En el ámbito de la defensa de los derechos humanos ser mujer y exigir al Estado es, en muchos casos, un acto de valentía suprema. Los casos documentados por Amnistía Internacional en Guatemala y México demuestran una verdad aterradora: las mujeres que defienden la justicia, la verdad, los derechos humanos, son, a menudo, las más vilipendiadas y perseguidas.
Todo el sistema en contra
Un terrible y lamentable ejemplo lo tenemos en la condena dictada, el lunes 8 de julio de 2024, contra la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra Rivas, en Guatemala. Un tribunal de Quetzaltenango la declaró culpable del delito de revelación de información confidencial y le impuso una sentencia de cinco años conmutable. Esta es la segunda condena en contra de la exfiscal. El 16 de diciembre de 2022, un tribunal de la Ciudad de Guatemala ya la había condenado a cuatro años de cárcel en otro proceso penal infundado.
Estas condenas, precedidas de largos, desgastantes e injustos procesos, obligaron a la ex fiscal Virginia Laparra a tomar la decisión de abandonar Guatemala. En una breve y emotiva carta, fechada el 17 de julio de 2024 y difundida por diversos medios de comunicación, advierte que: “La persecución judicial en mi contra inició en 2017 y, aún hoy, amenaza con seguir sin detenerse. Al día de hoy, he sido dos veces condenada injustamente. Todo ello por el único motivo de hacer mi trabajo con independencia y por haber mantenido la dignidad intacta. Por todo lo anterior, yo, Virginia Laparra, decidí salir al exilio para preservar mi vida”.
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La última sentencia contra Virginia Laparra fue el corolario de un patrón de hostigamiento y criminalización contra ella, pero que el Estado guatemalteco dirige también contra mujeres que fueron fiscales, juezas, o integraron la extinta Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y contra otras mujeres operadoras de justicia. Todas ellas han dedicado sus esfuerzos a la defensa de los derechos humanos en ese país. Cabe precisar que Virginia Laparra ha sido reconocida por Amnistía Internacional como presa de conciencia.
En la fotografía, Virginia Laparra, ex titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien ha tenido que dejar su país por la persecución judicial en su contra. (Foto: © Courtesy from Verdad y Justicia Guatemala, 2022).
Dos meses antes de que se dictara la segunda sentencia, el jueves 23 de mayo de 2024, presentamos en Guatemala nuestro informe Todo el sistema en contra: criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala, en el que documentamos y denunciamos la persecución contra la ex fiscal Virginia Laparra y otros casos de hostigamiento y acoso legal contra mujeres involucradas en la procuración de justicia, como la exjueza Erika Aifán; las ex auxiliares fiscales Paola Escobar y Aliss Morán; así como de la abogada y ex mandataria de la CICIG, Claudia González.
Todas ellas llevaron a la práctica un trabajo clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. En contraste, han sido descalificadas por su labor profesional, pero además han sufrido brutales ataques por ser mujeres –mediante discursos y prácticas misóginas que perpetúan la violencia de género–, provenientes de un sistema que busca silenciarlas.
Nuestro informe, que se basa en entrevistas y en el análisis de una decena de casos, expone, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las características de un patrón de ataques preocupantes y los impactos de esas prácticas ilegítimas en las mujeres defensoras de los derechos humanos.
#Perseguidas
En cuanto a México, el martes 21 de mayo de 2024, presentamos el informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México. En él documentamos la forma en que el Estado mexicano utiliza de manera arbitraria el sistema penal para criminalizar y hostigar a mujeres defensoras de derechos humanos.
En ese sentido, en 2016 la abogada y defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti –todas ellas reconocidas defensoras de derechos humanos– fueron sujetas a una investigación indebida y a una vigilancia abusiva por parte del Estado mexicano mientras trabajaban, desde sus diferentes profesiones, para esclarecer las masacres de personas migrantes ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y en abril de 2011.
Aspecto de la conferencia en que se presentó el informe Perseguidas. Al centro se encuentran Marcela Turati y Ana Lorena Delgadillo, flanqueadas por Esteban Beltrán Verdes y Edith Olivares Ferreto, representantes de Amnistía Internacional de España y México. La periodista Carmen Aristegui moderó el encuentro. (Foto: Amnistía Internacional México).
