Recientemente trascendió que el Comité Olímpico Internacional considera prohibir la participación de mujeres trans en deportes olímpicos, lo que reactivó el debate sobre los derechos de las mujeres cisgénero frente a los de las mujeres trans.
Este debate no es nuevo. En varios países, casos mediáticos de mujeres trans compitiendo —y ganando— en categorías femeninas han generado controversia. Por ello, la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) de Estados Unidos de América prohibió hace un par de años la participación de mujeres trans en sus competencias femeninas. Los activistas anti-trans alegan que buscan proteger a las mujeres biológicas, mientras que los defensores de los derechos trans insisten en el derecho a competir en entornos seguros.
Durante años, se ha argumentado que las diferencias fisiológicas entre sexos afectan el rendimiento deportivo. La NAIA afirmó recientemente que “el deporte incluye fuerza, velocidad y resistencia, lo que otorga ventajas competitivas a los atletas masculinos”, y que permitir la participación de mujeres trans podría comprometer la equidad y seguridad en ciertas disciplinas.
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Sin embargo, la evidencia científica sobre las supuestas ventajas físicas de las mujeres trans sigue siendo inconclusa. Aunque el deporte suele asociarse con lo físico, no todas las disciplinas responden igual. Por eso, es necesario adoptar una mirada sociológica. Las categorías por sexo surgieron para garantizar entornos seguros y fomentar el desarrollo justo de las capacidades femeninas. En años recientes, las demandas se han ampliado hacia la equidad en trato, recursos y oportunidades, no porque las mujeres deban igualar a los hombres, sino porque tienen derecho a la dignidad en el deporte.
Hasta ahora, la participación de mujeres trans en el deporte olímpico había dependido de cada Federación Internacional. Muchas habían adoptado políticas inclusivas que permiten competir bajo condiciones médicas y hormonales, como haber completado la transición, no recibir tratamientos que otorguen ventajas físicas y mantener niveles de testosterona bajos durante al menos 12 meses. Estas medidas buscaban equilibrar la equidad competitiva con el respeto a la identidad de las atletas trans.
En honor a la verdad, este debate no se ha dado exclusivamente en el plano científico, sino en un contexto de polarización política entre liberales y conservadores, donde ideologías se disfrazan de argumentos sobre derechos. La agenda de inclusión ha sido disruptiva, cuestionando estructuras tradicionales y fuentes de poder; y en respuesta, la retórica anti-trans se ha convertido en una campaña conservadora que busca recuperar influencia en las políticas deportivas, y el negocio alrededor de eventos deportivos de alto interés económico.
El deporte, en su esencia más profunda, no es sólo una arena de competencia, sino un espacio de transformación humana. Para las personas trans, representa mucho más que una disciplina física; es un refugio de identidad, una plataforma de reconocimiento y una vía para construir comunidad. Negarles ese derecho es perpetuar exclusiones que contradicen los valores que el deporte dice defender. Si realmente creemos que el deporte puede hacernos mejores seres humanos, entonces debemos garantizar que todas las personas —sin excepción— puedan participar en condiciones de equidad, seguridad y dignidad. No se trata de ajustar cuerpos a reglas, sino de ajustar las reglas a los principios que hacen del deporte un motor de justicia social.