Hace apenas unos días, la oficina de transición de la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la estrategia de seguridad para los primeros 100 días del nuevo gobierno federal. Esta estrategia abarca de manera positiva muchas de las inquietudes que durante mucho tiempo han rondado las mesas de análisis en la materia. Se enfoca de manera directa en la disminución de la violencia, bajo la dirección de quien será el nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El nuevo modelo propuesto por el gobierno se divide en objetivos, estrategias, coordinación, fortalecimiento de investigación e inteligencia, y del SESNSP. En él, se destaca de manera inmediata la necesidad de reducir la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, que afectan grandes zonas de nuestra geografía, las cuales enfrentan cruentas disputas criminales en estados como Sinaloa, Sonora, Chiapas y Michoacán, entre otros.
Dentro de su estrategia, se advierte la neutralización de los generadores de violencia y sus redes criminales. Aunque las áreas de investigación e inteligencia conocen al dedillo los esfuerzos dirigidos a los grupos establecidos, parece propicio orientar los esfuerzos hacia quienes dan cauce a estos actos criminales y a los actores que los acompañan. Es un acierto también perseguir las economías criminales, como la inmigración ilegal, y en especial el fentanilo, que ha sido la causa de grandes desavenencias entre Estados Unidos y nuestro país. Esto no solo se debe a que es una de las causas que tienen sumergidos a los estadounidenses en una crisis de estupefacientes, sino también por los efectos que genera en nuestro país, entre ellos la disputa de territorios para el trasiego, con enormes consecuencias fatales.
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Es evidente que esta parte de la estrategia contará con el apoyo de diversas agencias de los Estados Unidos, al tener un objetivo común. Sin embargo, también debe existir cooperación en el tráfico de armas, ya que, según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), México es el mercado más grande de comercio ilegal de armas, con cerca del 71%, las cuales son vendidas en su mayoría a grupos delincuenciales. Este es un tema de gran atención.
Además, se resalta el apoyo y protección a los ciclos productivos que hoy son atacados por los grupos delincuenciales, como el limón y el aguacate. Algo novedoso en su apartado de coordinación integral es la propuesta de que los secretarios de Seguridad Pública sean aprobados por el Gabinete Nacional de Seguridad. Esto, en cierto sentido, permite que las instancias de inteligencia generen los insumos necesarios respecto a los propuestos, para darle certeza a su idoneidad.
Pero el mayor acierto está en la tan anhelada consolidación de un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) o una Comunidad de Inteligencia (CI), orientando los esfuerzos a los temas de seguridad. En todos los países del mundo, posteriores al 11 de septiembre, se alinearon estratégicamente los esfuerzos de cada una de las áreas dedicadas a estos menesteres, interrelacionándose con intereses comunes y una dirección unificada. En el caso de Estados Unidos, después del enorme fallo de inteligencia que significó la caída de las torres gemelas, se creó la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, quien, como superior jerárquico de todas las áreas relativas a la producción y desarrollo de productos de inteligencia, generó un liderazgo que hasta hoy ha promovido el diálogo y la conjunción de quienes llevan a cabo esta tarea.
Sin embargo, podría ser errónea la sugerencia de que todas las capacidades del Estado deberían centrarse exclusivamente en los trabajos de inteligencia criminal. Si bien la propuesta está orientada hacia la seguridad ciudadana y pública, Omar García Harfuch también tiene bajo su responsabilidad un área clave para la seguridad nacional, como lo es el Centro Nacional de Inteligencia. Es cierto que hoy se encuentra en un limbo jerárquico, pues la seguridad nacional doctrinalmente no puede ser albergada dentro de la seguridad pública. Por lo tanto, a través de una estrategia de seguridad integral, debería abarcar también las dimensiones de la seguridad nacional e interior.
El Estado mexicano no puede ni debe descuidar estas dimensiones, que son fundamentales ante las amenazas externas e internas que no encajan dentro de la seguridad pública, y que requieren además un monitoreo permanente y cuidadoso. Esto es especialmente importante ante la incertidumbre y las áreas de oportunidad que se presentan, como las elecciones en Estados Unidos, los conflictos bélicos en Ucrania e Israel, y el desacoplamiento comercial y económico entre China y Estados Unidos.
La otra cara de la moneda: Algunos analistas consideran que la violencia generada en Sinaloa por el conflicto entre la Chapiza y la Mayiza podría extenderse por un periodo que supere los 5 años, y hasta este momento parece que todos los grupos y demás carteles incluso se alinean a favor del “El Mayo Flaco”.
El PAN en el Senado de la república se queja de la propuesta que llevaría a formar parte de la SEDENA a la Guardia Nacional, que si bien existe una preocupación de ello, pero parece que su discurso no es del todo correcto, no sé si se les olvida que quien saco a los militares a las calles fueron ellos, y el país lleva más de tres sexenios, militarizado.