La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil volvió a revelar un país dividido. Esta situación fue bastante visible en el periodo preelectoral, que estuvo marcado por una fuerte tensión, miedo, ansiedad y violencia entre las personas electoras de norte a sur del país, con graves violaciones a los derechos humanos que trajeron consigo la intervención de Amnistía Internacional Brasil para denunciarlas.
Este seguimiento dio lugar al lanzamiento, en vísperas de la primera vuelta, del documento Violencia política: violaciones de los derechos humanos en el periodo electoral de 2022. En él se documentan 42 violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos 90 días, incluido el asesinato de cinco personas.
Los crímenes ocurrieron en los estados de Ceará, Mato Grosso, Santa Catarina y Paraná. Las investigaciones indican que dos de las víctimas eran partidarias de Lula y uno de Bolsonaro. Un guardia municipal y militante del Partido de los Trabajadores (PT), Marcelo Arruda, celebraba su cumpleaños 50 y al mismo tiempo un homenaje a Lula. Un policía partidario de Bolsonaro, llegó al lugar, provocó a las personas y le disparó a Arruda. El agresor está en prisión preventiva.
Otra víctima mortal fue el chofer Ianário Pereira Souza Rocha, quien fue asesinado a tiros cuando acompañaba en un acto de campaña a una candidata a diputada estatal, quien forma parte del Frente Amplio que apoya a Lula en Ceará. La policía aún no identifica a la persona responsable de los disparos.
Se han documentado violaciones a los derechos humanos en 17 de los 26 estados brasileños y en el Distrito Federal. En la región sureste del país, con el mayor número de personas votantes, se registró también un alto número de violaciones. Río de Janeiro fue el estado con más denuncias (8), seguido de São Paulo (7) y Minas Gerais con (4), respectivamente. Hubo 28 casos relacionados con algún tipo de ofensa o amenaza verbal, agresión o intimidación física.
Es extremadamente grave y preocupante constatar que en los últimos tres meses cada dos días se produjo al menos una violación a los derechos humanos asociada al proceso electoral. La escalada de violencia y atentados por motivos políticos es una realidad flagrante, que cuenta con la incitación o la inercia de las autoridades constituidas, poniendo en riesgo el proceso electoral y los derechos humanos. Además, trae consigo enormes desafíos para los próximos meses y años.
El actual presidente, Jair Bolsonaro y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva son los candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral. Ambos representan puntos de vista muy diferentes sobre los derechos humanos. El primero está explícitamente en contra de los logros que dignifican la vida de las personas y los parámetros constitucionales del país que garantizan los derechos humanos fundamentales para todas las personas.
Durante las campañas electorales, el afán por mantener y ampliar los apoyos y los votos sigue pisoteando los derechos humanos. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería están inundadas de contenidos manipulados, desinformación y las omnipresentes fake news. Las personas brasileñas conviven con este contexto político marcado por la difusión de noticias falsas.
El creciente uso de estos mecanismos, intensificado en estas elecciones, demuestra que los acuerdos realizados entre la autoridad electoral y las empresas de comunicación –para la implementación de estrategias y mecanismos que impidan la circulación de noticias falsas–, no se están cumpliendo y que las empresas no han actuado con la eficacia y agilidad necesarias para restablecer la verdad. Las consecuencias son evidentes: violaciones a los derechos humanos, inseguridad y crecientes episodios de intimidación y violencia.
Otra estrategia preocupante, asociada a la difusión de mentiras y fake news, ha sido desarrollada por el actual presidente y sus partidarios: la persecución de periodistas en Brasil. A lo largo de su mandato, el presidente Jair Bolsonaro ha atacado y fomentado las agresiones, principalmente contra mujeres periodistas. Una encuesta realizada por Reporteros sin Fronteras muestra que de las diez personas periodistas que han recibido más mensajes con contenido ofensivo, seis son mujeres. La que más ataques recibió de parte de Jair Bolsonaro, durante un debate en la primera vuelta de la campaña electoral, fue Vera Magalhães.
Brasil enfrenta innumerables retos. Quienquiera que resulte electo presidente, deberá lidiar con el contexto desafiante de un país dividido y con las responsabilidades urgentes de abordar las graves consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, desde el incumplimiento de los tratados internacionales, hasta la carencia de políticas públicas.
Será necesario encontrar formas de erradicar el hambre, que actualmente afecta a 33 millones de personas, la mayoría de ellas niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores, en su mayoría de raza negra. Se requiere desarrollar acciones para una justa recuperación ante las múltiples secuelas sanitarias, sociales y económicas que ha dejado la pandemia del covid-19 y la negligente gestión del presidente Bolsonaro.
Harán falta decisiones firmes para recuperar el control de las armas de fuego, para poner fin a la brutalidad policial que produce altas tasas de mortalidad de personas jóvenes negras y pobres de las favelas y periferias del país. Se debe trabajar con urgencia para reparar la inmensa devastación de la Amazonia y otros biomas nacionales, protegiendo los derechos y la vida de los pueblos indígenas, quilombolas y poblaciones tradicionales que viven en los bosques.
Otro tema fundamental es retomar las políticas públicas para enfrentar el racismo, el sexismo, las fobias contra las personas LGBTI y proteger la vida de las personas negras, indígenas, gitanas, de la comunidad LGBTI, de mujeres, niños, niñas y adolescentes y unir a este país que necesita alivio, serenidad y compromiso con el bien común.
El 30 de octubre de 2022 tendrá lugar la segunda ronda de votaciones para elegir al futuro presidente del país, que tomará posesión el primero de enero de 2022. Hasta entonces, se deben garantizar medidas fundamentales, entre ellas que todas las personas accedan a sus centros de votación y participen en el proceso electoral con seguridad e integridad; el Estado debe cumplir con su obligación de salvaguardar los derechos de todas las personas a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y a la participación política; la legitimidad del proceso y su resultado deben ser reconocidos y garantizados por todas las partes involucradas en el mismo; que los meses previos al cambio de gobierno sean de absoluto respeto y se desaliente y evite la violencia por parte de los agentes del Estado, y que el próximo presidente asuma el cargo en condiciones de cumplir y hacer cumplir las obligaciones del país en materia de derechos humanos.
En Amnistía Internacional Brasil siempre estaremos del lado de las personas defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas que, en los últimos años, han pagado un alto precio por ejercer sus derechos básicos. Mantendremos nuestro activismo y movilización para decir la verdad al poder. El próximo 30 de octubre estaremos vigilando que se respeten los derechos humanos durante el proceso electoral, así como el cumplimiento efectivo de los deberes de las autoridades e instituciones que regulan, vigilan y supervisan las elecciones. No dejaremos de exigir a las autoridades e instituciones públicas que ninguna persona se quede atrás.
Es urgente que todas las personas en Brasil, diferentes y diversas en esencia, sean consideradas y representadas en las propuestas que se transformarán en políticas públicas a partir del 1 de enero de 2023. El nuevo presidente de Brasil tiene la obligación de gobernar para todos, todas, todes, con tolerancia, transparencia e inclusión. Amnistía Internacional seguirá luchando, en Brasil y en todo el mundo, para que esto se consiga. No descansaremos hasta que los derechos humanos sean vividos por todas las personas en todo el mundo.
* Jurema Werneck
Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil