El proceso electoral del 2024 se configura como el más grande, el más complejo y el más violento en la historia de nuestra democracia.
Cada día se dan a conocer hechos lamentables de violencia contra la integridad y la vida de candidatos y líderes políticos de todos los partidos; la tensión que se vive al interior de las procesos, por las diferencias entre grupos antagónicos y los ataques externos atribuidos a grupos delictivos, ante la inacción de las autoridades, ha generado una escalada de violencia que parece no tener fin.
Las cifras reportadas cambian cada día, sobre todo durante las campañas, donde ocurre el 84% de los casos; con datos del Violentómetro, publicado por el periódico El Financiero, al mes de marzo 28 políticos han sido asesinados, de los cuales 18 aspiraban a un cargo de elección popular. Ente los más afectados destacan los aspirantes a cargos locales, el 54.8% de las víctimas aspiraban a una alcaldía y el 74% han sido de la oposición.
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En el proceso 2024, se registra un incremento de la violencia política del 24%. En un comparativo entre enero y marzo de 2021 y el presente año, el número de víctimas pasó de 34 a 74. Las entidades más comprometidas con actos de violencia política son Guerrero, Veracruz, Chiapas y Michoacán, en esta última entidad -en menos de 12 horas- ultimaron a los aspirantes a presidentes municipales de Morena y de el PAN, dejando a los electores sin opciones.
Las causas son diversas, pero bien señala el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de Mexico, que en la mayoría de los casos “el propósito es influir en el curso y en el resultado del proceso electoral”. Hay que señalar que la violencia durante las elecciones no distingue de colores y banderas políticas, con datos de Data Cívica, se registran más de 1563 hechos entre amenazas, atentados y asesinatos, de los cuales las ejecuciones corresponden a 9 de Morena, 6 del PAN, 4 del PRI, 3 de MC, 2 del PT y 1 del PVEM y PES.
El INE ha informado que, a la fecha, 107 candidatos han solicitado seguridad al Estado a través del órgano electoral. Adicionalmente, se ha dado a conocer que se implementará un programa de protección a candidatos, con base en el índice de violencia bajo, medio y alto que se estime para cada caso.
Lo cierto es que, ante la magnitud del riesgo objetivo, estas medidas parecen insuficientes e inoportunas, como acaba de evidenciarse en el caso de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, quien -el mismo día que la ejecutaron al término de un acto de campaña- informó que había solicitado protección a las autoridades.
Como se puede advertir, la violencia política amenaza el curso de proceso electoral, ante esto, no solo se debe exigir justicia para las víctimas y una investigación transparente, eficaz y con fuerza legal; también es preciso urgir a las autoridades electorales y a las instituciones de seguridad nacional, medidas de apremio, prevención y respuesta inmediata a las solicitudes recibidas.
Ante el fracaso de la estrategia de seguridad y la violencia política que lastima al país, el gobierno debe asumir su responsabilidad para garantizar la tranquilidad y el orden en el proceso electoral y proteger los derechos políticos de los ciudadanos.