La elección registrada en 2024 se encuentra en una etapa final, es decir, con la resolución de diversos medios de impugnación a cargo de los órganos electorales jurisdiccionales. Este importante ciclo electoral habrá cerrado y se abrirán nuevos episodios en la vida del ejercicio del poder público en el país.
Tendremos un nuevo gobierno federal encabezado por una mujer del que esperamos muchas cosas positivas los y las mexicanas. Llega un nuevo legislativo federal y diversos cargos en las 32 entidades federativas del país que se incorporan a responsabilidades importantes.
Por ello, quiero aprovechar la oportunidad para referirme a la imperiosa necesidad de llevar a cabo la revisión al marco normativo electoral con la intención de que el legislativo federal analice diversos temas, con el objetivo de hacer más eficiente el desarrollo de las elecciones, más equitativa la contienda electoral y maximizar los derechos políticos y electorales de las personas.
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El primer tema al que quiero referirme está relacionado con la posibilidad de que se incremente la presencia de los grupos que históricamente han estado discriminados: la población indígena, las personas migrantes, afrodescendientes, de la diversidad sexual, y con alguna discapacidad.
En la elección de 2024 se instrumentaron 54 acciones afirmativas para la Cámara de diputados y, por primera vez, 9 para el Senado de la República.
Otro tema de importancia está relacionado con la fiscalización de los recursos públicos que utilizan las personas candidatas, así como los partidos políticos. Considero que para hacerlo más eficiente, la fiscalización local debe de llevarla a cabo la autoridad electoral local con la supervisión y directrices que determine el INE y, no la instancia federal se haga cargo de lo federal y local.
El voto de las y los mexicanos en el exterior se ha afianzado de una manera importante, tanto que, en la elección presidencial de este año, nuestros connacionales que votaron vía postal, presencial en algunos consulados o por internet, fue casi el doble de las personas votantes que lo hicieron en 2018. Al respecto caben dos consideraciones básicas:
- Que se expanda un mayor número de consulados e incluso embajadas para recibir el voto de la ciudadanía.
- Que el legislativo analice la viabilidad de instrumentar de manera gradual el voto por internet al interior de la República, estoy segura de que esto incrementará sustancialmente la participación ciudadana.
Un rubro de urgente análisis es que el legislativo ante una futura reforma electoral analice y reconfigure las fórmulas para la asignación de las diputaciones de representación proporcional. ¿Con qué intención? Con el único objetivo de que la Cámara de Diputadas y Diputados quede integrada lo más fielmente posible a los resultados obtenidos en la votación, es decir, que no exista una sobre o subrepresentación que daña el espíritu del sentido del voto y atenta contra los principios de un sistema democrático.
Respecto al principio de paridad de género, si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas sentencias para fortalecer la presencia de la mujer en la esfera pública, sería conveniente que, en coordinación con el INE, estableciera las directrices generales para la paridad en la Presidencia de la República para 2030.
Hasta aquí dejo, en esta primera entrega, algunas ideas que el próximo legislativo deberá analizar ante la muy probable reforma en materia electoral.
El objetivo es contar con elecciones libres, auténticas, con la maximización de los derechos políticos y electorales de las personas electoras y con reglas claras, y equitativas que lleven a un auténtico sistema democrático.