En México los cambios de poderes han estado íntimamente vinculados con la violencia: el robo de urnas, la imposición de candidatos, las amenazas, presiones y hostilidades, la retención de credenciales, las “desapariciones” de boletas, el asalto a las casillas, la participación de militares y cuerpos policiacos e incluso el asesinato de candidatos. A lo largo del siglo XX estas condiciones adquirieron un carácter frecuente en los procesos electorales. Lo cual inevitablemente nos lleva a preguntarnos si en la actualidad vivimos elecciones pacíficas o si la violencia política, tan arraigada en la historia del país, se ha agravado.
Las elecciones de 1910, aquellas que llevaron por última vez al poder a Porfirio Díaz, fueron una de las múltiples causas del estallido de la lucha revolucionaria. Sin embargo, aún al finalizar ésta, las transiciones de poder estuvieron lejos de ser pacíficas y, por el contrario, se volvieron el motivo de múltiples levantamientos armados como la Rebelión de Agua Prieta, cuya conclusión fue la muerte de Venustiano Carranza y el encumbramiento del grupo sonorense liderado por Álvaro Obregón.
Sin embargo, ni la instauración de Obregón en la presidencia garantizó una sucesión exenta de conflictos. A finales de 1923, Adolfo de la Huerta encabezó un nuevo levantamiento para oponerse a la candidatura de Plutarco Elías Calles. La rebelión contó con el apoyo de una cifra significativa de elementos armados y cobró la vida de varias personalidades de la política mexicana como Felipe Carrillo Puerto, entonces gobernador de Yucatán, quien fue detenido, juzgado y sentenciado a muerte por delahuertistas.
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Más tarde, las elecciones de 1928 marcaron un parteaguas en la violencia; en primera instancia, este proceso se enmarcó en la reforma a los artículos 82 y 83 de la Constitución, los cuales posibilitaron la reelección presidencial en periodos no consecutivos y, con ello, la postulación de Obregón al poder ejecutivo por segunda ocasión. El disgusto en torno a esta cuestión acentuó la crisis política y económica que el gobierno callista enfrentaba derivada de la guerra yaqui, los conflictos con la Iglesia y la relación con Estados Unidos. Al formalizarse las intenciones presidencialistas de Obregón, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano intentaron organizar un golpe de Estado; sin embargo, no obtuvieron el apoyo esperado y fueron apresados y fusilados. Pese al evidente descontento por la reelección, Obregón ganó las elecciones en 1928, pero tan sólo unos días después fue asesinado en la Ciudad de México durante un evento en su honor.
A partir de entonces se buscó institucionalizar los comicios y aunque ello no significó que estuvieran exentos de incidentes e irregularidades al menos la violencia dejó de traducirse en levantamientos armados. Los comicios de 1940 y 1952 fueron especialmente problemáticos debido a los candidatos que abanderaron a la oposición. En el primer caso Juan Andreu Almazán y en el segundo Miguel Henríquez Guzmán, ambos militares, en cuyas campañas la presencia de revolucionarios y elementos del Ejército ocasionó la persecución de sus simpatizantes ante el temor de levantamientos armados. En ninguno de los casos ello llegó a concretarse, pese a lo cual muchos almazanistas y henriquistas fueron detenidos e incluso asesinados. Además, las votaciones estuvieron acompañadas de disturbios, manifestaciones y la intervención del Ejército y la policía, lo que conllevó el cierre de casillas. En 1940 incluso el presidente Cárdenas tuvo dificultades para acudir a votar.
En las siguientes décadas, se consolidó un sistema electoral que favoreció el control de los procesos de sucesión de poderes. No obstante, los enfrentamientos, encarcelamientos, intimidaciones, etc., continuaron siendo habituales, sobre todo en votaciones a nivel local, recrudeciéndose en aquellos lugares lejanos a las ciudades. Además, la mayoría de las veces los opositores fueron los principales receptores de la violencia electoral, por ejemplo, a lo largo de los años 90 la persecución y asesinato de militantes del PRD en contextos electorales fue una muestra de la violencia y autoritarismo del régimen.
En 1994 los conflictos electorales adquirieron una nueva dimensión. Por una parte, dicho año inició con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, lo que mermó la imagen del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ante las problemáticas derivadas de ello, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio intentó marcar una distancia con dicha administración. Sin embargo, en marzo, durante un mitin de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, Colosio recibió un disparo y murió tras ser trasladado al hospital de la región. A raíz de este suceso, las elecciones adquirieron un tinte sombrío y evidenciaron la brutalidad del sistema político mexicano.
En el siglo XXI la violencia política en México ha estado lejos de ser erradicada. En cambio ha adquirido nuevas formas e involucrado a otros actores y espacios, afectando a todos los estratos de la sociedad mexicana. Esto ha evidenciado que así como la violencia está intrínsecamente ligada a la historia del país, también lo está el anhelo por la tranquilidad y es inevitable cuestionarse si tal aspiración es alcanzable o si lamentablemente ha adquirido un tinte utópico.
Bibliografía:
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Mónica Ariadna Rodríguez*
Historiadora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se encuentra realizando la maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. Sus principales líneas de investigación son la Historia política y militar de México en el siglo XX e Historia de la Revolución.