¿Las grabaciones que circulan en internet pueden considerarse como prueba de hechos con apariencia de delito? Un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) (1) adoptó una resolución que tiene importantes repercusiones en la actividad judicial y protección de derechos fundamentales.
Recientemente, el Tribunal analizó el caso de una persona servidora pública implicada en la posible comisión de un delito. El Juez de Control autorizó que se tomara una muestra de voz del implicado y fuera cotejada con las grabaciones en cuestión, a fin de determinar su participación en el supuesto hecho delictivo.
Inconforme, la persona servidora pública presentó un amparo, que le fue negado, por lo que, interpuso un recurso de revisión con el objeto de determinar si la difusión de las grabaciones en internet es suficiente para que la Fiscalía inicie una investigación, independientemente de cómo fueron obtenidas dichas muestras de audio.
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El Tribunal fundamentó su resolución en tres argumentos:
- El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que compete al Ministerio Público la investigación de delitos.
- El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 131, fracción II, y 212 facultan a investigar denuncias anónimas a la Fiscalía, siempre que haya elementos que sustenten y avalen la verdad de los hechos.
- Las personas servidoras públicas, por naturaleza, están sometidos a un escrutinio más agudo, tanto de la sociedad como de las autoridades. Por tanto, las denuncias públicas, en Internet, pueden servir para iniciar una investigación.
Así, el Tribunal ponderó el acceso a evidencia, independientemente de la forma en que se obtuvo la misma; incluso si fue a través de las redes sociales.
Aunque existen preocupaciones acerca de la privacidad y la legalidad de conseguir grabaciones, es claro que para el Tribunal, la autenticidad y origen de las mismas puede ser verificado durante el procedimiento de investigación.
El asunto no es menor, si consideramos que en nuestro país persiste el debate sobre la validez de las grabaciones telefónicas difundidas por internet.
Este caso evidencia la complejidad de encontrar un equilibrio entre salvaguardar el derecho a la privacidad y hacer que las personas servidoras públicas respondan por sus actos; así como la importancia de garantizar, dentro del ámbito constitucional y de derechos humanos, la transparencia durante el desempeño de funciones.