La novedad no es la participación del crimen organizado en política y tampoco en los procesos electorales mexicanos.
No, aquí se ha documentado –de forma sistemática--, esa participación criminal en elecciones, por lo menos desde hace una década.
En realidad, lo novedoso es que el 2 de junio del 2024, el crimen organizado pudría imponer a un segundo “narco-presidente” en México, a pesar de que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, dijo que de ganar la elección “no haré ningún pacto” con el crimen organizado.
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Y es que hoy no es ningún secreto que el gobierno de López Obrador mantiene un pacto con las bandas criminales más poderosas del país, las que no solo financiaron sus repetidas campañas presidenciales, sino la construcción del Partido Morena.
Por eso, el verdadero peligro para la presidencial de junio próximo, son los gobiernos estatales en manos del partido oficial, Morena y que se hicieron del poder gracias al apoyo de los grupos criminales dominantes.
Nos referimos a gobiernos como los de Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Baja California y Baja California Sur; San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Tabasco y Chiapas, entre otros, en donde el verdadero poder es del crimen organizado, cuyos tentáculos financiaron a gobernadores y alcaldes.
Y el peligro es que hoy, esos gobernadores repetirán la fórmula de usar electoralmente al crimen, para darle la victoria al partido oficial.
Todo ello sin que autoridad electoral alguna pueda evitar la compra y coacción del voto y tampoco el secuestro de representantes de casilla, como ocurrió en las elecciones del junio del 2021, en donde el poder criminal fue el verdadero ganador de la contienda en los estados del “Corredor del Pacífico”.
Y por esto obliga preguntar: ¿Quién será capaz de evitará que en junio del 2024 no se repetirá lo ocurrido en las elecciones de 2018 y del 2021?
Lo cierto es que los ciudadanos estamos solos ya que no existe una institución capaz de impedir que las mafias criminales se metan a la elección presidencial, sea el INE, el Tribunal Electoral o los tres órdenes de gobierno.
Y para quienes dudan que desde 2018 aquí se documentó la alianza del López Obrador con las bandas criminales, pueden consultar en el Itinerario Político del 28 de marzo de 2018, titulado “El narco con AMLO”, en donde se desmenuzan los vínculos del hoy partido oficial y de AMLO con presuntos criminales como Rigoberto Salgado, de Tláhuac; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Miguel Ángel Almaraz, de Tamaulipas; Julio César Godoy Toscano, de Michoacán y Gregorio Sánchez, de Quintana Roo, por citar a los más populares.
Años después egresé al tema, con el Itinerario Político del 12 de octubre del 2020, titulado: “El crimen organizado hará el fraude en 2021”
Así lo dije: “La contienda electoral del 2021 podría ser la elección en la que participen, con mayor intensidad, los tentáculos del crimen organizado.
“Y es que hoy las bandas criminales ya son parte pública de la vida nacional; son dueños de gobiernos estatales y municipales; de puestos de elección popular en los congresos locales, en el Congreso de la Unión, y hasta son amigos del presidente y de no pocos de sus secretarios de despacho, quienes “los dejan trabajar a sus anchas” y los liberan cuando son capturados.
“Por eso obliga preguntar: ¿En cuantos municipios del país; en cuantos distritos electorales y en cuantas entidades federativas –en las que habrá elecciones–, el jefe político, el jefe real de plaza y/o “el mandamás”, es un personaje vinculado a Morena y, al mismo tiempo, al crimen organizado?
“¿Cuántos votos, en la contienda federal del 2021 –para renovar la Cámara de Diputados y 15 gobiernos estatales–, serán producto de la presión, el chantaje o la amenaza criminal? ¿En cuántos de los 300 distritos federales en disputa –de todo el país–, las bandas criminales presionarán el voto a favor de Morena? Al tiempo”. (FIN DE LA CITA)
Regresé al tema con el Itinerario político del 26 de mayo de 2021, titulado: “Las bandas criminales también votan”.
