En la Ciudad de México, un problema hasta ahora invisible fluye por las tuberías de miles de hogares: la contaminación del agua. Este tema, lejos de ser una novedad, se ha convertido en un serio desafío para la salud pública y un claro reflejo de la negligencia gubernamental. El derecho al agua, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y reafirmado en múltiples tratados internacionales, parece ser una promesa lejana para los habitantes de esta ciudad.
La reciente crisis de agua contaminada en la capital no es solo un fallo operativo; es una violación directa al derecho humano de tener acceso a agua suficiente, segura y aceptable. Los reportes de agua con coloración extraña, olores fétidos y contaminantes desconocidos en varias colonias de la ciudad son alarmantes. Aún más preocupante es la respuesta del gobierno local, que tardó diez días en reconocer públicamente el problema, inicialmente negando la gravedad de la situación y poniendo en riesgo la salud de millones de personas y de miles de animales. Esta irresponsabilidad no solo ha expuesto a los ciudadanos a riesgos de salud significativos, sino que también ha afectado gravemente a la fauna doméstica y urbana, cuyas condiciones de vida dependen igualmente de la calidad del agua suministrada.
Las medidas temporales, como la distribución de agua en camiones cisterna, no son soluciones a largo plazo ni garantizan la calidad del agua necesaria para un consumo seguro. Este enfoque reactivo del gobierno de la Ciudad de México destaca una falta de previsión y de inversión adecuada en infraestructura crítica.
Te podría interesar
Comparado con estándares internacionales, el manejo de esta crisis por parte del gobierno capitalino ha dejado mucho que desear. La Observación General nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales enfatiza que el acceso al agua debe ser físicamente accesible y asequible para todas las personas sin discriminación. En la Ciudad de México, sin embargo, el acceso equitativo al agua potable sigue siendo una meta que se encuentra lejos de ser alcanzada.
La contaminación del agua es más que un problema ambiental; es un indicador crítico de la vida democrática de nuestra ciudad. La transparencia, la rendición de cuentas y la urgencia deben ser los pilares de la respuesta gubernamental. La ciudadanía necesita soluciones inmediatas, así como un compromiso firme para revisar y reformar cómo se gestiona el recurso más vital de nuestra ciudad.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿Cuándo tomará el gobierno de la Ciudad de México el derecho al agua tan seriamente como lo hacen las y los capitalinos?