A San Luis Potosí le urgen autoridades y legisladores que pongan fin a una larga década en la que la estridente politiquería con el servicio de agua potable –exacerbada por intereses partidistas— ha ido aplazando la búsqueda de soluciones serias para los muchos problemas que acumula la zona metropolitana de la capital estatal y conurbaciones.
Las bancadas del Partido Verde, Morena y PT, además de diputados de Nueva Alianza y en tránsito a afiliarse a alguna opción oficialista, presentaron un remedo de iniciativa para desaparecer el Interapas “por ineficiente”, entregar su control a la Comisión Estatal del Agua y que ésta ponga orden en lo que haya que repartir a los municipios que hoy integran el organismo operador: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
Como asomara por ahí el artículo 115 constitucional que reserva a los municipios la administración de varios servicios, entre ellos el de agua potable, los promotores de la iniciativa salieron a minimizar el tema: que sí se puede y que la CEA tiene la autoridad para ello. Sí, claro, por ese tipo de criterios es que la Suprema Corte les anuló precisamente esta semana su decreto para aumentar penas para varios delitos muy por encima del ordenamiento federal.
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La iniciativa es un mazacote de párrafos y hasta gráficas fusiladas del estudio del Instituto mexicano de la Competitividad “¿Cuál es el costo real del agua en México?”, publicado en agosto del año pasado.
Si al menos hubieran reproducido el estudio con el objetivo original de éste, algo de más decencia tendrá la narrativa de apropiación del Interapas por desastre absoluto y tarifas excesivas. El tema es que se piratearon lo que les convino, le dieron una retorcida para que ajustara a sus fines y con eso justificar “científicamente” una serie de descalificaciones a tiro de escopeta.
La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se extingue el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento, y Servicios Conexos los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (Interapas), así se llama, expone que a 28 años de creado, es “uno de organismos operadores más ineficientes del país”.
Qué métrica emplearon para afirmar que en efecto es el Interapas “uno de los organismos operadores más ineficientes del país”, no se sabe. Esa medición no la tiene ni el documento del IMCO de donde extrajeron datos al contentillo para su alegato.
“La definición de tarifas para el suministro de agua potable en México carece de una metodología uniforme a nivel nacional. Esto se debe a que cada entidad dentro cuenta con su propia legislación relacionada con el uso del agua. La determinación y aprobación de tarifas se lleva a cabo por parte de cada estado en colaboración con los municipios correspondientes”, destaca el IMCO.
Su principal baza para pedir que el Interapas sea sometido a desguace por la CEA son las tarifas. Y del estudio sacan una verdad a medias para convertirla en mentira completa: que las tarifas de agua del Interapas están entre las más altas del país y los potosinos de la capital, Soledad y San Pedro, para vendernos la idea de que pagamos por ella como si fuera de Evian.
Sí, el estudio del IMCO hace un comparativo estatal, no municipal como pretende vender la iniciativa, y las tarifas estatales sí son caras. Y cómo no: CEA también tiene tarifas y las de las juntas de agua de Ciudad Valles y Matehuala son más altas que en San Luis. Una cosa es la tarifa estatal y otra muy distinta la del Interapas, al que el Congreso lleva varias administraciones restando irresponsablemente viabilidad financiera con tarifas irreales por razones políticas.
Basta recordar el cobro de facturas políticas, cañoneo interesado y chantaje en los que se convirtieron los intentos de las dos últimas administraciones municipales por conseguir del voluble Congreso un aumento a las tarifas. A Nava se lo negaron de plano, luego de acusarlo de encarecedor y enemigo “del pueblo”. Galindo tomó el tema por los bordes, pero igual.
Al Interapas el agua del Realito le cuesta más de lo que le tienen permitido cobrar a los usuarios domésticos. Un verdadero absurdo. El estudio del IMCO señala que “el propósito de tarifas efectivas y eficientes es la viabilidad financiera, es decir, que las entidades encargadas de la provisión de agua potable cuenten con los recursos necesarios para mantener y expandir la infraestructura y los servicios a lo largo del tiempo”.
El IMCO señala que en México “las tarifas no reflejan el costo total del suministro de agua potable. Los gastos no cubiertos por las mismas se compensan con los subsidios que otorga el Gobierno Federal”.
IMCO critica que el esquema actual del subsidio federal “ha demostrado ser ineficiente al beneficiar principalmente a los grandes usuarios”
Para cuadrar el tema de las “tarifas caras de Interapas”, los creadores de la iniciativa usaron el comparativo estatal del IMCO para el sector comercial y de servicios, y sí, ubica las tarifas mensuales por metro cúbico más altas en San Luis Potosí ($741.30) y Baja California ($597.87). Si a medir eficiencia, hay que voltear a ver a la CEA y al propio jefe del Ejecutivo estatal cuando IMCO destaca que en México, “los gobiernos estatales recaudan en promedio $603.00 per cápita por concepto del suministro de agua potable”. Esta recaudación per cápita va desde $1,763.00 en Baja California, hasta $70.00 en Oaxaca. San Luis Potosí marca con $413, por debajo del promedio.
Ni en el punto más incierto de la crisis hídrica gestionó recurso federal el gobernador. Y su municipio bastión, Soledad, se limitó a quejarse por falta de agua y gasto en pipas sin hacer nada más.
Dice el IMCO: la recaudación por el cobro por concepto de agua potable no es proporcional al gasto por el mismo concepto en algunas entidades. Existen entidades con alta recaudación, pero bajos gastos por el concepto del suministro de agua potable.
Otro tema es una tabla de inversión por estado que el documento del IMCO presenta: la inversión estatal en infraestructura para servicios de agua es una barrita testimonial que se queda muy lejos del promedio nacional.
Con la mayoría en el Congreso, es predecible que el oficialismo aplique el rodillo y saque adelante esta iniciativa, con el agandalle inconstitucional de la CEA para que parta y reparta infraestructura que le costó al municipio capitalino. La iniciativa no fija plazos, así que la CEA puede tomarse su tiempo para manosear, despedazar y sacar raja para fines del régimen.