No puede salir de las demandas que la empresa de gestión ambiental Veolia presentó por el impago de 300 millones de pesos, pero la Comisión Estatal del Agua tomará el control del resquebrajado organismo intermunicipal de agua potable que presta el servicio a los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
Veolia reclama el adeudo de tarifas no cubiertas por sus servicios concesionados como operadora de la planta tratadora de aguas residuales de Tanque Tenorio. El Gobierno del Estado asegura a través de prensa que es Veolia quien no cumplió.
La concesión de 20 años a Veolia concluyó en febrero y la empresa entregó la planta, de la que no se tienen ahora datos creíbles sobre su operación. El Gobierno del Estado asegura que la operación es normal y todo va bien, pero no cumple siquiera con la obligación de transparentar el contrato.
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La compañía buscó extender operaciones hasta 2027, con la propuesta de inversiones para modernizar Tenorio y adaptarla a una serie de modificaciones a la normatividad oficial en la calidad de descarga de aguas, a lo que Gobierno ni siquiera dio espacio para escuchar, en versión de Veolia.
Tanque Tenorio tiene una capacidad instalada para 1,050 litros por segundo y su producción se destinó en el contrato a torres de enfriamiento de la termoeléctrica de CFE en Villa de Reyes, así como a riego agrícola en Soledad de Graciano Sánchez.
La legislatura local entrante, a partir del próximo día 14 de septiembre, tendrá como “prioridad” desaparecer el organismo operador de agua potable de la capital potosina y municipios conurbados, el Interapas. El organismo, que preside el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, ha sido objeto de críticas sucesivas del gobernador.
No es difícil cuestionar al Interapas, en quiebra técnica desde hace años. La legislación actual no permite al Interapas establecer tarifas sin la aprobación del Congreso local. La facultad de los legisladores sobre los montos y aumentos a los cobros de agua se ha ejercido con lamentable criterio e interés político, como predecible arma arrojadiza contra los presidentes municipales de San Luis Potosí en turno. El resultado son tarifas irreales, por debajo de los costos de extracción, potabilización y suministro del agua potable. Es simple: Interapas cobra lo que le dejan cobrar, no lo que debiera en términos de eficiencia comercial, es lo lleva a la triste condición del déficit permanente y creciente.
El Interapas arrastra además adeudos de hasta cinco o diez años, impagables. Grandes consumidores morosos, sean clubes, hoteles y desarrolladores se las han arreglado para impedir que les corten el servicio. Prefieren gastar en abogados y juicios de amparo que pagar lo que deben. La normatividad para los morosos no tiene medidas más ágiles de aplicar y que disuadan a los usuarios malas pagas.
A la ineficiencia recaudatoria del Interapas hay que añadirle el omnipresente tema en este país de la corrupción. Alcaldes ha habido que lo han manejado como caja chica, nómina para sus protegidos y oportunidad de oro para trinquetes de todo tipo, siempre con absoluta impunidad. Está además el sentir y las experiencias de los usuarios con los servicios, siempre saturados y tardos.
En medio de la crisis hídrica por una prolongada sequía y las fugas de la cortina de la presa El Realito, el “cañoneo” mediático de Ricardo Gallardo Cardona fue mayor, sin que su gobierno aportara recurso o alguna obra para ayudar a solventar el desabasto de agua. El peso de las gestiones y de la operación emergente ante la situación gravitó sobre la alcaldía capitalina, porque las otras alcaldías tampoco aportaron mucho: la de Soledad se dedicó a quejarse y a atizar la golpiza mediática; Cerro de San Pedro como si no formara parte.
El Congreso, de mayoría afín al gobernador, pergeñó una iniciativa para desaparecer el Interapas como “gran solución” a los problemas de desabasto de agua. No han dicho con qué lo van a sustituir, pero sí que el organismo será entregado a las sabias gestiones de la opaca, demandada. Y técnicamente incapaz Comisión Estatal del Agua. Al municipio de San Luis Potosí sólo le quedará adaptarse al cambio, así sea que se viole el ordenamiento del 115 constitucional que faculta a los municipios para resolver sobre los servicios públicos de su orden.
Habida una vasta experiencia previa, no cabe esperar otra cosa de la CEA que no sea un manejo político, oscuro e ineficiente del servicio de agua potable y saneamiento. Peor aún, no cabe esperar otra cosa que la pérdida de atracción de grandes inversiones porque San Luis Potosí está en el lugar 24 en captación de aguas superficiales. No hay presas suficientes y las existentes tienen la capacidad de una palangana comparadas con lo que ofrecen otras entidades. Difícil ser competitivo para el nearshoring con una captación posible de 50 millones de metros cúbicos en las presas potosinas, contra un Nuevo León que sale de una crisis hídrica histórica y las lluvias de este año le dan para almacenar más de mil 100 millones de metros cúbicos nada más en la presa El Cuchillo.
Hace unas semanas la Comisión Nacional del Agua tuvo que urgir a la CEA de San Luis Potosí a que actuara legalmente ya contra la concesionaria del acueducto El Realito, concesionado a la española Acquos. Los señores concesionarios debieron reparar 13 kilómetros del acueducto y cuando mucho llevan dos. En todo este tiempo, CEA y Gobierno hicieron teatro anunciando que el acueducto ya casi estaba listo para volver a abastecer a la ciudad. Y nada. Conagua les tiró el trampantojo.
Puesta sobre la mesa la situación, poco bueno cabe esperar de esta apropiación inconstitucional de las facultades municipales sobre el servicio de agua potable. Va de una vez: lo harán porque pueden hacerlo y con las patas. La mayoría oficialista no tomará opinión alguna de los ciudadanos, mucho menos de los técnicos, los investigadores y los que saben. Tampoco echarán números, para ellos los números nada tienen que ver con el agua.
Eso sí, habrá mucha demagogia. Las fuentes públicas serán de limonada y las calles de capirotada. Y para lo que no les salga ni les cuadre, siempre estará la cantaleta barata y bobalicona de “la herencia maldita”.
ROLLOS SUELTOS
MAL RECURRENTE. En la dirigencia potosina de Movimiento Ciudadano los ataques de “necesariato”, el mal de los que se creen imprescindibles e insustituibles, se van y vuelven. Primero el ex senador y ex diputado local Eugenio Govea se atrincheró casi quince años en el espacio directivo naranja. Durante su gestión, el partido no pasó de conseguir una diputación local pluri como máximo y uno que otro espacio municipal. MC no creció, el mayor beneficiario fue Govea y esos pobres resultados fueron el argumento para que nuevos actores presionaran a Dante Delgado por su retiro.
LO MISMO. En lugar de Govea, Dante se decidió por el también ex senador Marco Gama Basarte, cuya gestión termina en unas semanas más, pero él ya anunció que buscará otro periodo. Entonces, Gama será cabeza estatal de MC al tiempo que también ocupa la única diputación local conseguida en las elecciones de junio. O sea, sus “bases” lo aclaman por el estupendo resultado obtenido en las urnas.
¿QUÉ NO HAY OTROS? Contradictorio que un partido en el que sus mandos y ex candidato presidencial se jactan de una supuesta etapa de expansión y crecimiento, haya elementos privilegiados que acaparen los pocos cargos de elección logrados y los espacios directivos. Los únicos que “crecen” y “expanden” sus intereses son este tipo de figuras, no el partido. Y al tiempo, este tipo de monopolios impiden renovar cuadros y dar participación a otros militantes.