El proceso de registro de nuevos partidos políticos nacionales en México para el período 2025-2026, regulado por la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que permitiría que hubiera nuevos contendientes que participaran en las elecciones de junio 2027 sin derecho a coaligarse, ha avanzado de manera lenta y selectiva hasta los primeros días de octubre de 2025. Iniciado formalmente en enero de 2025 con la notificación de 89 organizaciones aspirantes, el trámite exige cumplir requisitos estrictos para garantizar representatividad: celebrar al menos 20 asambleas en 20 entidades federativas, con 3000 afiliados participantes por asamblea, o 200 asambleas en 200 distritos electorales, con 300 concurrentes por distrito. Además, cada postulante debe obtener 256030 afiliaciones válidas (0.26% del Padrón Electoral Federal). Las afiliaciones se registran vía listas de asistencia a asambleas, app móvil o régimen de excepción, sujetas a validación con el padrón electoral para evitar duplicidades o irregularidades.
Hasta la fecha, de las 82 organizaciones autorizadas inicialmente, tras descartar siete por incumplimientos, solo unas pocas muestran algún progreso significativo. Informes recientes indican que solo dos organizaciones están en la recta final: Somos México, derivado de la "Marea Rosa" y que presenta avances en asambleas distritales, y el nuevo PES, que en tercera vuelta busca recuperar las estructuras que dejara el extinto Partido Encuentro Social, con ocho asambleas celebradas y esfuerzos en conseguir afiliaciones.
En cuanto a este aspecto de las afiliaciones logradas, las derivadas de asambleas han sido limitadas, estimadas en menos de 50 mil personas, basadas en quórum mínimos y con énfasis en la verificación para evitar fraudes. Obstáculos comunes a todos los pretendientes: baja participación ciudadana, recursos limitados para organizaciones pequeñas y escrutinio del INE por irregularidades en afiliaciones.
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En resumen, el avance en lograr el cumplimiento de las condiciones para aspirar al registro es lento: de 82 aspirantes, solo dos parecen actualmente viables. El proceso culmina en marzo de 2026 con la resolución del INE respecto al otorgamiento o no de registro a cada organización que lo haya pretendido y cuente con datos que hagan factible su registro.
El proceso para que una organización ciudadana se convierta en partido político nacional en México es uno de los más exigentes de América, diseñado para asegurar representatividad y evitar la fragmentación excesiva del sistema electoral. El trámite iniciado en enero de 2025 ha evidenciado barreras estructurales que han reducido drásticamente las aspiraciones iniciales de las organizaciones que pretendían el registro de un nuevo partido.
Entre estas barreras se encuentran los elevados requisitos en cantidad de asambleas y afiliaciones por lograr; las limitaciones para disponer de suficientes recursos económicos y logísticos para cumplir los requisitos establecidos; el estricto escrutinio que realiza el INE de las afiliaciones y el financiamiento; y la indiferencia ciudadana ante el proceso de búsqueda de registro para nuevos partidos, entre los principales obstáculos.
En resumen, estos factores —cuantitativos, logísticos, regulatorios y sociales— hacen el proceso altamente selectivo. Esto, si bien fortalece la estabilidad, arriesga la exclusión de voces nuevas que pudieran alimentar un debate libre y variado en la democracia mexicana. Las normas establecidas actualmente limitan la viabilidad de aspirantes sin pericia legal, favoreciendo a remanentes de partidos extinguidos.
El proceso actual para registrar un nuevo partido político en México enfrenta el desafío de equilibrar la apertura democrática con la prevención de una excesiva fragmentación del voto, que diluiría la gobernabilidad en un sistema ya polarizado. ¿Cómo buscar resolver esta antinomia?
En primer lugar, se podría reducir el umbral de afiliaciones requeridas de 256 mil (0.26% del padrón) a 150 mil (0.12%), y aceptar una combinación híbrida de asambleas, lo que bajaría a los aspirantes la carga logística sin eliminar el requisito de representatividad nacional; se podría generar un mecanismo de financiamiento escalable a las organizaciones conforme su cumplimiento en la realización de asambleas exitosas, sujeto a una auditoría estricta del INE; y se podría permitir que organizaciones con un mínimo de asambleas válidas se coaliguen antes del registro, sumando afiliaciones y asambleas para alcanzar el umbral, con un máximo de tres pretendientes por coalición. Estas serían algunas entre otras opciones que facilitaría nuevos registros sin que ello derive en una fragmentación excesiva.
Con una reforma de esta naturaleza el sistema podría ganar diversidad sin sacrificar gobernabilidad. Pero esto no está en la agenda de la futura reforma electoral y en todo caso habrá que esperarse a la década próxima para darle viabilidad a una propuesta como esta.