Qué lejos estamos de 1951 cuando los editores de los periódicos de aquel entonces y el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, instauraran un 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión para destacar la importancia y la trascendencia para la sociedad de una prensa libre e independiente fundamental en un sistema democrático que se funda en los derechos de todos sus integrantes.
Por ello, la libertad de expresión, constituido como un derecho humano se encuentra consagrado en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución.
Del mismo modo, este derecho va intrínsecamente relacionado con el derecho a la información, establecido como una garantía constitucional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto de la Constitución.
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Bajo este contexto, el derecho a la libertad de expresión e información representan los pilares que sostienen el quehacer del ejercicio del periodismo en cualquier nación que se ostente como democrática.
En este sentido, ¿qué importancia tiene el periodismo en una sociedad? De entrada, es un ejercicio profesional dedicado a la investigación del quehacer del ejercicio del poder público, del flujo de nuestra economía, de los principales aspectos relacionados con la política, la ciencia, el deporte, la sociedad y la cultura con el objetivo de presentarle a la población información verídica, oportuna, con un balance crítico y de opinión sobre estos rubros, con lo que se dota a la sociedad de información para su toma de decisiones y, lo principal, los medios coadyuvan a la construcción de ciudadanía.
Por ello, es de llamar la atención el Informe de Artículo 19, “Derechos pendientes: informe sexenal sobre la libertad de expresión e información en México” que a todas luces contrasta con las directrices de un sistema democrático de gobierno que tiene la obligación de asegurar y preservar en su conjunto y en lo individual los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, entre ellos, por supuesto, el de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En el informe de la organización Artículo 19 publicado el pasado 9 de julio, destaca los desafíos que se presentan para la libertad de expresión, tales como “… la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad”.
Los aspectos más relevantes de este informe refieren que en la presente administración “…. Se registraron 3,408 agresiones contra la prensa, equivalentes a una cada 14 horas”. Esta cifra incluye “… los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desaparecidos”.
El informe destaca que se incrementó en un 62.13% las agresiones contra la prensa respecto al periodo del sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo, Artículo 19 revela que “… el Estado mexicano, mediante sus autoridades, se mantiene como el principal agresor de la prensa con 1,559 agresiones (45.75% del total)”.
Estos y otros indicadores como los relativos a la transparencia “a modo”, el olvido de las obligaciones del Estado mexicano, la violencia contra la prensa y el control del Internet, deben ser conocidos por la población y por el gremio periodístico. La información completa de este informe: Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión e información en México.
Por lo anterior, resulta apremiante que la próxima administración reconfigure su relación con el ejercicio del periodismo para que el mismo sea un auténtico equilibrio entre el ejercicio de la función pública y la labor de los medios de comunicación que buscan, a grandes rasgos, contar los hechos más relevantes del quehacer cotidiano lo más aproximado a la verdad.
Hay que advertir que, en el próximo gobierno la actual candidata electa, Claudia Sheinbaum señaló que Rosa Icela Rodríguez, con amplia experiencia en el servicio público, estará al frente de la Secretaría de Gobernación y que con su licenciatura en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, así como su paso por la Jornada, El Universal, Televisa Radio y otros, serán fundamentales para generar canales de interlocución con la próxima administración y el periodismo con la finalidad de consagrar lo dispuesto en la Constitución para el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.