La entrada en vigor de la Ley General de Víctimas (LGV) en México constituyó un paso significativo hacia la protección y garantía de los derechos de las víctimas de delito y violaciones a los derechos humanos. Esta legislación, aprobada en abril de 2012 y promulgada en enero de 2013, responde a la necesidad de atender la violencia y la desigualdad social en el país. La LGV establece un marco legal sólido que reconoce y protege los derechos de las víctimas, en el marco de las múltiples dimensiones de la victimización, desde la prevención hasta la reparación del daño, el cual no está exento de áreas de oportunidad.
Uno de los logros más destacados de la Ley es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas, que incluyen el derecho a la atención integral, la reparación del daño, la asistencia jurídica y psicológica y el acceso a la justicia. Esto representa un avance significativo en el fortalecimiento del sistema de justicia y en la protección de los derechos humanos en México. Además, la LGV promueve la prevención del delito y la atención integral a las víctimas, reconociendo la importancia de atender las causas subyacentes de la violencia y promoviendo medidas preventivas para evitar la victimización.
También establece un enfoque diferencial y especializado, reconoce la existencia de grupos de población históricamente vulnerados y establece medidas especiales para garantizar una atención diferenciada a estas poblaciones.
Te podría interesar
Además, promueve la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias del gobierno federal, estatal y municipal, así como con la sociedad civil, para garantizar una respuesta integral y efectiva a las necesidades de las víctimas.
Sin embargo, a pesar de estos logros, la entrada en vigor de la Ley y su aplicación en los últimos años también ha revelado problemas que requieren atención. Una de las principales áreas de oportunidad es la puesta en práctica efectiva de toda la esfera normativa que abarca la Ley. A pesar de contar con un marco legal sólido, la implementación efectiva de la LGV sigue siendo un desafío, especialmente debido a la falta de recursos y capacidades institucionales en algunas áreas y particularmente en Estados y Municipios. Es crucial que las autoridades trabajen en fortalecer los mecanismos de coordinación y determinación de fuentes de fondeo para lo previsto en ella y aseguren que los recursos necesarios estén disponibles para garantizar una respuesta efectiva a las necesidades de las víctimas.
Las críticas principales a la LGV están vinculadas a que no ha sido útil para garantizar una justicia transicional en México, entre otras cosas, porque este país no ha experimentado un conflicto armado interno; aunque los estragos causados por el crimen organizado y su combate no dejan de constituir un paralelismo preocupante.
Otro o importante es la coordinación y cooperación interinstitucional. Aunque la Ley establece mecanismos de coordinación, su ausencia obstaculiza y retrasa la respuesta oportuna las necesidades de las víctimas. Es fundamental que las autoridades de los tres niveles de gobierno y dentro de ellos, las del Ejecutivo, las Ministeriales y Judiciales, trabajen en fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre ellas y abran espacios de escucha para la sociedad civil a fin de procurar una respuesta integral y efectiva a las necesidades de las víctimas.
Además, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío para muchas víctimas en México. A pesar de los avances en la protección de sus derechos, muchas personas aún enfrentan barreras para acceder al sistema de justicia, como la falta de información sobre sus derechos y la burocracia en el sistema judicial. Las autoridades deben fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia y garantizar que todas las víctimas tengan acceso a los recursos legales y la asistencia jurídica que necesitan para buscar justicia y reparación.
La reparación del daño es un reto importante en muchos casos de victimización en México. Pese a los esfuerzos realizados, sigue siendo insuficiente en muchos casos, especialmente en situaciones de alguna violación grave de derechos humanos, donde la reparación integral puede requerir medidas muy específicas, no necesariamente monetarias o no limitadas a ese aspecto.
Muchos de esos problemas podrían atenderse si la LGV previera dispositivos que generen los incentivos necesarios para el cumplimiento de sus disposiciones.
Por ejemplo, un problema de operatividad que sería fácilmente solucionable es la falta de sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), el cual lleva casi diez años sin reunirse, al parecer por consideraciones de orden político. Si se retoma su agenda, es conveniente poner bajo su ámbito de acción a los demás sistemas que atienden a víctimas y convertirlos en instancias de elaboración de política pública. El SNAV podría estar conducido por la Secretaría de Gobernación o una eventual Secretaría de Justicia y contar con representantes de las víctimas.
Por otro lado, las Comisiones de Víctimas, tanto la nacional, como las de los estados, deberían ser capaces de imponer sanciones administrativas en aquellos casos en donde se incumpla la Ley por parte de los servidores públicos.
Finalmente, la LGV debería separar delitos y violaciones graves de derechos humanos del resto y priorizarlos en procesos localizados. En el estado mexicano de Coahuila se ha ensayado esta formulado y vale la pena considerarla para el ámbito nacional.
En resumen, la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas en México representa un avance significativo en la protección de los derechos de las. Sin embargo, queda trabajo por hacer para garantizar una respuesta integral y efectiva a sus necesidades. Es fundamental revisar las disposiciones de la Ley que impliquen el acatamiento de éstas por parte de los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno; asimismo, es necesario que las autoridades trabajen en fortalecer los mecanismos de su implementación, mejorar la coordinación y cooperación interinstitucional, garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, así como promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos en todas las esferas de la vida.
Sólo mediante un enfoque integral y colaborativo se podrá garantizar una respuesta efectiva a las necesidades de las víctimas y promover una sociedad más justa y equitativa para todos.