Desde hace muchos años, defendiendo a trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad, lidio con los jueces de distrito en materia de amparo. La mayoría parece tener la consigna de desechar todos los amparos que se les presenten. Constantemente debo interponer un recurso de revisión para que los Tribunales Colegiados les ordenen que se pongan a trabajar. Cuando me enojo con alguna persona le digo que parece juez de distrito porque pone obstáculos para todo y, claro, me dejan de hablar.
Hace tiempo creía en el juicio de amparo, y ahora estoy decepcionado por su lentitud. Me acuerdo con frecuencia de mi abuela María Luisa cuando me decía que a veces le resultaba peor la medicina que la enfermedad que padecía. Así son hoy los juicios de amparo.
Cuando me quejo ante un juez de amparo de que mi juicio ante una autoridad laboral lleva 6 meses sin moverse, la respuesta ¡tarda el doble! Y, cuando lo resuelven, hace tiempo que se solucionó mi reclamo. Mis amigos de la vecindad que está frente a mi oficina de la colonia Doctores, con muestras de asombro y enojo a la vez, levantando los hombros, dicen: ¡ya para qué!
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He visto con tristeza que el amparo ha servido más a los grupos financieros, a los adinerados, a los del bastón de oro, que a los del barrio bajo. Si no es por la prolongación del tiempo es por los artilugios (mejor dicho, trampas) de las leyes que, en la mayoría de los casos, les dan la razón. Al final, el amparo, que nació como un instrumento de defensa del pueblo, termina siendo un escudo para obstruir la justicia.
Cuando tuve conocimiento de que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía una iniciativa para reformar la ley de amparo vi, en medios electrónicos, que estallaron críticas por doquier. Que sería la negación del amparo, que era una manera de fortalecer una dictadura y no sé cuántas cosas más. Cuando tuve en mis manos el primer borrador de la iniciativa me percaté de que tenía propuestas que protegían más a las autoridades violadoras de derechos que instrumentos para ponerlas en orden.
Se señalaba que en casos de imposibilidad jurídica o material no se sancionaría a la autoridad violadora de derechos, a esa que los abogados le llaman autoridad responsable. Además, en caso de imponerse una multa, esta se aplicaría a la institución y no al funcionario que propiciara la violación. Ese tipo de disposiciones debilitan la eficacia del juicio de amparo, y agrava más la crisis que se vive en esos juicios.
Para mi sorpresa, recibí una invitación para escuchar opiniones sobre la iniciativa en borrador que ya circulaba el pasado 22 de septiembre. Llegué a Palacio Nacional convocado por la Consejería Jurídica, y me encontré en los pasillos a juristas de diversos ámbitos y a legisladores de la Cámara de Diputados y Senadores. La reunión se realizó en un salón amplio en el que había unas 50 personas, la cual presidía la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, acompañada de Arturo Zaldívar y el Consejero Adjunto Raúl Jiménez.
Yo iba cargado con un costal de críticas, entregué un documento de análisis y propuestas. Pude intervenir de viva voz junto con otros juristas que compartían diversas preocupaciones. Pude escuchar a legisladores bien informados que hacían sugerencias para mejorar la iniciativa.
Pude presenciar a una Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, sensible y preocupada de que la iniciativa fuera eficaz y acabara con los vicios de años que los grandes consorcios han usado para evadir responsabilidades.
Salí de ahí con la esperanza de que, si el diálogo continúa, aún es posible construir un amparo más justo y verdaderamente accesible para quienes más lo necesitan.
Apenas terminó la semana en que fuimos convocados pude saber que la iniciativa caminaba con velocidad, así que imaginé que nuestras preocupaciones no habían sido consideradas. Sin embargo, al conocer el dictamen último que se discute, me percaté que sí habían sido atendidas. Fue un buen primer paso, pero queda claro que el reto no está sólo en escuchar, sino en incorporar lo escuchado.
Después se dio la discusión de la retroactividad del transitorio que también fue corregida, lo que demuestra apertura a las críticas, algo que es necesario reconocer.
Hace falta mirar el andamiaje que quedó tras la reforma judicial, con muchos agujeros, hacinamiento y falta de presupuesto en lugares estratégicos que deben resolverse. De nada sirve una reforma con ambición de lujo si la operación cotidiana de los amparos se desarrolla en lugares pantanosos.
De otros avatares
Estoy revisando el proyecto de presupuesto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral comparado entre el periodo 2024, 2025 y el proyectado para 2026, y se observa un fuerte descenso del -38.5% real, evidenciando una profunda política de restricción presupuestaria.
Esta decisión que se decide desde los altos niveles hacendarios afecta el ingreso y el apoyo de los operadores de la reforma laboral en aspectos de conciliaciones obrero-patronales, expedición de constancias de representatividad, registros sindicales, de contratos colectivos, tomas de nota, y la supervisión de consultas de trabajadores en sus revisiones de contrato colectivo.
¿A quién le importa la reforma laboral?