El debate sobre el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas que contempla la miscelánea fiscal 2026 no debe reducirse a una discusión meramente recaudatoria. Se trata de una medida profundamente ligada a la salud pública y al derecho fundamental de los mexicanos a vivir con dignidad, libres de enfermedades prevenibles que hoy amenazan nuestro futuro como sociedad.
México ocupa los primeros lugares mundiales en obesidad y diabetes. Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, y la diabetes se ha convertido en una de las principales causas de muerte, discapacidad y gasto sanitario. Las bebidas azucaradas —refrescos, jugos procesados, aguas saborizadas— son responsables de una proporción alarmante de este problema: aportan calorías vacías, sin valor nutricional, pero con alto impacto en el metabolismo y en la salud.
El aumento del IEPS actúa, entonces, como un mecanismo correctivo. La evidencia internacional es clara: cuando se encarece el consumo de productos dañinos, la demanda disminuye. Países como Chile o Reino Unido han comprobado que gravar con fuerza las bebidas azucaradas reduce su consumo y orienta a la población hacia opciones más saludables.
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El IEPS no castiga al consumidor; protege al ciudadano. Se busca desincentivar un hábito que, si bien está normalizado culturalmente, tiene consecuencias devastadoras. Cada peso que se recauda por este impuesto puede destinarse al fortalecimiento del sistema de salud, a programas de prevención, a garantizar agua potable en escuelas y comunidades, y a campañas educativas que promuevan un cambio de hábitos.
Invertir en salud preventiva es mucho más eficiente que gastar después en atención de enfermedades crónicas. Un litro menos de refresco consumido hoy significa menos gasto en insulina, menos amputaciones, menos muertes prematuras mañana.
El Estado mexicano tiene el deber constitucional de garantizar el derecho a la salud. Frente al poder económico de las grandes refresqueras y su publicidad agresiva, corresponde al gobierno regular y proteger a la población, en particular a los niños, quienes son los consumidores más vulnerables.
El IEPS a las bebidas azucaradas debe entenderse como parte de una estrategia más amplia de salud pública, que incluye educación nutricional, promoción del deporte y fortalecimiento del sistema de atención primaria.
Lejos de ser una carga, este impuesto es una inversión social. Se trata de salvar vidas, de liberar al sistema de salud de presiones insostenibles y de construir una cultura distinta, en la que la salud de los mexicanos esté por encima de los intereses de las corporaciones.
El aumento al IEPS a las bebidas con azúcar no es una ocurrencia fiscal: es un acto de responsabilidad histórica con las generaciones presentes y futuras. México no puede seguir hipotecando su salud a cambio de refrescos baratos.