En la primera entrega referimos la importancia que tendrá para el próximo órgano Legislativo federal, analizar la conveniencia de instrumentar el voto electrónico (a través de urnas electrónicas y el voto por internet) al interior de la República, de manera gradual, pero con un avance importante para lograr que la elección de 2030 podamos contar con este mecanismo que traerá consigo, entre otras ventajas, un ahorro de recursos importantes en un mediano plazo.
En esta ocasión, quiero referirme a un tema que debe ser también un rubro pendiente de analizar por el Legislativo, me refiero al método empleado para elegir a las consejerías que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de decisión.
Las consejerías del INE son mujeres y hombres que tienen la más alta responsabilidad respecto a la organización y desarrollo de los procesos electorales federales y, en coordinación con los institutos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales. Su labor requiere un alto grado de especialidad y conocimiento amplio en la materia electoral.
Te podría interesar
La Constitución dispone que la Cámara de Diputaciones deberá emitir un acuerdo para la elección de estas figuras en donde se establecerá la convocatoria pública, las etapas que las y los aspirantes deben acreditar conforme a la Ley; fechas límites y plazos, así como el proceso de designación de un Comité Técnico de Evaluación, instancia encargada de seleccionar a los mejores evaluados, y de remitir la relación respectiva al órgano de dirección política de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Sin entrar plenamente a destalle, las personas que generalmente se inscriben para concursar públicamente para ocupar una consejería han demostrado en su mayoría un currículo importante y una óptima experiencia en el campo electoral.
El proceso de revisión curricular, del cumplimiento de requisitos, de la acreditación de exámenes, la presentación de un ensayo son procesos que permiten crear un filtro de aptitudes óptimas para desempeñar el cargo, incluso de las entrevistas realizadas. El problema en mi opinión, esta en la parte final: la designación de las consejerías por parte del Legislativo federal.
El último Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que, entre otros aspectos se estableció el proceso de selección para la designación de las consejerías del INE, de febrero de 2023,estableció que es la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputaciones la que, a través de impulsar “la construcción de acuerdos”, determinará las y los consejeros que correspondan para ocupar las vacantes generadas y los propondrá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputaciones para que se lleve a cabo la votación respectiva ante el Pleno de este órgano legislativo.
Si no existiera acuerdo el procedimiento legal establece otro tipo de rutas para la designación de dichos funcionarios.
No obstante, es importante referir que, al final, las fracciones mayoritarias son quienes se reparten los espacios y es aquí en donde existe una desviación a todo el proceso construido y que hay que eliminar para que las personas designadas para las consejerías no le deban el favor a nadie en donde, hay que decirlo, varias consejeras y consejeros afortunadamente asumen su responsabilidad plenamente.
Debería pensarse una ruta que no genere acuerdos en lo oscurito, en donde prevalezca la máxima publicidad y el parlamento abierto en las designaciones finales para garantizar que las y los mejores evaluados serán quienes asuman esta gran responsabilidad.
Como sugerencia, vale la pena que el órgano legislativo pueda revisar en su oportunidad el documento elaborado por Transparencia Mexicana en 2020 denominado “Diez buenas prácticas para asegurar un proceso de designación de consejeros electorales transparente y equitativo”.
No olvidemos que nuestra democracia es nuestro mayor componente de estabilidad social y, en ella, las elecciones constituyen el ejercicio más importante de participación ciudadana, principal factor de todo sistema democrático, por el que se renueva el poder público.