La educación es un derecho fundamental y garantizar el acceso a ella es un objetivo primordial. En México, la próxima administración ha propuesto la universalización de las becas para estudiantes de educación básica, una medida que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad financiera y sobre la capacidad del país para mantener un programa de tal magnitud a largo plazo.
En México existen marcadas desigualdades sociales y económicas y las becas pueden ser un instrumento poderoso para reducir estas brechas. Sin embargo, el costo de implementar este programa es significativo y, según las proyecciones, podría ejercer una presión considerable sobre el presupuesto.
La administración federal entrante plantea que la universalización se lleve a cabo en un plazo de tres años, tomando como base el modelo de "Mi Beca para Empezar", que actualmente apoya a estudiantes de nivel básico en la Ciudad de México. La estrategia consiste en expandir gradualmente este programa a nivel nacional, comenzando con estudiantes de secundaria, posteriormente a nivel primaria y al último se incluiría a los alumnos de nivel preescolar. Aunque esta implementación escalonada puede facilitar la adaptación del presupuesto, también aumenta la complejidad administrativa y el reto de dar un seguimiento adecuado para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.
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Para 2025, se estima que el presupuesto necesario para cubrir únicamente las becas para estudiantes de secundaria alcanzará los 72 mil 325 millones de pesos, lo que representa un aumento del 45% en comparación con lo asignado en 2024. A medida que el programa se expanda para incluir a todos los estudiantes de educación básica, el costo total podría elevarse aún más, llegando a representar hasta 245 mil 500 mdp (0.6% del PIB) para 2027. En el contexto de un ajuste fiscal, este aumento en el gasto público podría obligar al gobierno a reconsiderar sus prioridades presupuestarias, recortando recursos en otras áreas cruciales como salud, infraestructura o seguridad social.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que cualquier aumento en el gasto público debe respaldarse por un incremento en los ingresos, o ser compensado con recortes en otras partidas presupuestarias además de contar con un mecanismo de evaluación y seguimiento. Esto significa que, para financiar las becas universales, el gobierno no solo tendría que asegurarse de que los recursos estén disponibles, sino también que su asignación no comprometa las finanzas públicas del país.
Además del desafío financiero, es importante preguntarse si la universalización de las becas es suficiente para abordar los problemas estructurales de la educación en México. Si bien las becas son una herramienta efectiva para aumentar la matrícula y reducir la deserción, no constituyen por sí solas una solución integral. La calidad de la educación, la infraestructura escolar, la capacitación de los maestros, entre otros aspectos, son igualmente cruciales para garantizar que los estudiantes no solo asistan a la escuela, sino que también reciban una educación de calidad.
La propuesta de universalizar las becas en la educación básica en México es un esfuerzo ambicioso que refleja un compromiso con la equidad educativa. Sin embargo, su viabilidad depende en gran medida de la capacidad del gobierno para administrar los recursos de manera responsable y equilibrar el aumento en el acceso a la educación con la estabilidad de las finanzas públicas del país. Para que esta iniciativa no solo alcance sus metas inmediatas, sino que se sostenga a largo plazo, es fundamental que se integre en una estrategia educativa más amplia, que incluya mejoras en la calidad de la educación y una sólida planificación financiera.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria analizó las implicaciones presupuestarias de la universalización de becas en educación básica. El documento puede consultarse en ciep.mx.
Itzel Loredo Ramírez*
Investigadora en gasto público: Economista egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especializada en Crecimiento y Desarrollo Económico. Cuenta con experiencia en la Administración Pública, principalmente en la toma de decisiones estratégicas, así como en la planeación y el manejo de recursos financieros. Durante su paso por la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, contribuyó con el análisis, interpretación y tratamiento de datos en materia económica, fuerza laboral y temas relacionados, fundamentando proyectos e iniciativas del Gobierno de México a nivel regional y nacional. En la actualidad, se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde concentra su labor en el análisis de políticas educativas y el manejo del gasto público. Considera que una educación de calidad es fundamental para el crecimiento económico sostenible y para mejorar la competitividad a nivel global.