Hace algunos días, se desató un debate: una mujer, estadounidense, publica contenido tras contenido sobre su nueva vida en México. Paisajes idílicos, colores vibrantes, comida deliciosa, personas divertidísimas, y un largo etcétera de videos con filtro y frases motivacionales, entre ellos, algunos donde explica a otros deseosos estadounidenses cómo mudarse a México, donde todo es “baratísimo” y no hace falta aprender el idioma, y los tips para obtener de forma super fácil una visa de “nómada digital” (ella es coach holístico, lo que eso signifique). Varias personas le dicen que ella y su contenido están sumando a un problema ya importante de gentrificación de la ciudad y que la gentrificación por parte de estadounidenses –y otras personas del norte global– está muy enlazada al colonialismo. Ella contesta que es imposible que sea gentrificadora o que replique dinámicas colonialistas, porque, si no nos hemos dado cuenta, es una mujer afroamericana, y las mujeres negras son, estrictamente, población indígena de todos los lugares, por provenir de “los primeros humanos”.
Aunque ese argumento en específico no tiene mucho sentido, hubo otros que recibieron más o menor impulso. Si las personas negras en Estados Unidos son expulsadas de sus barrios, ¿eso les exime de ser señalados por hacer lo mismo en los países del sur global?, ¿es más importante la nacionalidad, el estatus económico o la racialización, a la hora de determinar quién puede ser señalado de ahondar la gentrificación? Es más, seguramente aún para muchas personas, el debate sigue siendo el mismo concepto de gentrificación.
El término gentrificación lo acuñó la socióloga Ruth Glass a mediados de los 60s para referirse al proceso por el que los barrios obreros de Londres eran adquiridos a precios bajos y remodelados por la clase media, desplazando a quienes vivían ahí. En los 90s, Neil Smith verbaliza el aspecto de clase al referirse a la gentrificación como “la reconstrucción clasista del paisaje del centro urbano”, expulsando a la clase más pobre para sustituirla por la clase media alta. En años más recientes, se ha estudiado el fenómeno como parte de un proceso por el cual las clases altas buscan moverse a los centros urbanos, atraídos por las facilidades de servicios y consumos, convirtiendo las viviendas también en productos de consumo que pasan a ser inaccesibles para gran cantidad de la población. El turismo masivo y la especulación inmobiliaria son otros aspectos de este nuevo modelo de consumo.
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Hay quien opina, incluso ahora, que la gentrificación es beneficiosa, pues “mejora” la estética urbana, contribuye a la mejora de infraestructura o al aumento de la recaudación fiscal; y por lo tanto, que la oposición a la gentrificación es simplemente resistencia al cambio o “resentimiento social”.
Sin embargo, como dice la doctora Maridalia Rodríguez Padilla, de la Cátedra UNESCO de vivienda de la Universidad Rovira Virgili, la expulsión de la población más vulnerable hacia el extrarradio de las ciudades y la sustitución de las clases sociales es de forma profunda, un fenómeno negativo.
La gentrificación, con sus subidas estratosféricas de precio de alquiler y compra inmobiliaria, o la desaparición de comercios de proximidad, no es resultado únicamente de algunos –o muchos– extranjeros y nacionales que llegan a los nuevos desarrollos inmobiliarios del Centro Histórico, Santa María la Ribera o la Colonia Doctores, es sobretodo resultado de políticas públicas y programas de los gobiernos federales y locales que incentivan proyectos de turistificación, como el programa Pueblos y Barrios Mágicos, o la falta de regulación inmobiliaria efectiva.
La expulsión de la población local borra la identidad de las comunidades, que pasa por un proceso de blanqueamiento para cumplir, por un lado con una estética “europeizada” o “agringada”, y por otro con la visión idealizada que la producción cultural dominante genera sobre los lugares. La gentrificación diluye el tejido social, generando más hipervigilancia pero menos seguridad.
¿Somos gentrificadores por querer vivir en un “mejor” lugar?
Migrar y gentrificar no van necesariamente de la mano. Los gobiernos pueden desarrollar políticas que impulsen y respeten los derechos humanos de las personas migrantes, y el establecimiento de leyes y normativas que garanticen las oportunidades de desarrollo de quienes migran hacia el país, y al mismo tiempo, defender el acceso igualitario al derecho a la vivienda y al entorno. Si bien el derecho a la ciudad es un concepto relativamente nuevo, tanto como la gentrificación, se han hecho importantes avances y compromisos respecto a entender los centros urbanos no solo como una serie de edificios, servicios y comercios de consumo, sino como la arena donde se construyen las relaciones sociales, políticas y económicas que conforman a la sociedad.
Entender las ciudades como derechos que garanticen la igualdad de género, la participación política, el tejido asociativo, bienes y servicios inclusivos y bienes públicos de calidad, permite mantener un equilibrio entre las zonas urbanas y rurales, así como construir economías sostenibles.
Normalizar la expulsión de los habitantes en aras de “progreso”, de “desarrollo”, de “plusvalía” implica la normalización de la violencia y la discriminación. Podemos exigir a nuestros gobiernos políticas que frenen el proceso de gentrificación, que aseguren el derecho de acceso a la vivienda; podemos elegir nuestros patrones de consumo, los espacios que ocupamos e impulsamos. Podemos decidir ser comunidad. Eso sí que es sanación holística.