización para ello. Este jurado es previo y distinto a aquel que vemos en los juicios decidiendo finalmente si alguien es culpable o no del delito que se le acusa.
El procedimiento ha sido visto tradicionalmente como un requisito burocrático ya que los integrantes del Gran Jurado escuchan solamente la versión de los fiscales, se puede hacer mención a “evidencias” que no serían admisibles en juicio, la fiscalía no tiene que convencer al Jurado más allá de la duda razonable, y basta que 12 de sus 23 integrantes estén de acuerdo para que se autorice el proceso contra el acusado. Si se suman los registros históricos de este procedimiento, el número de casos rechazados por el Gran Jurado no alcanza un punto porcentual. Por otro lado, los delitos menores “misdemeanor” pueden ser presentados directamente por el fiscal ante la Corte sin pasar por esta etapa.
Sin embargo, en Washington la Fiscalía Federal ha tenido un número mayor de casos rechazados por un Gran Jurado en un par de meses, que la suma de todos los casos rechazados por años en el resto del país. Van algunos ejemplos:
En julio de este año, Sidney Lori Reid se encontraba afuera de una cárcel en Washington filmando a agentes de ICE realizando detenciones. Un agente de ICE y una del FBI decidieron arrestarla por considerar que estaba interfiriendo con el operativo. Aparentemente Sidney puso resistencia y fue acusada de agresión a agente federal (felonía) ante un Gran Jurado. La respuesta del Gran Jurado fue que no autorizaba el juicio. Ante la sorpresa, la Fiscalía presentó nuevamente la acusación, pero otra vez recibió un ”no”. Lo intentó por tercera vez pero la respuesta fue la misma. Esto no tenía precedentes. La Fiscalía tuvo que bajar de rango el caso para poder procesarla penalmente, aunque fuera por algo menor. El 16 de octubre el jurado del juicio emitió su veredicto: “no culpable”.
En otro asunto, durante el mes de agosto de este año, Alvin Summers fue detenido por la Guardia Nacional acusado de golpear a una agente federal (entre otros delitos) después de intentar ingresar con su carro a la zona de los monumentos en Washington. El caso fue presentado al Gran Jurado para su aprobación de la acusación penal, pero, la respuesta fue igual a la del caso anterior, es decir, que no se autorizaba el juicio.
En el mismo mes de agosto, Nathalie Rose Jones fue arrestada por publicar en Facebook amenazas contra la vida del presidente estadounidense. Su caso fue presentado al Gran Jurado. Sin embargo, la respuesta fue una negativa del Jurado a la Fiscalía para procesar a la señora. Ya en ese momento parecía un patrón. Por si quedaban dudas, un par de días después el Gran Jurado también negó a la Fiscalía procesar a Edward Dana por amenazas al Presidente, cometidas el día que Dana era arrestado por haber causado daños en un restaurante. Con la negativa, la Fiscalía solamente pudo enjuiciarlo por los daños ocasionados.
Pero el caso más significativo es indudablemente el de Sean Charles Dunn. Este personaje estaba en la calle expresando su inconformidad por un operativo de agentes migratorios en Washington. En un determinado momento, Sean es captado en video arrojando un sándwich a uno de los agentes. El sándwich rebotó en el equipo antimotines del oficial. De todos modos, se llevó a cabo una persecución para arrestarlo. El Gran Jurado negó a la Fiscalía procesar penalmente a Sean por el delito grave de agresión a un oficial federal. La decisión causó impacto. La Fiscalía tuvo también en este caso que reducir la acusación original a un delito menor (interferir con la labor de un agente) para poder llevarlo a juicio. La exposición de agravios de la Fiscalía no convenció al jurado del juicio y el 6 de noviembre el acusado fue declarado “no culpable”.
Tradicionalmente, se sigue con atención ciertas regiones de Estados Unidos para ir construyendo la imagen de las distintas expresiones políticas y sociales en ese país. Chicago, California, Texas, Nueva York son nuestros puntos de observación más frecuentes. Es posible que en Washington estemos viendo un fenómeno nuevo e interesante. En Los Ángeles ya también se registraron estos fenómenos judiciales. Habría que estar atentos para identificar si ocurren en otros lados, y si estos son una expresión social, o tienen una naturaleza política.
Una manera de entender una sociedad es la observación de sus controversias legales y las decisiones que surgen a partir de ellas.