El “plan de contención” del gobierno mexicano frente a la política de deportación masiva planteada por el presidente Donald Trump revela la improvisación y augura una crisis mucho mayor.
Se estima que existen 4.9 millones de migrantes mexicanos no autorizados en Estados Unidos. Ante este panorama, la respuesta de la administración de Morena a la que podría ser la deportación más grande de connacionales que hayamos tenido que enfrentar, ha sido el anuncio de un "plan" que incluye un apoyo económico de dos mil pesos para que los migrantes puedan regresar a sus lugares de residencia en México, la incorporación a los programas sociales y al IMSS.
Sin embargo, las medidas anunciadas por el gobierno mexicano carecen de un verdadero sustento, particularmente si las comparamos con la realidad de las necesidades y las cifras disponibles.
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Más de la mitad de los programas sociales de Morena no benefician a la mayoría de los migrantes que podrían regresar. De los 13 programas sociales que existen, dos están dirigidos a personas adultas mayores, y seis están enfocados en jóvenes y estudiantes en edad escolar. Se estima que 65% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos que podrían ser deportados tienen entre 30 y 55 años. Es decir, la mayoría de ellos no calificaría para los programas sociales que, según el gobierno, serían la clave para su reincorporación a la vida económica de México.
A este panorama se le suma la alarmante situación del mercado laboral en nuestro país. Tan solo en los últimos dos meses de 2024 se perdieron 405 mil empleos formales, la peor baja desde 1997, en contraste, el número de nuevos empleos formales sumados en el año fue de apenas 213 mil, menos de la mitad de los empleos perdidos lo que plantea una pregunta crucial: si el gobierno mexicano no ha podido garantizar oportunidades laborales para los mexicanos que ya viven en el país, ¿cómo planea ofrecer empleos a los miles de deportados que están en edad productiva y, por lo tanto, necesitan trabajo para sostener a sus familias?
Por si fuera poco, la promesa de una incorporación inmediata al IMSS sería de mero trámite, pues en las últimas semanas, hemos sido testigos del colapso de los servicios médicos, que han tenido que cancelar cirugías por la falta de insumos y recursos. Además, el desabasto de medicamentos persiste. Con estos antecedentes, resulta difícil imaginar que el gobierno mexicano pueda ofrecer atención médica digna y oportuna a los posibles deportados, especialmente cuando ya existen limitaciones en la cobertura para la población nacional.
Aunque es incierto que el gobierno de Donald Trump pueda llevar a cabo un plan de deportación masiva de los 4.9 millones de mexicanos no autorizados en Estados Unidos, lo que sí es claro es que México no está preparado para recibirlos. Las oportunidades laborales son escasas, los programas sociales no están diseñados para una población mayoritaria de deportados y el sistema de salud está colapsado.
En lugar de crear un "plan" improvisado, el gobierno mexicano debería estar trabajando en soluciones estructurales que permitan a los migrantes regresar a un país con las herramientas necesarias para reintegrarse en la economía y a la sociedad de manera digna. De lo contrario, no solo seremos testigos de una crisis migratoria, sino también de una crisis social y económica.