Los partidos políticos, principales actores de una contienda electoral, reciben dos tipos de financiamiento; el que el Instituto Nacional Electoral (INE) les proporciona en calidad de prerrogativa de acuerdo con sus atribuciones legales denominado financiamiento público que se divide en ordinario y de campaña, y las que pueden recibir de manera privada a través de las aportaciones de militantes y simpatizantes, de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
En este sentido, el financiamiento público que reciben los partidos políticos está encaminado, en primer término, a que puedan desarrollar plenamente sus actividades ordinarias fuera de los procesos electorales, así como, en segundo término, las que necesitan para el desarrollo de las múltiples actividades que se desenvuelven en el transcurrir de las elecciones, entre ellas, las campañas políticas.
Bajo este contexto, el INE determinó las cifras del financiamiento público para el ejercicio 2025 (periodo ordinario) en cumplimiento a la fórmula establecida para ello dispuesta en el artículo 41, Base II de la Constitución que señala, entre otras disposiciones, que “El Financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico….”
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Esta misma disposición establece que el INE de forma anual determinará el financiamiento público de estas instancias de interés público “… multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos de forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.
Para llevar a cabo el cálculo de esta cifra, debe señalarse que el número total de personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral nacional ascendió a 99,239,808 millones de ciudadanas y ciudadanas. En tanto, el INEGI calculó el valor diario de la UMA para este 2024 en $108.57 pesos.
De lo anterior se desprende que el 65% del valor diario de la UMA para este 2024, equivale a $70.57 pesos.
Por lo tanto, al multiplicar el número de personas inscritas en el padrón electoral (99,239,808), por el 65% del valor diario del UMA ($70.57), se obtiene como resultado el financiamiento público anual por concepto de actividades ordinarias permanentes para 2025 que asciende a la cantidad de $7,003,402,870.00 pesos.
A este monto, de acuerdo con la Constitución y la Legislación Electoral en materia de Partidos Políticos se le suma el financiamiento público anual para actividades específicas que equivale al 3% para actividades relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como a tareas editoriales, de lo que resulta la cantidad de $210,102,086.00 pesos.
De igual manera, se le suma el financiamiento público por concepto de franquicias postales equivalente al 2% que corresponde a la cantidad de $140,068,056.00 pesos.
Finalmente, debe agregarse el financiamiento público anual para la prerrogativa telegráfica equivalente a $693,492.00 pesos.
De esto resulta que el financiamiento público total al que tienen derecho los partidos políticos para el 2025 ascenderá a la cantidad de $7,354,266,504.00 pesos.
Ahora bien, la distribución de dicho financiamiento a cargo del INE para 2025 se llevará a cabo una vez que se tenga certeza de los partidos políticos nacionales que conservarán su registro, es decir, una vez que los actos relacionados con ellos hayan adquirido definitividad y firmeza.
Este camino ha permitido que las estructuras partidistas sean instituciones que cuenten con los recursos suficientes para que realicen sus múltiples actividades con el objetivo de que, de acuerdo con su ideología, metas y visión política, busquen el beneficio permanente de la población.