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que entonces dirigía Ana Lorena Delgadillo, ofreció representación legal a las familias de las personas migrantes asesinadas y documentó las irregularidades cometidas por las autoridades en la investigación de las masacres de San Fernando, que están entre las más graves violaciones a derechos humanos registradas en el país.
Mercedes, como parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, colaboró con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), en la identificación de restos humanos. Mientras que Marcela, como periodista, investigaba y publicaba reportajes sobre esos lamentables eventos ocurridos en Tamaulipas.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), utilizó recursos públicos para investigar y vigilar indebidamente a las mujeres defensoras sin que estas tuvieran la calidad de imputadas, además de que no se les notificó personalmente acusación alguna en su contra, ni el delito por el cual se les investigaba.
Es más, ellas supieron de la investigación y de la vigilancia abusiva a que fueron sometidas cinco años después de iniciados estos procedimientos. Es claro que con este proceder las autoridades buscaban intimidarlas. A la fecha, no se sabe si la vigilancia y la investigación continúan, pero lo que sí es claro es que ningún funcionario ha sido investigado y llevado ante la justicia por esas violaciones al debido proceso de las tres defensoras de derechos humanos.
Esta práctica generó temor no sólo en las tres mujeres defensoras, también tuvo un efecto amedrentador en otras personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, limitando y desincentivando su trabajo.
Similitudes preocupantes
La situación en Guatemala y México revela aspectos comunes y profundamente preocupantes. Primero, todas son mujeres defensoras involucradas en procesos de procuración de justicia. Segundo, hay un uso indebido del sistema penal por parte de los Estados para criminalizar, intimidar, investigar, vigilar indebidamente y hostigar a estas mujeres. Con ello, el Estado, en lugar de ejercer su obligación de garantizar justicia y combatir la impunidad y la corrupción, despliega su arquitectura institucional en contra de mujeres que defienden los derechos humanos y exigen justicia.
En Guatemala, las mujeres criminalizadas han jugado roles cruciales en la lucha contra esos males endémicos, mientras que en México las investigadoras de las masacres de migrantes en San Fernando enfrentan los embates del Estado, que debería dedicarse a hacer justicia a las familias de las víctimas.
Violencia de género contra defensoras
La investigación de Amnistía Internacional en Guatemala evidencia que cuando las víctimas de los sistemas judiciales son mujeres, la represión adquiere características adicionales y perniciosas. Lejos de erradicar esas prácticas, el Ministerio Público y el órgano de justicia toleran y, en algunos casos, fomentan gestos, prácticas y discursos misóginos, incluso durante las audiencias.
Pero hay más todavía. Cuando se comenta en las redes sociales el trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos, surgen ataques no solo contra su labor, sino también contra su persona. Personas usuarias de redes sociales hacen comentarios sobre las características físicas y la conducta de las mujeres con la intención de deslegitimar su ejercicio profesional y su lucha por la justicia. Los ataques buscan socavar su credibilidad y, en última instancia, silenciar sus voces y minimizar el impacto de su lucha por los derechos humanos.
Desde Amnistía Internacional, hacemos un llamado urgente a las autoridades mexicanas y guatemaltecas para que cese inmediatamente cualquier acción de vigilancia indebida, criminalización y hostigamiento hacia estas valientes mujeres defensoras de derechos humanos.
El llamado es también para todas las personas: una firma podría cambiar la vida, garantizar la libertad y la integridad de estas mujeres que han luchado contra un sistema de procuración de justicia corrupto en Guatemala, y contra las violaciones a derechos humanos que se cometen en México contra las familias de las personas asesinadas en San Fernando. En el caso de México, tenemos una Acción Urgente exigiendo a la FGR cerrar la investigación contra Ana Lorena, Mercedes y Marcela. En el caso de Guatemala continuamos demandando a las autoridades que cese la criminalización injusta de quienes levantan la voz para pedir justicia.
Es hora de mostrar que cuando el sistema está contra las mujeres, las personas estamos de su lado. No debemos permitir que ellas sean perseguidas ni silenciadas.
* Ana Piquer es Directora Regional para las Américas de Amnistía Internacional.
** Edith Olivares Ferreto es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México