El tema de la seguridad es primordial para que las actividades económicas se desenvuelvan de la mejor manera y crear desarrollo en sus diferentes ámbitos. Por esta razón, el estado mexicano y cada entidad federativa debe planear una estrategia integral para poder disminuir todos estos fenómenos multifactoriales que afectan cada área geográfica.
Hoy, en México, se requiere mano dura por parte de la autoridad responsable de la seguridad pública, la persecución del delito y de los órganos jurisdiccionales para que en forma coordinada cada una, en sus procesos y procedimientos, actúen acorde a la actualidad. Deben desempeñar su trabajo conforme a derecho para desmantelar a las bandas dedicadas al robo en sus diferentes modalidades: secuestro, extorsión, trata de blancas, etc., todas estas conductas que causan impacto en los ciudadanos, las empresas y la inversión extranjera. Ellos son quienes día a día viven estas problemáticas de las que nadie parece darse cuenta o ver.
Es necesario que se puedan crear políticas de criminalidad, mapas e índices delictivos para tener un buen diagnóstico, sin embargo, esta complejidad va más allá del estudio teórico, datos duros y métricas, ya que los diferentes tipos de lenguaje de violencia nacen por la precariedad de la calidad de vida, necesidades básicas y falta de educación -principalmente- en la clase baja y grupos vulnerables. Por desgracia, en este grupo de población se han normalizado las conductas antisociales y la falta de valores que debieran inculcarse en el seno familiar, promoviendo además la violencia intrafamiliar y niños abandonados por sus padres, quienes al llegar a la mayoría de edad se enfrentan a un mundo inhóspito, sin oportunidades, lleno de vicios, donde el lenguaje para lograr sus objetivos particulares es la violencia.
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Teniendo como ejemplo la información que se hizo viral en las redes sociales sobre una entrevista que brindó un sicario llamado “El Bart”. Este hombre que atentó contra la integridad del periodista Ciro Gómez Leyva, manifestó de forma abierta haber cometido más de 20 homicidios y que se arrepentía de no haber concluido con el encargo del homicidio. Como podemos darnos cuenta, este individuo no tiene ni idea de lo que significa el valor de la vida de un ser humano, ya que de haber logrado su cometido, estaría libre y con dinero, sin ningún remordimiento, disfrutando de la impunidad, como en los por lo menos 20 homicidios anteriores. En consecuencia, nunca se imaginó que este hecho trascendería y que gracias al blindaje del vehículo del periodista éste salvara la vida.
Esto nos lleva a un análisis más a fondo, donde surgen las interrogantes ¿cuántos sicarios andan caminando impunemente? ¿quiénes son los que contratan este tipo de delincuentes? ¿cuántas víctimas están en espera de justicia? ¿dónde está la autoridad responsable? ¿qué hace falta para acabar con esta problemática? Pareciera que la cárcel es únicamente para los pobres y los desposeídos, mas no para los delincuentes de diferentes niveles.
Nos hemos acostumbrado a que únicamente cuando se hace una denuncia mediática o se llevan a cabo bloqueos es cuando la autoridad atiende las demandas de los ciudadanos. Hasta el momento no se puede comprender que es que existen ciudadanos que sin tener un trabajo formal y un modo honesto de vivir, pueden tener bienes inmuebles, carros de lujo, etc., y además se den el lujo de no pagar impuestos, como todos los demás ciudadanos. ¿Quién les permite operar? ¿Por qué no pueden ser detenidos? ¿Por qué nadie voltea a verlos? Es una pena que tanta infraestructura en cámaras e investigación que podría aportar pruebas se vaya al archivo de asuntos olvidados. Por tal motivo es necesario levantar la voz, denunciar y exigir al estado que haga su trabajo. Hasta el momento son pocos los funcionarios que han dado resultados en el ámbito de la seguridad pública, para que esta sea efectiva y ayude a disminuir la problemática.
Por último, la reforma judicial ha sido uno de los temas más recurrentes en las últimas semanas. Se han llevado a cabo foros abiertos donde se han podido escuchar voces a favor y en contra de la reforma judicial. Si bien la mayoría de los involucrados reconocen que es necesaria, no están de acuerdo en el cómo, pero reconocen que hay un tema muy importante que no se ha mencionado y que no puede pasarse por alto: la Justicia militar y los juzgados militares,
El Tribunal Superior Militar es designado por Secretario de la Defensa Nacional, el artículo 13 de nuestra Constitución Política da el fundamento legal para la creación de los Tribunales Militares única y exclusivamente para las faltas o delitos contra la disciplina militar, sin embargo, se debería contemplar que estos jueces fueran designados por sus pares y no por el general secretario. El tema no es menor, ya que la obediencia de la disciplina militar se basa en las consecuencias de no cumplir con esas leyes y reglamentos.
Cuando quien deberá juzgar las posibles acciones de hechos con apariencia de delitos, estaríamos ante la problemática de que quien acusa es también quien designa a quien juzgará esa imputación o acusación. Por esta razón durante décadas los juzgados militares han sido el medio de coacción de los altos mandos contra sus pares o subalternos, por lo que se le conoce como justicia de mando. No olvidemos como uno de los héroes de nuestra historia, el General Felipe Ángeles, fue declarado culpable del delito de rebelión por un Consejo de Guerra extraordinario, y se le sentenció a la pena de muerte por un pelotón de fusilamiento. Este héroe, al día de hoy, sigue apareciendo en los archivos de historia del Ejército Mexicano como un condenado a muerte por un delito. Por experiencia lo digo, no olvidemos que la reforma judicial es también necesaria en los Tribunales Militares.