En 1996, J. P. Barlow redactó la “Declaración de Independencia del Ciberespacio”, en la que buscaba el reconocimiento de derechos en entornos digitales y solicitaba a las autoridades del Estado tradicional “[…] que nos dejéis en paz. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos”. Pero ¿qué sucede cuando el mundo digital y el físico se entrelazan tanto que los efectos de uno se sienten en el otro? ¿El Estado debe respetar dicha “soberanía” o tomar acción para proteger los derechos humanos en ambas esferas?
El 31 de enero de este año, Mark Zuckerberg –fundador de Meta– compareció en el Senado estadounidense junto con representantes de diversas plataformas: Shou Zi Chew, de TikTok; Linda Yaccarino, de X; Jason Citron, de Discord, y Evan Spiegel, de Snap.
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La sesión, titulada “Las grandes tecnológicas y la crisis de la explotación sexual infantil en línea” y convocada por el Comité Judicial de la Cámara Alta, tuvo por objetivo que dichas representaciones rindieran cuentas, señalar qué acciones implementan para salvaguardar los derechos de las personas usuarias y qué mecanismos de prevención y erradicación del delito han diseñado.
Cabe señalar que esta es la octava ocasión que Zuckerberg acude al recinto legislativo, y una de las más recordadas fue la de 2018 con motivo del caso Cambridge Analytica, en donde el empresario proporcionó información relacionada con la adquisición ilegal, por parte de la consultora, de información personal de más de 50 millones de perfiles de Facebook utilizada para fines electorales.
En esta reciente comparecencia, Zuckerberg identificó dos graves problemas para el uso seguro de Internet: la falta de responsabilidad de las personas usuarias para leer las políticas de privacidad, en donde se señala qué información personal es recabada y cuál será su finalidad; y la proliferación en Internet de discursos de odio.
Ante ello, Zuckerberg planteó diversas acciones: en primer lugar, y derivado del caso Cambridge Analytica, la revisión de más de 10 mil aplicaciones que funcionan con Facebook con el objetivo de prevenir filtraciones de información personal.
Una segunda acción consiste en la utilización de Inteligencia Artificial para diseñar herramientas que permitan combatir diversos riesgos, entre ellos los discursos de odio.
Finalmente, el empleo de más de 40 mil personas dedicadas específicamente a la seguridad en línea, así como una inversión de 20 mil millones de dólares para ello.
Las redes sociales fungen como herramientas que permiten potencializar otros derechos, como el de acceso a la información o el de libre expresión, pero también llevan consigo riesgos para los cuales debemos contar con la preparación necesaria y, sobre todo, con un marco jurídico que los atienda de manera eficaz. En este sentido, ¿podría –o debería– alguno de los poderes del Estado mexicano llamar a comparecer a las representaciones de estas empresas? A mí me gustaría verlo.