La tragedia de Uruapan, Michoacán, donde el alcalde Carlos Manzo fue asesinado por un sicario adolescente, ha generado una fuerte indignación en todo México. Parece ser el estoque final para el mito del Municipio Libre al mostrar, con toda crudeza, su fragilidad institucional ante la penuria financiera, el cáncer del crimen organizado y el abandono del Estado.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado el domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye acciones en seguridad, desarrollo y bienestar con una inversión de más de 57 mil millones de pesos y el despliegue de más de 12 mil elementos en la entidad para contener la violencia en esa entidad. Aunque ha sido una acción inmediata y contundente, se observa como una medida emergente de la federación para dar una respuesta al malestar ciudadano por el asesinato del alcalde de Uruapan.
Sin embargo, hay por lo menos mil 488 municipios víctimas del crimen organizado en diversas regiones de México, según un reporte de la consultora AC Consultores, divulgado a mediados de 2023. Desde la frontera norte hasta la frontera sur y lo mismo en la zona costera del Pacífico como en el Golfo de México, hay ciudades y pueblos donde los cárteles disputan el territorio, generando violencia y desintegración de comunidades.
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En los últimos cinco sexenios, indican los datos de la Asociación Nacional de Alcaldes y Ciudadanos Observando, han sido asesinados 94 presidentes municipales, aunque según un recuento realizado por El Universal, se estima que cada dos meses y medio ha sido asesinado un alcalde en los últimos 25 años, es decir, han sido ultimados 119 presidentes municipales en funciones y electos.
Cuatro alcaldes fueron asesinados durante el gobierno de Vicente Fox (PAN), 24 con Felipe Calderón (PAN), 39 en la administración de Enrique Peña Nieto (PRI), 17 con Andrés Manuel López Obrador (Morena) y 10 en el primer año de Claudia Sheinbaum (Morena).
Ser presidente municipal en México se ha vuelto un cargo político de altísimo riesgo. Aunque parece ser el primer escalón en las aspiraciones de cualquier joven político, en el pasado proceso electoral hubo al menos 7 mil 420 candidatos y suplentes que renunciaron por temor a las amenazas de grupos criminales.
Es triste reconocerlo pero la autonomía del Municipio Libre, formalmente establecida en el artículo 115 Constitucional, ha sido un mito fallido ya que el gobierno de esta institución jurídica-administrativa, base de la organización política de México, ha pasado de ser un botín y trampolín político para convertirse en el centro de la disputa territorial del crimen organizado.
De esta manera, la violencia se ha sumado a la penuria financiera de los municipios, ya evidente a mediados del siglo pasado como lo advirtió el sociólogo Pablo González Casanova en su libro sobre la democracia mexicana.
El gobierno local –de la propia comunidad– que tanto admiró Tocqueville en los Estados Unidos de su tiempo, y que consideraba como el pilar de la vida democrática –señalaba González Casanova-, pasó en sus características ideales a nuestras constituciones. La existencia formal de municipios libres corresponde sin embargo, a una realidad política en que el municipio depende del gobierno estatal y vive una penuria financiera que reduce al mínimo sus funciones públicas.
Durante los últimos 25 años, se ha transformado el rostro de los gobiernos municipales que se convirtieron en la cabeza de playa para terminar con la hegemonía del PRI. Los viejos caciques de antaño, los líderes improvisados o herederos de las dinastías priístas locales, fueron reemplazados por jóvenes políticos surgidos de diversos partidos con estudios universitarios, experiencia administrativa e incluso posgrados en gestión pública.
Una reforma clave fue la de 1983, que fortaleció las facultades de los municipios sobre sus ingresos y administración tributaria; la paridad de género avanzó incluso en ayuntamientos indígenas; la reelección abrió nuevas oportunidades de continuidad y los mecanismos de transparencia multiplicaron los controles sobre su gestión, pero la transición del país a la democracia a partir de la década de 1990 se convirtió en un calvario para los alcaldes y alcaldezas.
“Anteriormente, los grupos criminales cumplían en gran parte con los dictados informales del Estado central. Pero –de acuerdo con un análisis de International Crisis Group- la competencia electoral y la aparición de autoridades federales, estatales y municipales dirigidas por fuerzas políticas rivales crearon incentivos para que los grupos ilegales concentraran su potencial de violencia en los niveles más vulnerables del Estado”.
El poder municipal, según la ONG Data Cívica, es “el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado” y casi el 80 por ciento de las víctimas de violencia político-criminal en México se concentran en este nivel. Proliferan las denuncias de complicidad entre funcionarios, fuerzas de seguridad y grupos criminales.
La presencia de grupos del crimen organizado se ha detectado, según algunas estimaciones periodísticas, en por lo menos mil 488 municipios, el 60% del total de ayuntamientos que hay en el país. Ante esto, el gobierno federal debería replantear no sólo el modelo de seguridad sino promover una reforma municipal. No se trata solo de enviar más militares, sino de reconstruir las capacidades locales: fortalecer las policías municipales, diversificar la recaudación, y crear mecanismos de apoyo técnico y de protección para los alcaldes.