Una tragedia, evitable de acuerdo con la normatividad que faculta y obliga a autoridades de dos niveles de gobierno, ofreció un anticipo muy jodido de lo que podemos esperar los habitantes de San Luis Potosí los próximos 36 meses.
La baranda de vidrio y balaustres de metal de una plaza comercial, en el exterior de un antro, se derrumbó y varios jóvenes cayeron a la explanada. Murieron dos en el lugar, otros quince sufrieron lesiones diversas. Lo que enseguida se desató fue un peloteo de culpas y supuestos entre Gobierno del Estado y ayuntamiento capitalino sin otro fin que “ganar” la exención de responsabilidades a fuerza de evasivas y echar sobre el contrario todo el peso político de lo ocurrido.
No es una sopa simple la que tendrá que catar la Fiscalía de doña Manuela García Cázares para adivinar de qué está hecho el potingue de acusaciones, verdades a medias y mentiras completas que le han puesto sobre la mesa, para dejar en claro responsabilidades y encaminar el caso del Rich a donde la ley, y estrictamente la ley, deba llevarlo.
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De costado, los primeros misiles llovieron sobre restauranteros y empresarios de entretenimiento nocturno con el tema de las terrazas. Cierto, el Covid nos dejó la moda de aprovechar azoteas para hacer bares y restaurantes al aire libre. A la gente le encantó el concepto y los lugares empezaron a proliferar. El problema es que se permitieron adaptaciones en antiguas fincas del centro histórico de San Luis Potosí, algunas con techos de teja y vigas de madera, escaleras muy estrechas y condiciones de seguridad muy precarias.
¿Hubo dictámenes técnicos para medir esas nuevas cargas? Dejar claro si esos techos soportan o no el tráfico de un bar, un restaurante o hasta un bailongo no fue prioridad. Menos todavía los “diseños” y materiales de los techados para las terrazas, muy distantes del estilo de las fincas donde los colocan.
Con esos antecedentes, fue fácil echar la bronca del Rich como si de un bar más con terraza se tratara. Primera precisión: no fue una terraza del Rich la que se desplomó, el bar no las tiene ni operaba en el exterior, fue un barandal de vidrio del pasillo propiamente de la plaza; una multitud de jóvenes se aglomeró en ese lugar y en las escaleras, también con barandales de vidrio y metal, en espera de poder ingresar al antro. El interior del Rich, y es posible corroborarlo en las cámaras, no estaba lleno cuando ocurrió el desplome, había mesas por ocuparse.
Tampoco era un concierto, esa es otra imprecisión de la que se ha hecho uso como arma arrojadiza. De haberlo sido, la empresa debió gestionar el correspondiente permiso de Comercio Municipal. En este tipo de eventos, una vez autorizado por Comercio, se da aviso a Protección Civil y se disponen medidas e inspectores para el desarrollo del espectáculo o promoción que convoque mucha gente.
El Rich operaba de manera regular con un cover, lo que se paga para entrar a algunos bares y discotecas. Invitaba influencers, tiktokeros, figuras del stand up y cantantes de carrera en redes sociales de cuya presencia se enteraban los jóvenes y acudían a hacerse la foto con ellos, muy rara vez a verlos cantar una o dos canciones o actuar un pequeño sketch. Crecidos por el famoseo en las redes, estos personajes operan así, una nueva forma de ingreso por “presentación”.
Para las generaciones acostumbradas a conciertos, recitales y otras formas más completas de espectáculo, es un poco extraño que los centennials abarroten un lugar sólo para que sus amigos vean en redes sociales que estuvieron con tal o cual idolillo de Tik Tok o Instagram. Ya si canta una canción, rasguea “La Chona” en el ukulele o envía un saludo en el micrófono, es un adicional no exigible. Básicamente se les invita a “dejarse ver” y así atraen a los jóvenes al lugar. Es más, no tienen ni horario de “presentación”, así que quien quiera su foto debe esperar y consumir. Así, pasaron por el Rich Drake Bell, de “Drake y Josh”, y el “Fofo” Márquez, “influencer” vinculado a proceso por tentativa de homicidio.
