Está claro, para todo el que quiso verlo, que el 2 de junio del 2024 vivimos una elección de Estado, plagada de violaciones constitucionales, además de la grosera intervención del presidente, del escandaloso uso de dinero público y, sobre todo, por una campaña ilegal de seis años.
También está claro que, violando todos los postulados constitucionales y legales, López Obrador no sólo impondrá a una presidenta espuria, sino que destruirá la división de Poderes y acabará con el Poder Judicial.
Es decir que, por capricho, de forma ilegal y con todo el peso del poder presidencial, regresaremos a los tiempos del viejo PRI autoritario, nada democrático y, sobre todo, aliado con las poderosas bandas criminales; poder fáctico que jugó un papel determinante en el fraude electoral de Estado.
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Sin embargo, y a pesar de la fatalidad que significa la muerte de la democracia mexicana, no podemos ignorar las graves violaciones a la Carta Magna, a las que acudió la pandilla de Palacio para destruir la democracia.
Vamos por partes.
Seguramente muchos recuerdan que, ante la sorpresa de propios y extraños, en la mañanera del lunes 15 de julio del 2024, López Obrador abrió la posibilidad de que su anhelada reforma judicial pudiera fracasar.
Así lo dijo: “Que la gente decida quién debe ser juez, quién debe ser magistrado y quién debe ser ministro… y si con argucias y concertacesiones y con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma, pues va a ser muy lamentable… Van a seguirse dañando a la sociedad, pero nosotros, y aquí personalizo, en mi caso, dejo constancia de que no fui cómplice de esa decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial”. (FIN DE LA CITA)
¿Qué significa la anterior advertencia del presidente mexicano? ¿Cómo debemos entender, los ciudadanos de a pie, lo que en voz del presidente parece una reforma fallida?
Lo primero que debemos saber es que, en una Constitución rígida, como la mexicana, no hay lugar para el referéndum; consulta popular entendida como: “El procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia”.
Pero, además, vale recordar que el Poder Constituyente se basó en la Constitución de 1857 para sentar las bases de la actual Carta Magna y que, en la discusión sobre consultar al pueblo, un diputado constituyente dijo lo siguiente: “Como vamos a permitir una consulta al pueblo, si no sabe lo que es una Constitución y además la mayoría del pueblo no sabe leer”.
Por eso preguntamos: ¿Hoy, cuántos mexicanos entienden lo que significa la Reforma Judicial?
Y viene a cuento porque, a querer o no, la reforma que proponen Morena y Obrador es, en realidad, un referéndum popular, una consulta prohibida por la Constitución vigente.
Pero el tema va más allá. Y es que sí analicemos la estupidez de la reforma a partir de los números, el asunto resulta de risa loca.
Por ejemplo, en la CDMX, con un padrón de poco más de siete millones de electores, cada votante recibirá la ridiculez de 580 boletas para elegir jueces federales y locales, lo que significa que en cada centro de votación existirán 580 urnas. Sí, 580 boletas y 580 urnas para elegir a jueces federales y locales.
Esa locura significa que sólo en CDMX se imprimirían y distribuirían, millones de boletas electorales, que costarían miles de millones de pesos.
¿Imaginan a un ciudadano que acude a votar y que debe cruzar 580 boletas, memorizar miles de nombres y pasar a depositar su voto en 580 urnas? ¿Imaginan la tarea descomunal de cruzar 580 boletas y localizar 580 urnas? Sí, una estupidez propia del demente de Palacio.
Además, el Artículo 16 constitucional establece el Principio de Legalidad y dice que, toda autoridad “Actuará conforme a las facultades que la ley le otorga”. Y según el artículo 89 de la Carta Magna, queda claro que Obrador carece de facultades para promover cambios al Poder Judicial y a la división de poderes.
Pero no es todo. El articulo 85 ordena: “Si antes de iniciar el periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el presidente cuyo período haya concluido y será presidente interino, el o la que haya designado el Congreso”.
Y aquí es donde el tema no sólo resulta ridículo, sino de risa loca.
¿Por qué?
Porque si el Tribunal Electoral no ha declarado válida la elección en la que habría ganó Claudia Sheimbaun --porque el Senado no proceso el nombramiento de dos magistrados faltantes--, entonces es ilegal e inconstitucional el resultado de la elección del 2 de junio del 2024.
Es decir, que el árbitro electoral no cumple los ordenamientos constitucionales para declarar la validez de esa elección presidencial.
Pero el tema es aún más complicado si vemos que en el Congreso y, sobre todo, en la Cámara de Diputados, el INE y el Tribunal Electoral han violado la Constitución al avalar una sobrerrepresentación de diputados a favor del partido oficial, Morena y de sus aliados.
¿Y eso qué significa?
Casi nada, que si Morena y sus aliados ganaron poco más del 50 Por cientos de los votos para diputados federales, una interpretación tramposa del INE y del Tribunal pretende darle al oficialismo poco más del 70 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados.
Y, por pura casualidad, esa sobrerrepresentación violenta la Constitución.
Y es que, en la pasada elección federal, Morena y sus aliados no alcanzaron los dos tercios más uno de los diputados federales. Y por eso han acudido a la “chicanada” nada constitucional de la llamada “sobre-representación”. Es decir, volver a violentar la Constitución para avalar la destrucción del Poder Judicial.
¿Así o más claro que toda es ilegal en la reforma al Poder Judicial?
Al tiempo.