Amigas y amigos lectores, en esta primera entrega nos referiremos a una de las problemáticas existentes por las que atraviesa nuestro país actualmente y cómo la Federación ha dejado de destinar recursos para etiquetarlo para otras acciones, dejando de un lado lo urgente.
La seguridad pública y la impartición de justicia han sido problemas graves, persistentes y continuados en México, por lo menos, desde los años 70 del siglo pasado, que se han agravado con las decisiones de política pública tomadas por los gobiernos que se han sucedido a partir del año 2000.
La seguridad pública y el imperio de la ley son funciones primigenias de los Estados. Son las responsabilidades que le dan razón de ser, porque únicamente en un marco institucional y legal es posible la convivencia civilizada y el desarrollo humano, social, económico y tecnológico. En general, la certeza de la aplicación de la norma por el ente que detenta el monopolio legítimo de la violencia en un territorio determinado es lo que sustenta, justifica y legitima la existencia del Estado.
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A pesar de ello, en México el problema persiste en gobiernos sucesivos. No ha sido suficiente para corregirlo que el régimen político cambiara a partir de 1997 ni que comenzara su normalización democrática desde ese año. Tampoco ha servido la alternancia en el poder de diferentes expresiones ideológicas contenidas en tres partidos políticos en los últimos dieciocho años.
En este marco, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción publicada en 2023 sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2022, 60.5 por ciento de la población de 18 años y más en México, considera la falta de seguridad como el problema más importante en su entorno y, por lo tanto, el que le genera más preocupación. 18 por ciento consideró al narcotráfico como el más apremiante y 19.8, la falta de castigo a los delincuentes (impunidad). Estos números son muy similares para el ejercicio fiscal anterior.
Ante la contundencia de estas cifras, es de llamar la atención que los esfuerzos de política pública de los diferentes ámbitos de gobierno no estén concentrados en la causa que da origen al Estado y en la posibilidad de imponer un marco normativo general y detentar el monopolio legítimo de la violencia. En este trabajo me centraré en lo tocante al gobierno federal desde la perspectiva presupuestaria.
Amor que no se demuestra en el presupuesto, es pura demagogia
Como dicen, amor que no se demuestra en el presupuesto, es pura demagogia. Para que una política pública sea efectiva, debe contar, entre otros elementos, con recursos asignados en función de las necesidades y población determinadas en un diagnóstico y con herramientas de medición respecto a sus resultados.
De acuerdo con información contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, en su Tomo I, en lo relativo al análisis de las funciones y subfunciones del gasto programable por destino del gasto del gobierno federal, el presupuesto destinado a los temas vinculados a la seguridad pública y la impartición de justicia se dividen de la siguiente manera:
Para la función de Justicia que contempla la impartición y procuración de justicia; reclusión y readaptación social y el fomento a los Derechos Humanos, se destinaron 131 millones 643 mil pesos en total. Mientras que para la atención de Asuntos de Orden Público y de Seguridad interior que contemplan las subfunciones de la Policía: Protección Civil: el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros asuntos, se destinaron 79 millones 994 mil pesos.
En el documento denominado “Política del Gasto del Ejecutivo Federal” que forma parte de la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, se explica que la Guardia Nacional es la “respuesta a diversas demandas de la sociedad para proporcionar seguridad a las personas y sus bienes, ante el fortalecimiento de los grupos criminales y la diversificación de las actividades delictivas”. (p.33).
Al sumar los recursos para la Guardia Nacional con el resto de los previstos en la función “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior” y de “Justicia”, en total, se prevén $211,639.4 mdp para estos asuntos de importancia estatal primigenia. Cabe destacar que el total del gasto programable del gobierno federal ascendió en 2023 a $5,958,256.60 mdp. Por consiguiente, los asuntos vinculados a la seguridad e impartición de justicia recibieron, en ese año, 3.5 por ciento del total del gasto programable del gobierno.
Queda claro con esta sencilla estadística que no se corresponde el problema más grave de política pública que percibe la mayoría de la población con el esfuerzo presupuestario para atenderlo. Por el contrario, efectuar transferencias directas en efectivo a ciertos grupos de la población es la política prioritaria para el gobierno.
Esto contrasta totalmente con el presupuesto etiquetado a los programas sociales que el Gobierno Federal se ha dedicado a repartir a lo largo de este sexenio. En esta ocasión, nos referiremos únicamente al programa de apoyos a adultos mayores al que se destinaron $335,499.4 mdp que, en el 2023, superó en 37 por ciento a toda la asignación presupuestaria para los temas que los mexicanos consideraron prioritarios en el ejercicio fiscal anterior.
Entrecomillamos la palabra “social” porque la estrategia utilizada es similar a la difundida por organismos financieros internacionales tildados de neoliberales, pues parten del supuesto de que es preferible utilizar las transferencias directas para la atención de diversos problemas, en función de que el individuo decidirá racionalmente y de mejor manera el uso de los recursos públicos que recibe.
No obstante, en función de la tasa de impunidad citada líneas arriba, queda claro que la estrategia ha fracasado ya que la situación de inseguridad y deficiencia en la impartición de justicia en México sigue siendo un problema persistente y preocupante.
La asignación presupuestaria sigue siendo insuficiente para abordar de manera efectiva los problemas que afectan directamente la seguridad que afectan a nuestro país. Mientras que los programas, aunque necesarios, reciben una proporción significativamente mayor de los recursos, evidencia de que existe un desbalance en la atención de las prioridades.
Es necesario y urgente que el gobierno federal reevalúe y ajuste sus estrategias, priorizando la seguridad pública y la justicia para restablecer la confianza de la población en las instituciones. Únicamente de esta manera, se podrá avanzar a una solución real y duradera.