La inercia federal sobre la discusión de la distribución de los espacios de representación proporcional en el Congreso Federal -Cámara de Diputados, fundamentalmente- ha intentado ser aprovechada por algunos actores políticos de la Ciudad de México para una especie de acumulación de la discusión. Columnistas ya escriben con insistencia y pretenden que sea una discusión real y lo más sonora posible. Sin embargo, mientras no lo aproximen con seriedad y profesionalismo, no hay razón siquiera para discutir, porque crearon -hasta hoy- una novela romántica, con amplios elementos de fantasía, ficción y hasta aventura. La realidad, dura y pura, es muy distinta a sus anhelos y aspiraciones.
De inicio, y para poder estar en situación de abordar los criterios y el seguimiento puntual de los supuestos que establece la ley, constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma, es necesario que se aclaren varias premisas.
Además, estos personajes se presentan en la actualidad como entes civilizados, sofisticados y demócratas. Un tipo de combinación entre Ulpiano, Sócrates, Montesquieu y Jefferson. El modelo ideal para el gobierno ideal. A partir de esa posición que han asumido pretenden acusar a todos los demás -instituciones, órganos, personas- de ignorantes, voraces, antidemócratas, y primitivos. Incluso, acusan de “sabadazos”, “agandalles”, y una serie de adjetivos que reflejan nítidamente la propia contradicción que viven:
Te podría interesar
1. ¿Por qué pretenden homologar, identificar o subsumir la discusión de la distribución de los espacios de representación proporcional a nivel nacional y Ciudad de México? En el modelo federalista vigente, cada entidad tiene la facultad de determinar su propio régimen interior con elementos propios, procedimientos y principios diversos. Asimismo, no existen las previsiones del artículo 54 de la Carta Magna, y tampoco el sistema de listas regionales, y si en cambio las primeras minorías, por ejemplo. Por lo tanto, ni siquiera establecen concretamente la discusión en la ciudad, sustituyéndola por una afirmación vaga y ambigua que el PAN y los partidos minoritarios deberían de ser receptores de más diputados para que Morena no tenga mayoría calificada -pretendiendo considerar a coaliciones y no partidos en lo individual, imponer afiliación efectiva, e intentar borrar de plano cláusulas de los convenios de coalición–. Discusión que representa más voluntarismo que racionalismo.
2. El candidato del PRI-PAN-PRD Santiago Taboada se dio el lujo de afirmar -es más, convertirlo en el eje de su campaña- que ganaría de manera abrumadora hasta el grado de ofender y vilipendiar a Clara Brugada en los debates públicos, y varios candidatos a alcaldes incluso publicaban encuestas en las que con excesiva confianza en sí mismos ganarían con más de 15% (el caso de Álvaro Obregón y Lía Limón es inmejorable) construyendo una “narrativa de aire”, como se le denomina a una campaña en medios de comunicación y percepción en lugar de organización y trabajo territorial. ¿No deberían revisar que aún con el “gerrymandering” que diseñaron en los distritos, y toda la narrativa de falsedades e invenciones, no conectaron jamás con la ciudadanía por la falta de propuestas, identificación de retos, voracidad en el reparto de las listas plurinominales, entre tantos otros?;
3. La exigencia de respeto y civilidad, interpretación holística de la Constitución y las leyes, apertura, pluralidad, sensibilidad, y tantas demandas que curiosamente las expresan con calificativos de denostación, desdén, agresión, violencia, y sobre todo una supuesta superioridad moral escondida en la túnica de José Woldenberg, Diego Valadés, Ciro Murayama, que curiosamente fueron los que diseñaron el sistema jurídico que ahora no les acomoda a sus pretensiones, y de sus jefes de facto.
4. La falta de lógica elemental de acusar al órgano electoral local y tribunal electoral de ser parciales cuando defienden los mismos órganos a nivel nacional. A unos los defienden y a otros los atacan como les conviene. Sobre todo, que la premisa es -según ellos- defender a los técnicos y especialistas para evitar politiquería, cuando justamente son los primeros en no defender el criterio técnico y especial del IECM y Tribunal Electoral de la CDMX.
5. La nula defensa de la Constitución (federal) y local, pretendiendo que no observamos que defienden simplemente sus intereses. No existe un criterio o sistema real de integración de los Congresos que sustenten o pretendan validar. Sus demandas son simples exigencias de cargos (más diputaciones) porque se los merecen, no porque los hayan ganado.
6. La ausencia total y absoluta de lectura básica de los convenios de coalición. Ni el tiempo y estudio han dedicado para analizar lo que se pactó, la revisión que en su momento realizó la autoridad y la convalidación de facto. Especialmente en este punto, es increíble que no lean que el convenio entre Morena-PT-PVEM se establece de manera literal y expresa que los diputados que obtengan el triunfo en sus distritos integrarán las bancadas de los partidos que la propusieron. Situación que fue ratificada por ellos mismos con escritos posteriores, y que en una “interpretación” muy curiosa, le atribuyen consecuencias totalmente distintas. Es soez la intención de manipular.
7. La falta de exposición numérica y aplicación de reglas electorales de manera específica para determinar que les corresponde más diputados, o que la distribución fue equivocada. Afirman sin prueba alguna en una franca conducta medieval.