El paro de labores del poder judicial tiene profundas repercusiones en los más de 35 mil juicios en todos los juzgados y tribunales federales penales, civiles, mercantiles y de toda índole que se presentan a diario en la República Mexicana. Si bien es cierto, el origen de esto se deriva, como todos sabemos, de la propuesta de una Reforma Judicial por parte del Ejecutivo, que señala que el Poder Judicial es ineficiente, corrupto y necesita un cambio.
El fondo de la reforma pretende que los jueces y magistrados sean elegidos por votación popular. Bajo estas circunstancias, quienes fueran designados en interés del partido en el poder tendrían el respaldo de una base electoral de Morena, que hoy en día es amplísima, poderosa y hasta el momento invencible. Estas elecciones judiciales indudablemente llevarían al partido en el poder a acaparar miles de espacios para poder elegir a su antojo a ministros, magistrados electorales, jueces de distrito, jueces unitarios, de los estados, etc., sin competencia alguna. Derivado de estas elecciones podrían generarse riesgos muy importantes, como la ideologización de la justicia, la erosión del Estado de derecho, el aumento de la corrupción, la inseguridad jurídica y el abuso de poder.
Una de las características primordiales que debe tener el juzgador en cualquier parte del mundo es la imparcialidad y el conocimiento. Ambas deben ser las bases fundamentales en el Derecho, pero el sesgo político en las decisiones judiciales podría abrirle la puerta al autoritarismo y quitarle a la democracia un contrapeso fundamental para el equilibrio de cualquier Estado.
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Los sesgos políticos y la ideologización en las decisiones judiciales parecen ser una sombra que ha acaparado profusamente a democracias decadentes en Latinoamérica y, en consecuencia, ha lastimado duramente las garantías de sus gobernados. Cuando un país pierde la imparcialidad de su poder judicial, los Estados no dejan de caer en la tentación de utilizar a los órganos judiciales para fines ajenos a los de la justicia.
Polonia, Hungría, Nicaragua, Venezuela y Turquía llevaron a cabo reformas ampliamente criticadas que implican el control gubernamental sobre el nombramiento y destitución de los jueces, pero, sobre todo, la creación de órganos disciplinarios que en gran medida se perciben como mecanismos de presión para los mismos. Esto genera un retroceso que, entre otras cosas, reduce los espacios para el pluralismo político y la disidencia. Los mecanismos de representación se vuelven menos justos e incentivan la falta de condiciones de desarrollo en los países.
También, para todos es evidente la necesidad esencial de hacer cambios reales y tal vez radicales para garantizar el acceso a la justicia de los mexicanos y mejorar la actuación de los juzgadores. Ninguna reforma puede llevarse a cabo en este tenor si no se mejoran también las condiciones de los fiscales y ministerios públicos, tanto federales como locales. No pueden existir profundas asimetrías entre los recursos que tienen, por ejemplo, los juzgadores en comparación con los que tiene su contraparte ministerial.
El paro que ha suspendido las actuaciones del Poder Judicial tiene amplias y profundas consecuencias. Hoy por hoy, el partido en el poder tiene una representación —guste o no, debatible o no— que le permite llevar a cabo los cambios constitucionales que considere necesarios para sus gobernados. Pero lo que resulta indubitable es que los cambios que se implementen deberían garantizar la mejora, como la reducción de ministros y de los juicios y la simplificación de los procesos, mejores mecanismos para la rendición de cuentas
Algunos países como Estados Unidos, en algunos casos Alemania en tribunales administrativos o laborales, y Bolivia, tienen sistemas democráticos donde efectivamente existe la elección popular de jueces, pero no en todos los casos y sin la posibilidad de buscar recursos para sus campañas, lo que podría infiltrar dinero de la delincuencia y, en consecuencia, prestarse a actos de corrupción y conflicto de interés.
Se debe tener sumo cuidado con los perfiles seleccionados para estos puestos; se deben terminar los actos que benefician a la delincuencia organizada y reforzar el ejercicio de la justicia en nuestro país, se deben establecer mecanismos que garanticen que los jueces no estén sujetos a presiones políticas o económicas, en el caso de ser electos vía popular, suena a una tarea imposible, pero necesaria. Indudablemente, esta reforma, de no mejorarse, podría generar riesgos en la imparcialidad y balance de intereses, con un daño atroz y difícilmente reversible en el porvenir de nuestro país
La otra cara de la moneda: El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que “las investigaciones siguen en curso y se tiene que cuidar la información que solicita la FGR, debido a que los juicios de Zambada García y Joaquín Guzmán López se llevarán a cabo el 9 y 30 de septiembre, respectivamente,” como se ha dicho previamente en esta columna.
Según el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a la fecha existen 10 homicidios vinculados a la detención de "El Mayo Zambada", lo que advierte que comenzó la limpia y los reacomodos dentro del grupo delincuencial.
Ovidio, Joaquín Guzmán y “el Nini” comenzarán a declararse culpables de todos los cargos como parte de su negociación con las autoridades estadounidenses, con el ánimo de reducir sus condenas y obtener mejores condiciones en su reclusión. Esto también podría dinamizar a su competencia interna y permitir el surgimiento de nuevos liderazgos. México hace lo correcto al contar con investigaciones de todo tipo para, en su momento, llevar a cabo procesos en nuestro país.