Los mercados digitales irrumpen en nuestra vida cotidiana ¿Cuántas veces nos hemos conectado a una plataforma digital para ver una serie, escuchar música, comprar algún producto o solicitar algún servicio? Basta mirar la pantalla de nuestro celular para darnos cuenta de cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo.
El acceso a internet y la digitalización han trastocado todos los sectores, generando nuevas actividades económicas y mercados “no tradicionales”. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los mercados digitales son -en realidad- mercados de plataformas digitales. Esto es, aplicaciones a la que se accede a través de internet y que permiten la interacción en un entorno digital a diferentes grupos de usuarios y proveedores, amén del procesamiento de datos, dando lugar -en algunos casos- a mercados de múltiples lados.
Las plataformas tienen la posibilidad de utilizar y explotar intensivamente los datos de los usuarios para emprender estrategias que potencialmente -dependiendo del volumen y tipo de datos, metadatos e información-, podrían generar riesgos a la competencia económica; por lo que es importante conocer y delimitar sus alcances.
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Algunas de las principales características que imprimen y determinan cierto valor a los mercados digitales son: el número de usuarios; su cobertura geográfica; el beneficio generado a partir de la interacción de los distintos consumidores y proveedores en una sola plataforma; la cantidad de datos que recopila de sus usuarios y proveedores; y en algunos casos, los costos mínimos o cero para los consumidores.
La constante evolución de estos mercados impone grandes y nuevos retos a las autoridades de competencia alrededor del planeta ¿Es necesario poner límites? ¿De qué manera proteger a los usuarios y/o consumidores? ¿Los marcos normativos aplicables y los mecanismos de análisis son los adecuados? Las respuestas aún se debaten en todo el mundo.
En nuestro país existen dos organismos autónomos encargados de garantizar la competencia, investigar y castigar las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre competencia y concurrencia. Se trata del Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT), autoridad en materia de competencia exclusivamente para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y la Comisión Federal de Competencia (Cofece) para el resto de los sectores.
Aunque la Constitución y las leyes delimitan las facultades de cada organismo, lo cierto es que el análisis en la cadena de valor de estos mercados es un reto para ambos. La complejidad y transversalidad del acceso a la banda ancha e internet, así como de los productos y servicios que se ofrecen en los mercados digitales hacen cada vez más difusa la frontera entre estas instituciones encargadas de combatir y sancionar abusos por parte de las plataformas.
De hecho, algunos asuntos relacionados con concentraciones e investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas en los mercados digitales han suscitado conflictos competenciales que tuvieron que dirimirse en tribunales especializados. Tales son los casos de las concentraciones Nokia-Alcatel; AT&T-Time Warner; Uber-Cornershop; Discovery-Warner Media; y Hp-Poly. Además de otros dos asuntos relacionados con investigaciones sobre sistemas operativos móviles.
Es claro que el primer paso para despejar cualquier conflicto competencial es la coordinación y comunicación entre ambas instituciones. Los preceptos y resoluciones emitidas por los tribunales también dan luz sobre la participación que debe tener cada organismo en las investigaciones de estos mercados.
Además, es indispensable contar con reguladores sólidos y autónomos para investigar con mayor exhaustividad y rigor técnico estos mercados; la situación a nivel mundial así lo impone.
Por lo pronto, el IFT y la Cofece hemos establecido canales de comunicación para encontrar puntos de convergencia y coordinar acciones que permitan, por un lado, reducir el uso de arbitrajes judiciales y evitar dilaciones innecesarias; por el otro, establecer eficientemente condiciones para mitigar y eliminar potenciales riesgos en materia de competencia económica en los mercados digitales, teniendo siempre como objetivo principal el bienestar de los usuarios.