Ha pasado apenas una semana de la desaparición y brutal asesinato de la niña Camila de tan solo ocho años en Taxco, Guerrero, así como del linchamiento –que fue ampliamente difundido– de quien presuntamente fue la secuestradora y homicida y de sus dos hijos que estremeció a la sociedad pero, como generalmente sucede, al paso de los días la atención en los espacios noticiosos, las redes sociales y en la conversación pública se ha ido diluyendo. Sin embargo, no podemos dejar que lo sucedido en Taxco caiga en el olvido, pues no se trata de un lamentable hecho aislado, sino que es un doloroso retrato de los niveles de descomposición social a los que hemos llegado ante el hartazgo, frustración, impotencia, miedo y enojo provocados por la impunidad, la corrupción y la incapacidad de las autoridades para poner freno a la violencia y proporcionar a la ciudadanía un mínimo de seguridad.
En los últimos seis años se han registrado alrededor de mil 800 linchamientos en nuestro país, y si bien cada uno de estos casos se produce en un contexto determinado, probablemente podamos encontrar un denominador común: el sentimiento de orfandad o abandono de la ciudadanía ante lo que se percibe como un vacío de autoridad o ausencia del Estado por lo que en esa lógica, la lleva al extremo de considerar que no queda más opción que aplicar la ley del talión o hacer justicia por propia mano, lo que es sumamente preocupante pues eso no es justicia. En todo caso se trataría de venganza, además de que en muchas ocasiones la ira de una comunidad se descarga contra personas que no son responsables de los hechos por meros rumores sin sustento, como fue el caso de los policías federales en Tláhuac en 2004 a quienes golpearon y prendieron fuego por confundirlos con robachicos.
En mayo de 2019, la CNDH presentó un informe especial sobre linchamientos en México definiendolos como los actos de agresión física por parte de un grupo de personas incitados por una multitud, en contra de una o más personas con el pretexto de ser supuestamente sancionadas por la colectividad por la presunta comisión de un delito en agravio de la comunidad. Se justifican en la inoperancia de la autoridad que no castiga a los culpables, por lo que deciden tomar la justicia en sus manos mediante castigos corporales sin permitirles defensa legal alguna.
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Asimismo, la CNDH señaló que “la frecuencia con que se han presentado en diversas regiones del territorio nacional, evidencia la fragilidad del Estado de Derecho, que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas. A los ojos del pai´s y del mundo se pone de manifiesto la existencia de sociedades que no so´lo muestran su falta de respeto a la ley, sino que recurren a vi´as injustas para aplicar la justicia. Nada hay que respalde o justifique esas conductas ba´rbaras en nombre de la justicia, ni au´n en aquellos casos en que se puedan regir por usos y costumbres, porque toda conducta tiene como li´mite los principios de la Constitucio´n el respeto a los derechos humanos y, de manera relevante, el respeto a la vida, la dignidad e integridad de las personas”.
Un dato muy revelador en ese informe, es que más de la mitad de la población a la que se encuestó, dice estar de acuerdo con que la justicia con mano propia a un presunto delincuente debe ser aceptada, lo que coincide con muchos comentarios en redes sociales o pláticas de café en que si bien se reconoce que no debía pasar, la situación por la que atravesamos justifica lo que hicieron los vecinos de Camila, e incluso se ha llegado lamentar que no hayan muerto los hijos de la supuesta perpetradora del crimen. Al parecer, a buena parte de la sociedad no le preocupa mucho que una turba enardecida haya propinado tal golpiza a estas personas al grado de provocarle la muerte a una de ellas ante la pasividad de la policía que solo permaneció expectante, y la tardanza de la Fiscalía de Guerrero para emitir las órdenes de aprehensión y detener a quienes se identificó como responsables de la desaparición y homicidio de una pequeña indefensa. Mientras tanto, las autoridades no asumen la responsabilidad que les toca, tratan de lavarse las manos y echar la culpa a otros, y desde luego su principal atención está en las elecciones. Esto también es indignante.