Consumada la reforma judicial y sin la menor claridad sobre su implementación, se viven días aciagos en la República. Los cambios a la constitución ponen el grave riesgo la división de poderes y el derecho de los justiciables, en especial, el de los más pobres.
Los vicios de procedimiento conforman un amplio catálogo de violaciones al debido proceso legislativo. Las impugnaciones por este motivo no se harán esperar, a pesar de la limitación que tienen los legisladores de oposición de ambas cámaras, al no alcanzar el 33% requerido para sustentarlas luego de la tramposa sobrerrepresentación que les otorgó el tribunal electoral y la traición de los senadores que cedieron a las presiones del régimen.
Los amparos presentados y las suspensiones concedidas, han sido ignoradas por el poder ejecutivo. La publicación de la reforma constitucional constituye, en sí mismo, un desacato, que parece no importar a quienes, arrogantes, se atribuyen el derecho de pasar por encima de las leyes vigentes, con la impunidad que les da el desprecio presidencial por la legalidad, el control de los tribunales y el peso de una mayoría espuria en el poder legislativo.
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La narrativa del gobierno pretende hacer creer que la reforma judicial es un mandato popular y que su aprobación va a mejorar la impartición de justicia para el pueblo. La propia presidenta electa ha considerado que la aprobación de la reforma “Es, quizá, uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en nuestro país”. Nada más falso.
Lo que no se ha dicho, es que las implicaciones de la reforma constitucional entrañan riesgos muy graves para el sistema democrático, para la impartición de justicia, la funcionalidad de los órganos jurisdiccionales y la violación a los derechos laborales de los trabajadores.
El atentado a la independencia del poder judicial politiza la justicia y nos acerca a la tiranía. El control del poder judicial elimina la división de poderes y los contrapesos constitucionales al ejercicio del poder, atributo esencial del sistema democrático.
La reforma ordena -en uno de los artículos transitorios- disponer discrecionalmente de los 17 mil millones de pesos que se encuentran en los 11 fideicomisos que ha conformado el poder judicial a lo largo de más de treinta años. Sin mayor explicación, los recursos deben ser radicados en la Secretaría de Hacienda y serán usados, supuestamente, para financiar la reforma o lo que está dependencia considere. Esto es un verdadero atraco judicial.
La precipitada entrada en vigencia de la reforma ha sumido en un verdadero caos al poder judicial, incluyendo la conformación de la corte, la radicación de facultades en el órgano disciplinario y las protestas activas de los trabajadores. Nadia acierta, con los riesgos que implica para los asuntos en curso, en lo que va a suceder. Las anunciadas leyes y reformas secundarias están indefinidas y requerirían de un tiempo razonable para su aplicación.
Así las cosas, las evidencias confirman que más que una reforma para garantizar el acceso a la justicia para toda la población, es una vendetta de fin de sexenio para cobrar las cuentas de supuestos agravios al poder ejecutivo; y una maniobra autoritaria para controlar al poder judicial y disponer de los recursos económicos que se encuentran en los fideicomisos judiciales.
Cuesta creer la incapacidad, irresponsabilidad e indolencia ante el daño que esta reforma traerá al país. Que la nación de los demande.