Una de las atribuciones más importantes que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) es la función de fiscalizar el origen y monto de los recursos económicos con que los partidos políticos y candidaturas realizan sus actividades, principalmente, en el desarrollo de las campañas electorales.
Con la reforma constitucional de 2014 que le dio vida al INE en sustitución del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), el legislativo determinó que este Instituto fuera la única instancia que se hiciera cargo de la fiscalización tanto de los procesos electorales federales como de las elecciones locales.
La función no es fácil ya que significa la realización de múltiples actividades normativas, de revisión, vigilancia, de visitas, de recorridos, de investigación, monitoreo, entre otras, que requieren de un gran profesionalismo acompañado de un minucioso trabajo por parte de las y los funcionarios electorales que laboran en el INE.
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Ahora bien, en este 2024 se registró la elección más grande que haya tenido nuestra nación por lo que la revisión de ingresos y gastos y seguimiento de actividades creció exponencialmente.
Bajo este contexto, el pasado 23 de julio el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección conoció los proyectos de resolución presentados por la Comisión de Fiscalización en los que, en las propuestas presentadas, establecían sanciones a los partidos políticos nacionales y locales, coaliciones y candidaturas independientes por poco más de mil millones de pesos.
Esta determinación resulta de la revisión y análisis del INE a los informes que tienen la obligación de presentar los sujetos obligados, sobre los ingresos y gastos de campaña que correspondieron a los procesos electorales federales y locales que se registraron en las 32 entidades federativas del país.
Estos informes deben incluir el origen, monto y aplicación de todos los ingresos que recibieron los actores políticos que compitieron en la pasada contienda electoral, así como la aplicación y empleo de éstos.
La propia normativa electoral en la materia dispone que la omisión de la presentación de estos informes, que son registrados en un sistema informático, constituye una infracción que puede repercutir en una sanción.
Entre los principales registros de la fiscalización realizada por el INE destaca:
- La revisión de 6 mil 487 informes en el ámbito federal, en los que se registraron ingresos por un total de 3 mil 791 millones 553 mil 285 pesos y gastos por 3 mil 810 millones 483 mil 912 pesos.
- Se resolvieron mil 63 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización.
- A nivel local, se presentaron 89 dictámenes de donde el INE revisó 35 mil 501 informes en el ámbito de las entidades federativas, en los que el INE revisó un monto global de 3 mil 750 millones 214 mil 690 pesos, en tanto que los gastos ascendieron a 3 mil 630 millones 464 mil 459 pesos.
- El Consejo General determinó abrir diversos procedimientos oficiosos para investigar algunas conductas identificadas en la revisión de los informes de campaña, por lo que si del desahogo de estos procedimientos se confirman irregularidades en el registro y comprobación de los recursos de los partidos y candidaturas, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Uno de los rubros que más llamaron la atención es la relativa al incumplimiento de los partidos políticos de destinar, al menos, el 50% del financiamiento de campaña a las candidaturas encabezadas por mujeres, por lo que solicité que se diera vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por la presunta comisión de un delito en el marco de la Ley General de Delitos Electorales, además de la imposición de una sanción administrativa por esta falta.
La fiscalización constituye una de las etapas más importantes de todo proceso electoral, ya que con esta revisión se garantiza la equidad que debe existir en las elecciones y esta revisión de ingresos y gastos también se traduce en la exposición del comportamiento de los actores políticos competidores de manera transparente, con lo que se genera una auténtica rendición de cuentas propio de un sistema democrático.