El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha creado un ambiente de represión sistemática contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Desde las protestas de 2018, el gobierno ha intensificado su control autoritario mediante tácticas de intimidación, censura y exilio forzado.
Una de las principales tácticas del gobierno es el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de los disidentes. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y muchas han sido torturadas y maltratadas. Las autoridades han empleado detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La policía, en coordinación con grupos armados pro-gubernamentales, ha sido responsable de estas detenciones y, en algunos casos, de la muerte de manifestantes y opositores.
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Los medios de comunicación independientes han sido un blanco principal del gobierno. Desde 2018, al menos 57 medios han sido cerrados y más de 200 periodistas han huido del país debido a la persecución.
Medios prominentes como Confidencial, 100% Noticias y La Prensa han sido allanados y sus bienes confiscados. La Ley de Agentes Extranjeros de 2020 ha permitido al gobierno cancelar el estatus legal de organizaciones que reciben fondos extranjeros. El miedo es una constante para los periodistas que permanecen en Nicaragua.
Muchos trabajan bajo amenazas constantes, con sus movimientos y comunicaciones vigiladas. Periodistas como Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga y Octavio Enríquez de Confidencial han adoptado medidas de seguridad extremas, como cambiar de domicilio frecuentemente y usar aplicaciones de mensajería cifrada.
El contexto de represión ha forzado a muchos a exiliarse, pero los que siguen informando desde el extranjero han desarrollado redes de apoyo y herramientas para seguir documentando los abusos del régimen. A pesar de los desafíos, los periodistas nicaragüenses han mostrado una notable capacidad de resistencia y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia.
Utilizan plataformas digitales y redes sociales para sortear la censura y mantener informada a la población. La comunidad internacional ha condenado ampliamente las acciones del gobierno de Ortega. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado extensamente las violaciones de derechos humanos.
Estas organizaciones han llamado a una acción coordinada para proteger a las víctimas y restablecer el estado de derecho en Nicaragua. La persecución también ha alcanzado a la Iglesia Católica, con sacerdotes y religiosos sometidos a vigilancia, arrestos y expulsiones.
El gobierno ha cerrado instituciones religiosas, confiscado propiedades y prohibido eventos religiosos, exacerbando el clima de miedo y represión. En este entorno hostil, los periodistas nicaragüenses continúan su labor con valentía, destacándose por su determinación de contar la verdad y denunciar las injusticias.
La lucha por la libertad de prensa en Nicaragua es un testimonio del poder de la resiliencia y el compromiso con los principios fundamentales de la libertad y la justicia.