Representantes del Diálogo Nacional por la Paz, encabezados por los obispos mexicanos, hicieron un llamado a los representantes de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno para garantizar un gobierno para todos.
El desafío de la democracia -dijeron- “no es lograr mayorías… sino visibilizar y dar voz a las minorías políticas, sociales, religiosas y culturales… para alcanzar la gobernabilidad democrática a través del encuentro y el diálogo plural… y garantizar la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones del estado democrático de derecho”.
El llamado es por demás oportuno y apremiante ante los cambios que caracterizan la nueva realidad política, de manera destacada: el cambio de gobierno federal y en nueve estados de la República; la ilegal super mayoría del partido en el gobierno, otorgada ilegítimamente por el INE y ratificada por el Tribunal Electoral; y las reformas a la constitución, propuestas por el poder ejecutivo, que ahora se discuten precipitadamente en la cámara de Diputados.
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No hay que olvidar que la democracia se debilita cuando se entregan las decisiones del país a la voluntad de una sola persona, se eliminan los contrapesos democráticos, se impone la retórica ideológica y se instala el pensamiento único del grupo en el poder.
Más allá de los acomodos políticos, lo que realmente preocupa es la imposición de un cambio de régimen, caracterizado por el debilitamiento y la desaparición de instituciones democráticas, nuevas leyes y reglas para el ejercicio del poder público, la indiferencia ante la corrupción y las injusticias, el giro ideológico al socialismo populista y las pretensiones de un maximato en la Presidencia.
Por exultante y triunfalista que parezca el informe presidencial, nadie puede negar el dolor ante la violencia desbordada y la inseguridad, las cifras oficiales no dejan espacio para evadir la responsabilidad de una estrategia fallida. Por más disimulo que pretenda la publicidad gubernamental, la corrupción brota por todas partes y supera, con mucho, los escándalos del pasado. La realidad confirma la sentencia de los promotores del Diálogo por la Paz, “los índices de violencia son proporcionales a los índices de corrupción”.
El fin del sexenio se ha complicado debido a la presión del gobierno para aprobar, a marchas forzadas, las reformas constitucionales del presidente. Sin medir las consecuencias, han condicionado la agenda de la presidenta electa y la han obligado a asumir el costo de los cambios.
El gobierno electo dará inicio en medio del enrarecimiento del clima social y político, de fuertes presiones económicas y financieras; de la tensión en las relaciones internacionales y de las manifestaciones de estudiantes y el paro de ministros, magistrados, jueces y trabajadores a favor de la independencia del poder judicial.
Es momento de definición para quienes van a asumir la responsabilidad de gobernar y quienes ya legislan en el Congreso, la nota distintiva será el respeto a la constitución y a la voluntad popular. A todos nos toca luchar por confirmar y fortalecer la vida democrática del país, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos y la defensa de las libertades sociales y políticas. Es hora de gobernar para todos “mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión”.