Hace unas semanas, el empresario en comunicación Salvador Cacho de 36 años, y quien en la pandemia se destacó por impulsar un proyecto para conseguir donativos, armar despensas y repartirlas a personas que por tener que quedarse en casa no podían trabajar y por tanto padecían una situación económica muy complicada, tomó una de las decisiones probablemente más difíciles de su vida al denunciar y compartir en redes sociales su historia como sobreviviente de violencia sexual infantil aproximadamente desde los 6 hasta los 14 años, por parte de un familiar cercano como ocurre en un alto porcentaje de los casos.
De acuerdo con el doloroso testimonio de Salvador, su agresor, apenas ocho años mayor, es primo hermano de su mamá y aprovechaba los encuentros familiares para abusar de él durante casi una década y, de hecho, en los últimos años este presunto pederasta ya había cumplido la mayoría de edad. Salvador narra que incluso en alguna ocasión también participó un amigo de su tío. Gracias a la red de apoyo social, terapéutico y jurídico con la que contó, pero que tristemente no es lo más común para la mayoría de las víctimas, pudo vencer el miedo y la vergüenza –que son factores determinantes para que miles de víctimas no denuncien lo que les pasó, sobre todo tratándose de hombres–, y 20 años después logró que su victimario fuera detenido.
Sin embargo, a los pocos días fue puesto en libertad por el juez Júpiter López porque supuestamente ya no representaba un peligro para Salvador al ser adulto y únicamente prohibió que se le acercara, le retiró el pasaporte para evitar que saliera del país y le fijó una fianza de 200 mil pesos, para que unos días después decidiera no vincularlo a proceso al considerar que los delitos por los que se le acusaba habían prescrito.
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Desafortunadamente para él y en general para todas las personas que fueron víctimas años o meses atrás, la importante reforma impulsada por la senadora Josefina Vázquez y aprobada por el congreso precisamente para que los delitos relacionados con violencia sexual infantil no prescriban y puedan ser denunciados en cualquier momento sin importar los años que hayan transcurrido, no es retroactiva, lo que significa que no aplica para los delitos que se cometieron antes de que la reforma entrara en vigor.
Con razón Salvador, quien además de ser víctima de su agresor así como del estigma social ahora lo es también del sistema, se duele de haber perdido la fe en la justicia, sobre todo porque con su testimonio buscaba alentar a quienes han sufrido lo mismo que él, para que se atrevieran a alzar la voz. Hace poco, otro juez del Estado de México ordenó la libertad del presunto agresor de su sobrina de 4 años ya que, aunque parezca increíble, la pequeña no pudo decir la dirección de lugar y la hora en que fue abusada.
Para dimensionar el nivel de impunidad en estos delitos sexuales que son de los más ruines que se pueden cometer en lo moral, lo social y lo legal como bien lo señala Cacho por experiencia propia, de cada mil únicamente se denuncia el 10% y solo uno termina en sentencia condenatoria.
Otro aspecto que no debe pasarse por alto y sobre el cual la activista Saskia Niño de Rivera llama la atención, es el hecho de que un pederasta no actúa una sola vez ni en contra de una sola víctima, se trata de depredadores sexuales cuya libertad pone en riesgo a cualquier persona menor de edad con la que puedan tener contacto. En este sentido surge una pregunta obligada que, aun y cuando no se obtenga respuesta me parece que sirve para la reflexión ¿cuántas personas más habrán sido agredidas sexualmente por el tío de Salvador o de la niña de 4 años? Quizá haya quien diga que si no se ha demostrado su culpabilidad deben considerarse como inocentes y, en estricto sentido no les falta razón, pero también debemos partir de creerles a las víctimas como condición para que siquiera puedan aspirar a tener algún día acceso a la justicia.