Así lo dije: “Según fuentes castrenses, todo puede pasar en las elecciones estatales de Baja California y Baja California Sur; Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora Morelos, Michoacán, Zacatecas y Veracruz, en donde se han registrado la mayoría de los hechos violentos contra políticos y candidatos; entidades en donde las bandas criminales apuestan fuerte por el control municipal, para favorecer a los candidatos de Morena.
“Es decir, que estará de vuelta la cultura de “billetazos”, “madrazos” o “balazos”. Un fraude de Estado, verdadera “narco-elección”, que será tolerado por autoridades de no pocas entidades del país. Al tiempo”. (FIN DE LA CITA)
Una vez concluida la elección intermedia del 2021, se confirmó todo lo que aquí se dijo.
Así lo expliqué en el Itinerario Político titulado: “¿Todos callarán ante “narcogobernadores?”, del 20 de junio del 2021: “Durante el gobierno de Felipe Calderón muchos se escandalizaron por el “narco-diputado” Julio César Godoy Toscano –septiembre de 2010–, al que de manera ridícula e ilegal legitimaron algunos diputados del PRD.
“Luego el escándalo llegó al Congreso de Sinaloa, cuando en abril de 2015 se descubrió a la “chapo-diputada”, Lucero Sánchez.
“Pero nunca, como hoy, se había llegado al extremo de cerrar los ojos ante los abundantes casos de presuntos “narco-gobernadores”, “narco-alcaldes” y “narco-diputados”; gran parte de ellos pertenecientes al partido Morena y muchos de los cuales son –a los ojos de todos–, “peleles” de bandas criminales que los impusieron en el cargo.
“Y es que abundan evidencias periodísticas de que las elecciones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Michoacán y Zacatecas –casi todo el Corredor del Pacífico–, en realidad fueron ganadas por el narcotráfico y, en especial, por las tres bandas criminales dominantes en el país; el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo y su remanente de Los Zetas.
“Pero el caso más escandaloso es el de Sinaloa, en donde se alzó con la mayor votación de la historia el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya quien pasará a la historia como el primer narco-gobernador.
“Y no sólo los medios locales, sino el propio candidato derrotado, Mario Zamora, denunciaron una operación masiva de compra de votos, amenazas y secuestro de candidatos y operadores políticos, antes y durante el proceso electoral del pasado 6 de junio.
“El extremo fue el llamado que realizó el derrotado Mario Zamora, la misma noche de la elección, cuando le pidió de manera pública a las bandas criminales liberar a casi un millar de operadores políticos secuestrados.
“Otro escándalo es Michoacán, en donde la elección estatal fue ganada por el candidato de Morena, por un margen mínimo, producto de la alteración electoral en tres distritos estatales, que hicieron la diferencia.
“En esos distritos el crimen organizado compró, amenazó y secuestró a funcionarios de casilla. Por miedo a represalias, en ese caso tampoco se han presentado pruebas mientras que el candidato ganador, Alfredo Ramírez Bedolla, en realidad es el segundo “narco-gobernador”.
“En San Luis Potosí la victoria correspondió a Ricardo Gallardo, motejado como “el pollo” y candidato del PVEM. Resulta que Gallardo no sólo pertenece a una familia con probados vínculos en el crimen organizado, sino que era investigado por autoridades federales sobre sus presuntos nexos criminales.
“Aquí también menudearon las denuncias sobre el imperio del código mafioso en la elección, “billetazos”, “madrazos” y “balazos”. Sin embargo, nada ocurrió. Nadie se atrevió a denunciar.
“Y a pesar de las evidentes “narco-elecciones”, hasta hoy no existe una sola sanción de autoridad electoral alguna, ya que ningún político amenazado, secuestrado e intimidado se atrevió a presentar denuncia. Al tiempo”. (FIN DE LA CITA)
Sí, la historia de las “narco-elecciones” se repetirá el 2 de junio del 2024.
Al tiempo.