En esos términos estaba invitado Kevin Moreno, mejor conocido como Kevin AMF, un adolescente que canta corridos tumbados y ha tenido éxito en plataformas de streaming, un ilustre desconocido para quien no es centennial.
Los aspirantes a ingresar abarrotaron el pasillo del piso donde se encuentra el antro y las escaleras. El chequeo de la credencial del INE empezó a desesperar a algunos muchachos y algunos buscaron espacio trepados en maceteros. En previsión de que algo pudiera ocurrir con el ascensor del edificio, también acristalado, elementos de seguridad de la plaza aparecieron en la explanada de acceso al ascensor, se ven en los videos previos a la desgracia, pero no subieron a donde estaba el mayor desorden. Rebasados en el exterior del antro, entre empujones, el barandal se venció y cayeron los jóvenes dos niveles hasta la explanada.
Todavía no se disipaba el horror de esa caída, cuando nuestras autoridades ya estaban repartiendo culpas y esquivando cualquier brizna de responsabilidad que pudiera tocarles.
Gobernación y Protección Civil de Gobierno del Estado apuntaron a la Dirección de Comercio Municipal por haber permitido “sobrecupo” en el antro y no mantener la debida vigilancia al “concierto”. Comercio respondió que el Rich no gestionó ningún permiso para concierto, y en efecto no lo hizo porque propiamente no era un evento de esa naturaleza. Comercio precisó también que su jurisdicción va de la puerta del antro hacia adentro: la tragedia ocurrió en el exterior, no dentro, así que no era materia.
Luego, Protección Civil del Gobierno del Estado declaró que el lugar no tenía permisos ni avaló el barandal de vidrio. Que toda la responsabilidad era del antro y de la plaza. Emitido el 29 de junio de 2023 y sellada de recibido en la Dirección de Gobernación el 4 de julio siguiente, un oficio del encargado de Protección Civil del Estado, Mauricio Ordaz, le manifiesta al director de Gobernación de Gobierno del Estado, J. Concepción Gallardo, que el Rich, ubicado en Plaza Altus, obtuvo “Opinión Técnica Favorable” después de una inspección realizada y subsanadas todas las observaciones resultantes “respecto de la seguridad del establecimiento”.
Luego vino una embestida con los permisos de operación de Comercio, una filtración que a lo más exhibe la necesidad de una actualización a las normas municipales y estatales, para dejar simulaciones y adaptarse a nuevas formas y tendencias del negocio de entretenimiento nocturno. Por criterios gazmoños de la propia autoridad a la hora de legislar, se otorgan permisos de venta de cerveza o de alcohol “con alimentos” a supuestos “restaurantes” que apenas tienen cocina y el “alimento” se limita a feas frituras de harina y cacahuates. Ni un sándwich BLT decente pueden ofrecer pero tienen permiso para vender cerveza a cubetadas “con alimentos”.
Y para completar el cuadro, una batida muy mediatizada contra antros, algunos de ellos viejos conocidos y predecibles infractores de la ley por su ya conocida, y tolerada, propensión a violar horarios, dejar entrar menores, exceder los niveles de ruido permitidos y ser una pesadilla para los vecinos.
Por algo el dirigente de Canirac, Alejandro Espinosa, pidió que se eviten excesos en las revisiones a restaurantes y terrazas.
Con un alcalde opositor reelecto en San Luis Potosí, convertido por ello a quererlo o no en figura líder de la oposición, y un gobierno estatal que ya cantó desde ahora la empresa de mantener el proyecto más allá del 27, los potosinos vamos a tener una guerrita estúpida en cada problema sensible para la comunidad.
En los siguientes tres años, habrá intercambio de culpas, no soluciones. Habrá pretextos, no hechos. Habrá distractores, mentiras y mucho ruido para aplastar políticamente al contrario, no responsabilidades.
Qué monserga para los potosinos.