En diciembre pasado, a propósito del Día de los Derechos Humanos, las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establecidas en el continente americano, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hicieron un llamado a los Estados de la región a cesar la criminalización de las personas que defienden derechos humanos.
Ambos organismos consideraron que esta práctica vulnera los derechos fundamentales de estas personas y socavan los principios de la democracia y el Estado de derecho, además de que tiene como propósito silenciar u obstruir la labor de defensa de los derechos humanos, y se ha vuelto, una práctica cada vez más recurrente en la región.
Para cerrar el 2024, en Guatemala, en su capital, las oficinas de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos, VIH y Pemar fueron allanadas durante las primeras horas del 31 de diciembre, extraviándose un tanque de gas, una televisión, una cafetera y múltiples documentos del área legal.
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Estos últimos correspondientes a un proceso que estaba llevando a cabo la Red en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las personas que viven con VIH en dicha nación.
Este proceso inició en agosto del año pasado, cuando se presentaron ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) varias denuncias: una en contra del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por la falta de aprobación del Plan Estratégico Nacional y la Política Pública de VIH; otra en contra del Ministerio de Gobernación, por la solicitud de pruebas de VIH como condicionante para ingresar u obtener un ascenso en la Policía Nacional Civil; una más contra el Ministerio de la Defensa porque siguen solicitando pruebas de VIH como requisito para ingreso a las fuerzas armadas, y la última, contra el Organismo Judicial porque siguen solicitando certificados médicos en donde conste que las personas no padecen enfermedades infectocontagiosas.
Después de la interposición de las denuncias, se presentó otra ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala, indicando que no se tenía respuesta del Procurador de Derechos Humanos, solicitándose la intervención de los diputados que integran dicho organismo.
Un mes después, en noviembre, se presentaron otras denuncias ante la PDH, a causa del reporte de vulneraciones de derechos de trabajadoras sexuales, en específico, las que recurrían a los Centros de Salud de Pajapita, San Marcos; Chiquimulilla, Santa Rosa y El Centro de Salud Número 2 de la Ciudad de Guatemala, donde sólo se les brinda una libreta de notas y no un carnet de citas médicas. Además de que, en la libreta, se les engrapan los resultados de sus pruebas de VIH, vulnerando su derecho a la confidencialidad.
Ante las denuncias, la respuesta de la PDH fue el envío de las mismas a un Ministerio Público, poniendo, sin su consentimiento, a la abogada de la Red como denunciante, cuando ella era la solicitante de una intervención de la PDH para la emisión de recomendaciones en materia de derechos humanos para quienes viven con VIH. Una situación que coloca a la defensora de derechos humanos en medio de un proceso penal, e inhabilitándola para poder desarrollar su trabajo mientras estas denuncias están siendo investigadas y procesadas.
Lo anterior, ha sido calificado como un acto de abuso de autoridad, debido a que se presentaron denuncias a nombre de alguien sin su consentimiento y la PDH no cumplió con sus funciones. Por lo tanto, se presentó una denuncia ante los hechos.
Sospechosamente, días después de haberse presentado la denuncia, fueron allanadas las instalaciones de la organización civil. En el video se escucha que quien ingresó, de forma forzada, a las oficinas, y estuvo dentro de ella alrededor de cuatro horas, habla con alguien en una conversación telefónica y dice que está buscando documentos; después le notifica que ya los tiene; en otro diálogo, menciona que hay cosas muy buenas para robar, pero que no lo hará porque tiene que cumplir con obtener para lo que fue contratado, y antes de salir, dice, para que se escuché bien, que va a regresar a terminar su tarea.
Ante la situación, la Red ha solicitado la pronta investigación del Ministerio Público y la coordinación del mismo con la Policía Nacional Civil para brindar protección a sus integrantes.
Además del apoyo internacional para poder visibilizar la situación, establecer redes de protección fuera de las fronteras guatemaltecas, y dar seguimiento a la Sentencia Cuscul Pivaral, en la que Guatemala fue declarada violadora de derechos humanos por parte de la CIDH, así como el registro por parte de la misma de los hechos a los que se ha enfrentado la Red.