Para 2030 deben reducirse las emisiones de dióxido de carbono conforme a lo establecido en los Acuerdos de París a fin de paliar los efectos del cambio climático. Una tarea nada sencilla, y que requerirá de múltiples esfuerzos, debido a la complejidad de la problemática y a que la agenda medioambiental aún tiene múltiples pendientes en diferentes ámbitos, pero cuyo objetivo es el mismo, salvaguardar al planeta para las futuras generaciones.
A propósito del Día de la Madre Tierra, y en la víspera del segundo debate de las candidatas a la Presidencia de la República, en el que parte de los temas a discutir serán el cambio climático y el desarrollo sustentable, se presentó la Agenda socioambiental 2024, coordinada por Leticia Merino y Cecilia Navarro, en la que contribuyeron 35 autoras y autores, procedentes de distintas facultades e institutos de la UNAM, de otras instituciones de educación superior y de organizaciones civiles, y cuyas propuestas están divididas en varios rubros específicos, claves en la respuesta al cambio climático, la protección de los ecosistemas y la garantía del derecho al medio ambiente.
En el caso del agua, se planteó la urgencia de reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Agua centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento, pues la normatividad vigente ha favorecido el otorgamiento de concesiones de dotación de agua y descargas sin considerar la disponibilidad real o los impactos ecohidrológicos. Por lo que se requiere terminar con el concesionamiento del agua, reconocer los derechos de núcleos agrarios y sistemas comunitarios, priorizar el uso personal doméstico y la conservación ecológica de zonas de recarga, democratizar los distritos de riego y diseñar y aplicar una política de restauración ecohidrológica en los ríos del centro-occidente.
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México es uno de los países con mayor diversidad de flora y de fauna, sin embargo, enfrenta una crisis de pérdida de biodiversidad, causada por la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos forestales y pesqueros, la degradación de suelos y cuerpos de agua, la contaminación y otros factores, con graves consecuencias para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud humana, la vulnerabilidad a desastres o las posibilidades de adaptación al cambio climático.
Esta gran diversidad biológica permite, entre otras cosas, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y una gran variedad de recursos que son la base de la economía. Por lo que se hace un llamado urgente a su conservación y una política social equilibrada, pues donde hay mayores índices de biodiversidad, también hay altos índices de marginación.
La pérdida de hectáreas de bosques a causa de la tala ilegal es una realidad, al igual que la presencia del crimen en gran parte de los territorios forestales, las amenazas a sus pobladores y el poco presupuesto actual para el manejo sustentable de los bosques. En este rubro, se requiere restablecer, a lado de las comunidades, el estado de derecho en las regiones forestales; incrementar el presupuesto para las actividades protección y apoyo de las comunidades forestales; impulsar la economía forestal legal, combatiendo la competencia injusta de la tala ilegal y las importaciones favorecidas por la sobrevaluación del peso; desarrollar y apoyar financieramente estrategias nacionales y estatales para la prevención y combate de plagas e incendios.
Ante el auge de políticas públicas energéticas sustentadas en el uso de hidrocarburos, la transición energética debe consolidarse, centrar las bases para que el sector eléctrico sea confiable, resiliente y sustentable. Debe construirse una matriz energética mediante fuentes renovables locales, impulso a la biomasa y la generación solar distribuida, además de impulsar políticas agresivas de ahorro de energía, prohibir la obsolescencia programada, aumentar la movilidad sustentable y el transporte público y generalizar una transición agroecológica y energética para el campo.
Desde hace tres décadas, a raíz de los cambios en materia de legislación minera, se suscitaron un sinfín de conflictos socioambientales, los cuales, persisten en los territorios devastados por la megaminería, se mantienen las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, se hace minería con técnicas peligrosas como la minería a cielo abierto, los pozos de carbón y las cuevas de arrastre, y se permite el uso de aguas de laboreo para la minería. Por lo tanto, se requiere de una revisión a la legislación vigente a fin de evitar dichas prácticas y cerrar o limitar los proyectos vigentes.
En el ámbito agrícola, se urge a la necesidad de conservar la agrobiodiversidad, de la mano de los pequeños y medianos agricultores, quienes suelen evitar los monocultivos, pero carecen de sistemas de riego, acceso a mercados, asistencia técnica o créditos. De la misma manera, se requiere de una transición agroecológica hacia la sustentabilidad en la que se atiendan necesidades como el acceso al agua por parte de productores, a infraestructura, créditos, articulación con institutos tecnológicos y de investigación, mayor regulación de las grandes corporaciones transnacionales, que controlan la producción, comercialización y distribución de los principales productos agropecuarios y regula el uso de plaguicidas y de siembra de transgénicos.
El manejo de residuos continúa siendo un pendiente en la materia ya que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos no ha sido aplicada al 100 por ciento en materia de sólidos urbanos, de manejos especiales y peligrosos ni se ha logrado una adecuada implementación de las regulaciones en materia de usos de plásticos.
La lista de problemáticas abordadas por el grupo de especialistas es muy vasta por lo que las propuestas que se necesitan plantear deben ser multidisciplinarias y transversales con un enfoque de derechos humanos, no antropocéntrico y basado en evidencia científica. En este próximo debate deberían presentarse propuestas a profundidad para atender un tema prioritario para todas las personas que habitamos en este planeta y con una perspectiva a futuro y no sólo de un sexenio.