La Inteligencia Artificial (IA) ha ganado gran terreno en el contexto actual debido a que permite el análisis de grandes volúmenes de información con el fin de facilitar actividades que antes eran reservadas solo a los humanos. En ese sentido, la gran conquista de este sistema algorítmico se debe a su autónoma capacidad para aprender, analizar y tomar decisiones con repercusión en entornos digitales y analógicos.
El avance de las tecnologías basadas en la IA ha permitido un significativo desarrollo de la humanidad; no obstante, también se le atribuyen grandes riesgos, principalmente respecto a los datos personales pues resultan el principal insumo para el funcionamiento de estos sistemas. Derivado de ello, surge la necesidad de que el desarrollo de la IA se sujete a principios, instrumentos jurídicos de soft law o proyectos de ley para su regulación.
En este sentido, el pasado 21 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por aclamación una inédita resolución para la promoción de sistemas de IA seguros, protegidos y fiables. El proyecto fue propuesto por Estados Unidos y respaldado por más de 120 Estados miembros luego de más de tres meses de negociaciones.
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La primera resolución global destaca el paso histórico hacia el uso seguro de la IA y, al mismo tiempo, consiste en el primer instrumento adoptado por la Asamblea para regular este campo emergente. Pese a que se trata de un acuerdo no vinculante, establece límites internacionales para el desarrollo ético y sostenible de todo el ciclo de vida de los sistemas de la IA bajo los principios de dignidad, seguridad, protección de derechos humanos y libertades fundamentales.
La iniciativa es producto de la preocupación de gobiernos de todo el mundo para regular el desarrollo de la IA luego de la reciente introducción del GPT-4 de OpenAI que ha desencadenado un amplio debate global sobre los riesgos a la democracia, la privacidad y la seguridad. Otra de las inquietudes recae en el impacto de la IA en los procesos democráticos globales, sobre todo porque el presente año es decisivo para más de 60 países que serán llamados a las urnas y, lamentablemente, la inteligencia artificial tiene el potencial de socavar la integridad de los debates políticos.
La atención internacional se ha centrado en encontrar formas de regular y guiar el desarrollo de la IA para garantizar que beneficie a la sociedad en su conjunto, sin comprometer los valores democráticos y los derechos humanos. Parte de esos esfuerzos se encuentra también en la reciente aprobación, el pasado 13 de marzo, de la primera ley en el mundo para regular la IA en la Unión Europea.
En ese mismo sentido, a nivel regional, Latinoamérica también ha demostrado un importante avance en la materia a través de la adopción de instrumentos de Derecho indicativo, como las Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre IA, la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA y la Declaración de Montevideo sobre la IA y su Impacto en América Latina.