En México, defender la gobernabilidad se ha vuelto casi un acto de resistencia. Cada vez que el Estado titubea frente a la violencia y el orden público, no sólo se erosiona la paz: se debilitan nuestras instituciones.
La violencia que vivimos no distingue uniformes ni trincheras. Un ejemplo claro es lo ocurrido el 2 de octubre, durante la manifestación que conmemora los hechos de 1968. En la Ciudad de México más de 99 policías, ciudadanos y periodistas fueron golpeados, agredidos, incluso quemados con fuego, esto refleja el grado de descomposición social que enfrentamos, en donde los generadores de violencia gozaron de impunidad.
Ante una estrategia de contención del Estado, pareciera que el gobierno abdicó en garantizar la seguridad de sus propios elementos, arrebatándoles sus propios derechos inherentes a todo ser humano. Un Estado que no protege a quienes lo defienden, se condena a su propia vulnerabilidad y se debilita ante fuerzas que aprovechan esa indefinición para inseminar violencia, inestabilidad y anarquía en la sociedad.
Te podría interesar
Las y los policías de la Ciudad de México no pueden ser usados como valla humana o carne de cañón; son servidores públicos que arriesgan la vida para preservar el orden y la paz pública, que permiten a la ciudadanía ejercer sus derechos. Su integridad no puede estar sujeta al cálculo político ni al miedo a ser criticados por hacer su trabajo. Cuidar a quienes nos cuidan es un principio básico de justicia institucional.
Por eso, es fundamental que el Congreso haya respaldado mi propuesta para crear mecanismos que fortalezcan la preservación del orden público y la paz, así como para que la Fiscalía General de Justicia integre carpetas de investigación contra los agresores. La impunidad es el combustible del caos y, sin sanciones claras, puede ser el arma política de verdaderas tragedias para quienes la impunidad es una tentadora oportunidad para implantar inestabilidad y debilitar al Estado y a sus instituciones.
Esto lamentablemente ya ha sucedido en Municipios y estados de la república, donde el narcotráfico y el crimen organizado poseen más fuerza que el gobierno, e instauran un régimen de violencia y terror que les permite gozar de impunidad y que constituyen las características de un Estado fallido, donde no hay leyes, gobernabilidad, ni orden. Inclusive en estos territorios han existido propuestas de desaparecer los poderes para restituir el orden constitucional.
No hay democracia sin orden, ni derechos sin responsabilidad. Gobernar implica poner límites y hacerlos cumplir con legalidad, no con miedo para imponer la ley frente a los generadores de violencia. La estabilidad social no surge del silencio ni de la complacencia, sino del respeto a las instituciones y de la protección a quienes garantizan nuestra seguridad.
El desorden: es la antesala de la ingobernabilidad. Cuando la ley se desdibuja, cuando la violencia se normaliza y el gobierno se vuelve espectador, el costo lo pagamos y sufrimos todos. El miedo se convierte en impunidad y en desconfianza. Por ello fortalecer las condiciones de gobernabilidad no es una tarea técnica ni burocrática; es una responsabilidad moral con el país y con su gente. La paz no se improvisa, se construye con instituciones firmes, justicia efectiva y liderazgo con carácter.
Quienes hoy están al frente del gobierno, deben asumir esta tarea con responsabilidad, con decisiones y compromiso traducido en acciones.