Las negociaciones para renovar el tratado de libre comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá en el 2026 enfrentan el escenario geopolítico más complejo que hemos tenido desde su inauguración, en la década de los 90 en el siglo pasado. Esa complejidad proviene, no tanto del gobierno y las empresas de Canadá, sino de una serie de posiciones cambiantes, en ocasiones encontradas, en varios temas cruciales entre los congresistas de los EU, las empresas americanas y la Casa Blanca.
A medida que Washington se prepara para la revisión del tratado comercial, el Congreso empieza a mostrar con claridad cuáles serán sus líneas rojas, especialmente en capítulos cruciales en la actualidad como el de comercio digital. Aunque la negociación formal corresponde a la Casa Blanca por medio de la Oficina del Representante Comercial (USTR), todo indica que los congresistas estarán muy activos para delimitar el margen de maniobra del ejecutivo. Y lo harán desde posiciones heterogéneas pero ya reconocibles.
Por un lado, un bloque influyente de legisladores republicanos —junto con demócratas moderados vinculados a estados con fuerte presencia tecnológica— seguramente defenderán sin matices la necesidad de proteger los flujos transfronterizos de datos y de prohibir cualquier requisito de localización de servidores o entrega de código fuente. Su narrativa es clara: si Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en innovación, el TMEC debe blindar a las empresas tecnológicas frente a nuevas reglas nacionales o regionales que introduzcan lo que consideran “barreras digitales”.
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En el extremo contrario, un grupo cada vez más vocal de demócratas progresistas alerta de los riesgos de reproducir en el tratado cláusulas que podrían limitar la capacidad de los gobiernos —incluido el estadounidense— de regular a las grandes plataformas en temas como privacidad, competencia, algoritmos y responsabilidad por contenidos. Su preocupación central es que, bajo el argumento del libre comercio digital, se consoliden protecciones excesivas para el Big Tech que terminen bloqueando o debilitando iniciativas legislativas domésticas sobre protección de datos, regulación de inteligencia artificial o mayor supervisión algorítmica. Para este grupo, cualquier actualización del TMEC debe abrir espacio para salvaguardas regulatorias, no reducirlo.
En el centro del espectro político existe, además, un consenso bipartidista menos ideológico pero políticamente significativo: el reclamo de mayor transparencia hacia la Casa Blanca y hacia la oficina del representante comercial. Tanto republicanos como demócratas han criticado negociaciones comerciales “opacas” en el pasado y advierten que no avalarán un proceso que avance sin consulta efectiva al Congreso. Este bloque no se alinea necesariamente con la industria tecnológica ni con los reguladores progresistas, pero sí coincide en exigir que cualquier cambio al capítulo digital se negocie con plena supervisión legislativa.
La influencia que los congresistas tienen en los EU ha quedado demostrada en muchísimas ocasiones, por lo que, a pesar de que la Casa Blanca lidera la mesa trilateral, ésta tendrá que negociar su margen de acción con algunos comités clave como el de Ways & Means en la Cámara de Representantes y el de Finance en el Senado. En temas como el de las salvaguardas para la privacidad o la regulación de la inteligencia artificial, las fronteras de lo alcanzable se tendrán que negociar principalmente con la industria tecnológica y los republicanos protecnología. Por el otro lado, las presiones de los congresistas con posiciones menos conservadoras se mantendrán para tratar de evitar que las poderosas empresas tecnológicas capturen a los gobiernos y sus agencias regulatorias.
Los escenarios en los que se dan este tipo de negociaciones suelen ser bastante complejos, pues el número de actores y de intereses particulares es muy grande. Sin embargo, en esta ocasión la complejidad del escenario aumenta porque no hay señales claras sobre los posicionamientos que el gobierno de los EU irá poniendo sobre las mesas de negociación. Dichos posicionamientos pueden traer sorpresas que cambien el rumbo y los alcances de negociaciones específicas, lo cual obligará a México y Canadá a reaccionar casuísticamente y sobre la marcha. Por ello es importante que México defina a priori y de la mejor manera posible su estrategia general y sus estrategias sectoriales de negociación, las cuales deberán incluir la posibilidad de enfrentar escenarios sorpresa.