El gasto en programas sociales en México es esencial para el desarrollo y bienestar de la población. En 2024, la política social muestra una clara apuesta por la uniformidad, priorizando la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores sobre otros sectores críticos como educación, salud y seguridad.
Para el próximo año, el gasto en subsidios alcanzará 1.1 billones de pesos, un incremento del 10.7% respecto a lo aprobado en 2023. Este crecimiento está concentrado principalmente en las Pensiones de Adultos Mayores, dejando en segundo plano otros programas. Este programa contará con 465 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 871% desde 2018 y el 41.8% del total de recursos para subsidios, según el portal Números de Erario.
Este enfoque ha provocado una regresividad en la política social, ya que el carácter universal de la Pensión para Adultos Mayores distribuye recursos tanto a personas necesitadas como a las de mayores ingresos. Esto limita la capacidad de la política social para reducir la pobreza y la desigualdad. Al cierre del sexenio, el gasto en subsidios para sectores como la agricultura, ciencia y tecnología, educación, protección ambiental, cultura, salud y vivienda será considerablemente menor al observado en 2018.
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A pesar de un aumento significativo en el gasto total en subsidios, la estructura de este gasto ha cambiado drásticamente. En 2015, los subsidios se distribuían entre 184 programas, mientras que en 2024 solo habrá 72 programas. La Pensión para Adultos Mayores concentrará la mayor parte de los recursos, a diferencia de 2015, cuando los subsidios estaban más diversificados.
El gasto en subsidios por habitante será de 8,410 pesos en 2024, una mejora frente a los 6,925 pesos en 2018, pero aún por debajo de los 8,786 pesos en 2015. Para alcanzar el gasto per cápita de 2015, se necesitarían 49.7 mil millones de pesos adicionales, lo que implica duplicar el presupuesto de programas como las Becas Benito Juárez para Educación Media y Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
La proporción del gasto en subsidios respecto al gasto total también ha disminuido, pasando del 13.8% en 2015 al 12.3% en 2024. Esta reducción se explica por el aumento en pensiones contributivas y el costo financiero de la deuda en los últimos años. Para igualar la proporción de gasto en subsidios de 2015, se necesitarían 132.6 mil millones de pesos adicionales, lo que implicaría duplicar programas esenciales.
El primer antecedente de la Pensión para Adultos Mayores data de 2001 en el Distrito Federal, enfocado en personas mayores de 68 años en zonas de alta marginación. A nivel federal, comenzó en 2003, enfocado en adultos mayores de 60 años en localidades rurales de alta marginación. En 2007, el programa se acotó para localidades de hasta 2,500 habitantes, garantizando que el apoyo llegará a las personas más necesitadas.
En 2013, el programa se transformó en la Pensión para Adultos Mayores, reduciendo la edad de elegibilidad a 65 años y enfocándose en personas sin pensión contributiva. Aunque se perdió la focalización en los más pobres, se mantuvo cierta progresividad al destinarse solo a personas sin pensión contributiva. En 2019, el programa se renombró a Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se amplió su población objetivo.
En términos de equidad social, priorizar un programa universal como la Pensión para Adultos Mayores limita la capacidad de la política de subsidios para garantizar la equidad. Según el Coneval, el ingreso promedio mensual por persona proveniente de programas sociales pasó de 309.9 pesos en 2018 a 508.3 pesos en 2022, pero la progresividad de estos subsidios disminuyó. Mientras que en 2018 el decil más pobre recibía el 34.4% de sus ingresos de programas sociales, en 2022 esta proporción cayó al 27.3%.
Este enfoque ha provocado que el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional disminuya, pero la pobreza extrema se mantenga casi igual, con un aumento en el número de personas en pobreza extrema de 8.7 a 9.1 millones entre 2018 y 2022. La concentración de recursos en la Pensión para Adultos Mayores ha limitado el impacto de otros programas más progresivos.
El Gobierno actual ha priorizado la Pensión para Adultos Mayores, dejando estancados o reduciendo otros programas esenciales. De los 72 programas aprobados para 2024, solo seis tendrán incrementos significativos, mientras que muchos otros se mantendrán o reducirán en términos reales, afectando negativamente el desarrollo social en México.