No es la primera vez que sucede. Las tendencias de las empresas encuestadoras son tan dispares que han creado un dilema de difícil solución para las elecciones presidenciales. Una de dos. O es un hecho que ganará Claudia Sheinbaum por alto margen, o habrá una gran sorpresa en el momento que se anuncien los resultados oficiales el próximo 2 de junio.
La incertidumbre en los resultados finales de cualquier elección es, sin duda, uno de los más grandes valores de la democracia moderna. La posibilidad de que cualquier candidato o candidata puede ganar la elección no es algo superficial. Por el contrario. Es una de las razones que favorecen le legitimidad de las y los gobernantes y el equilibrio de los poderes.
Por lo anterior, si las predicciones de las encuestas fueran exactas y definitivas, no habría necesidad de que el Estado y la sociedad inviertan tantos recursos en un proceso electoral. Sin embargo, la centralidad que ocupan los estudios de opinión en la agenda pública han incrementado, de manera artificiosa, la importancia que en realidad tienen.
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A pesar de las fallas que muchas empresas encuestadoras han registrado en procesos electorales anteriores, son muy pocas las que han asumido un costo por sus equivocaciones. Cierto es que el estudio de la opinión ciudadana no es una ciencia exacta, pero también lo es que existen metodologías y técnicas que permiten reducir en forma significativa los márgenes de error.
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Para tener una perspectiva más precisa del problema, la libertad de expresión —en los términos que garantiza la Constitución— no tendría por qué impedir la difusión de encuestas con un sentido propagandístico. La publicidad comercial lo hace con cierta frecuencia, muy pocas limitaciones y casi siempre sin generar reacciones negativas en los consumidores.
Lo que no se puede ni debe pasar por alto es que muchos de los estudios de opinión que se publican se han convertido en elementos sustantivos de la posverdad. Primero, por la falsedad premeditada con que son elaborados y difundidos. Luego, por los efectos emocionales que favorecen el clima de polarización que se vive en el país desde hace más de 5 años.
De lo que tampoco hay duda es que el marco jurídico vigente y los códigos de ética que tienen algunas empresas no han frenado la manipulación de los resultados en favor de gobiernos, partidos, candidat@s y aspirantes. La premeditación y alevosía de algunas empresas ya está afectando en forma irresponsable el valor de la incertidumbre.
Que quede claro: la difusión de encuestas con alteraciones premeditadas de sus resultados tienen los mismos efectos y riesgos que la publicación de noticias falsas. Y aunque la manipulación no se puede detectar con facilidad por parte de quienes no son especialistas, eso no le quita responsabilidad a quienes las elaboran y también a quienes las difunden.
En efecto, salvo excepciones, las encuestas se han convertido en fuente de información sobresaliente para todos los medios de comunicación. Sus resultados se convierten con facilidad noticias “atractivas”, de alto impacto, que venden y generan “conversación” en las redes sociales.
El nuevo paradigma está claro. Algunos presentan a las encuestas como “verdades absolutas”. Otros advierten sobre sus posibles márgenes de error, haciendo comparaciones necesarias y válidas para tratar de ser objetivos.
No obstante, todos los medios —a final de cuentas— contribuyen a hacer más grandes las disparidades, creando un ambiente de confusión que termina favoreciendo a algunos partidos y candidat@s o incrementando los niveles de indecisión y abstención en la ciudadanía.
No hay duda. Un gran número de encuestas fallarán nuevamente en este proceso electoral 2024. Lo harán porque las diferencias entre unas y otras son muy grandes. Y no sólo nos referimos a las metodologías y márgenes de error, sino a las grandes brechas que han abierto, al superar hasta en más de dos dígitos las tendencias entre el primer y segundo lugar.
Dicho de otra manera; nuestra democracia se volverá a tropezar con la misma piedra. La noche del 2 de junio descubrirá a quienes se equivocaron y a las empresas que abiertamente manipularon sus resultados. Habrá reclamos y justificaciones, como sucede en cada elección. Unos se enojarán. Otros se resignarán. Algunos de los líderes de opinión de los medios abandonarán el tema rápidamente, hasta que haya otra elección… porque la noticia principal la acaparará la próxima presidenta de México. Y las empresas que fallaron guardarán silencio o darán las mismas explicaciones de siempre.
Sin embargo, nuestro sistema electoral no puede dejar pasar las cosas como si no hubiera sucedido nada. Las sanciones son necesarias, aunque éstas sólo queden en exhibir públicamente a quienes se salieron de los códigos de ética o a quienes de plano no los tienen. Castigar sería atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Lo que se requiere es que una herramienta tan valiosa no termine dañando los valores esenciales de la democracia y la confianza de la ciudadanía.